Una jueza federal estadounidense ha paralizado este domingo temporalmente la deportación de varios centenares de niños guatemaltecos. La orden ha llegado casi en el último momento, cuando un grupo de los menores ya se encontraba dentro de los aviones que iban a transportarlos de madrugada desde Texas a su país de origen. La decisión de la magistrada Sparkle Sooknanan ha llegado en respuesta a una demanda interpuesta por los abogados de los niños, que alegan que la expulsión violaría las leyes estadounidenses y pondría en peligro a menores vulnerables una vez que aterrizasen de vuelta en su patria.
La orden de la jueza, en vigor durante los próximos 14 días, es el revés más reciente que sufre la dura política migratoria de la Administración de Donald Trump. El viernes, otra magistrada federal, Jia Cobb, paralizó la ampliación de la política de expulsiones rápidas que el republicano ordenó tras su regreso al poder en enero de este año. Cobb consideró que esa ampliación corre el riesgo de deportar a personas que tienen derecho a permanecer en Estados Unidos y viola el derecho a un juicio justo consagrado por la Constitución. Horas antes, otro tribunal frenaba la eliminación del estatus de protección temporal para los venezolanos, que blindaba a cientos de miles de personas contra la deportación.
En el caso que originó la orden de la magistrada Sooknanan, los abogados habían presentado la demanda en nombre de diez niños menores de 16 años. Pero la jueza indicó que su veto, temporal en tanto los tribunales deciden si la deportación es pertinente, debe aplicarse en general a los niños guatemaltecos llegados a Estados Unidos sin sus padres o tutores y bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. “No quiero que haya ninguna ambigüedad”, ha subrayado, “no se puede expulsar a ningún niño” en tanto se examina el caso. Cerca de 2.000 niños guatemaltecos se encuentran en albergues de acogida repartidos por todo el país.
En la audiencia convocada a toda prisa, Sooknanan reveló que había recibido una llamada telefónica a las 2:32 de la mañana para notificarle que los menores estaban a punto de ser expulsados a Guatemala. “Tengo al Gobierno intentando deportar de este país a menores no acompañados en plena madrugada de un fin de semana de puente, lo que resulta sorprendente. Pero así están las cosas”, declaró. El lunes es festivo en EEUU.
La jueza también reclamó al Gobierno que aporte pruebas de que, como asegura, devuelve a los niños porque han sido reclamados por sus familiares desde Guatemala. “Eso es lo que me han dicho”, replicaba el fiscal del Departamento de Justicia Drew Ensign. Los abogados de los menores rechazan tajantemente que ese sea el caso, y alegan que, aunque lo fuera, la Administración tendría que seguir un proceso legal al que no se ha adherido. Al expulsarlos, sostienen, no se les garantizaría el derecho constitucional a un juicio justo porque no tendrían oportunidad de pedir asilo o de que se vea su situación en un tribunal de inmigración. Muchos de ellos tienen pendientes casos en esos tribunales, apuntan los letrados.
Los niños no acompañados que llegan a Estados Unidos y son interceptados cerca de la frontera quedan bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados y son trasladados a un albergue para menores o bien a una familia de acogida, en tanto un patrocinador que ya se encuentre en Estados Unidos, habitualmente un familiar, se hace cargo de ellos.
En este caso, los niños que el Gobierno intentaba deportar se encontraban acogidos en albergues, a la espera de pasar a la custodia de un patrocinador. La demanda, presentada por el Centro Nacional de Derecho Migratorio y el Centro Young para los Derechos de los Niños Inmigrantes, sostiene que la Administración los “está transfiriendo de manera ilegal a la custodia de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para mandarlos en aviones a Guatemala, donde pueden encarar abuso, persecución, tortura o negligencia”.
La demanda abordada este domingo en el tribunal federal es similar a otras planteadas en otros puntos del país, desde Arizona hasta Illinois, para bloquear las deportaciones de menores no acompañados.
Una carta enviada el viernes por el senador Ron Wyden, de Oregon, indicaba que la Administración Trump pretendía deportar a cerca de 700 menores no acompañados guatemaltecos. El Gobierno de Guatemala ha declarado que está dispuesto a admitirlos.
Los casos de los menores no acompañados son especialmente delicados dentro de la política de inmigración de la Administración Trump, pues tienen derecho a protecciones especiales que los adultos no reciben automáticamente.
En la última década, cientos de miles de niños, la mayoría procedentes de países de Centroamérica, han cruzado la frontera sur para entrar en Estados Unidos, muchos de ellos para reunirse con algún familiar o amigos. Buena parte ha obtenido el derecho a permanecer en el país, tras demostrar que bien fueron abandonados o bien corrían riesgo de persecución en sus países de origen.
