La sentencia de un tribunal federal que anula la cancelación del estatus protegido a millones de venezolanos culminó el viernes diez días de vía crucis judicial para el Gobierno de Donald Trump y su acumulación de poder en Estados Unidos. Tribunal tras tribunal ha declarado ilícitas medidas clave de su exhaustivo programa, desde los aranceles globales hasta la política migratoria, pasando por la retirada de fondos para la Universidad de Harvard. Ante las apelaciones presentadas o prometidas de la Administración, el conservador Tribunal Supremo tendrá la llave para decidir si la agenda del presidente republicano es válida y si Trump puede seguir acumulando poder. Sus decisiones tendrán consecuencias para las próximas décadas.
En la última semana, el presidente ha acumulado revés tras revés en la justicia. Y los magistrados no han escatimado comentarios críticos en sus resoluciones. Recurrir a la ley de enemigos extranjeros, del siglo XVIII y pensada para tiempos de guerra, para deportar sumariamente a inmigrantes irregulares es “ilegal”. Retener 2.200 millones de dólares (casi 1.900 millones de euros) en fondos federales a la Universidad de Harvard como medida de presión para que la institución educativa más antigua del país se pliegue a las exigencias del Gobierno en sus contrataciones de profesorado y admisión de alumnos es “un asalto de motivación ideológica”. La orden de desplegar a la Guardia Nacional en Los Ángeles, dada por Trump en junio contra las manifestaciones antiredadas, es “ilícita”.
Este último varapalo, en concreto, llegaba cuando el presidente estadounidense ya ha enviado esas tropas a la capital, Washington DC, con el argumento de eliminar la delincuencia. Y cuando amenaza con desplegar inminentemente a esas tropas en otras ciudades gobernadas por los demócratas. El presidente ha citado, en concreto, a Baltimore, Chicago y, más recientemente, a Nueva Orleans.
Este viernes, un juez federal en California concluía que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristy Noem, se arrogó unas competencias que no tenía al anular el estatus de protección temporal que el expresidente demócrata Joe Biden había concedido a centenares de miles de haitianos y venezolanos. La decisión de la antigua gobernadora de Dakota del Sur es “arbitraria” y “caprichosa”, según el juez Edward Chen, de San Francisco.
Aranceles, el mayor golpe
Esta cadena de bofetadas judiciales había comenzado una semana antes, con el puñetazo quizá más serio a los planes de Trump: un tribunal de apelaciones declaraba ilícita, por una mayoría de siete contra cuatro, la mayor parte de los aranceles que ha impuesto al resto del mundo desde su regreso a la Casa Blanca, en enero.
El presidente estadounidense ha descrito el dictamen como un “desastre” que arruinará al país si el Tribunal Supremo no le da la vuelta. Su Administración cuenta con los ingresos por esas tasas a las importaciones para cubrir sus recortes de impuestos y reducir la galopante deuda nacional, superior ya a los 37 billones de dólares, más del 120% del PIB. En su dictamen, el tribunal de apelación ha permitido que los aranceles declarados ilícitos se mantengan en pie hasta el 14 de octubre para dar tiempo a la Administración a reaccionar.
El Gobierno ya se ha apresurado a presentar, en tiempo casi récord, como había anunciado Trump que haría, una apelación ante el Supremo. Le pide, en definitiva, una decisión de urgencia con una retórica muy propia del republicano: los aranceles anulados, sostienen los abogados del Estado, “promueven la paz y una prosperidad económica sin precedentes”. Y tienen como misión “retirar a EE UU del precipicio del desastre, devolviéndole el respeto y la prominencia en el escenario mundial”.
Inmigración, educación y seguridad
En los próximos días podría llegar otra avalancha de recursos: contra las sentencias en torno a la política de deportaciones, sobre los fondos para Harvard o sobre el uso de la Guardia Nacional.
Hay otros casos que aún tendrán que dirimir los tribunales, y que son fundamentales en los intentos del presidente por acaparar poder: desde el despido de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, en una decisión que puede afectar el futuro del banco central como entidad independiente, al uso de un oscuro mecanismo para congelar fondos destinados a la ayuda exterior por un total de 4.500 millones de dólares que ya habían sido aprobados por el Congreso.
Los tribunales son la única institución que ha hecho frente hasta ahora al presidente estadounidense: el Congreso, bajo control de los republicanos en ambas Cámaras, ha evitado contrariar a un líder extremadamente popular entre sus bases y que amenaza con hacer perder el escaño a los legisladores de su bancada que le lleven la contraria.
Trump se ha mostrado desafiante ante los intentos de los tribunales de ponerle cortapisas. Su argumento es que los jueces que han decidido en su contra son activistas de la izquierda radical. Incluso el conocido como Quinto Circuito, cuyos magistrados son los responsables del dictamen contra el uso de la ley de enemigos extranjeros pero que está considerado el más conservador de todos los tribunales superiores federales. El presidente fía, así, el futuro de su agenda al Supremo.
Seis de nueve
Hasta ahora, la máxima instancia judicial estadounidense ha tendido a ponerse del lado de las tesis presidenciales, aun a costa de cierto contorsionismo legal en algunas medidas. El Supremo, que regresará de sus largas vacaciones de verano el primer lunes de octubre, es de amplia mayoría conservadora: seis de los nueve jueces lo son. Tres de ellos, de hecho, fueron nombrados por el propio Trump.
La instancia ya le ha dado la razón en casos fundamentales, en diversas ocasiones a través de órdenes de urgencia, típicamente sin firma y con unos argumentos muy esquemáticos. Antes del regreso de Trump a la Casa Blanca tras su victoria electoral en noviembre pasado, determinaron que como presidente tiene inmunidad en los actos que adopte en el ejercicio de su poder. También han estado de acuerdo, entre otras cosas, en que el presidente tiene potestad para despedir a los cargos en entidades federales independientes, con la posible excepción de la Reserva Federal.
En política económica internacional, los magistrados también han tendido a dar la razón a la Administración, reconociendo que es un área donde su experiencia y sus conocimientos son más limitados.
“Frente a la expansión más agresiva de la autoridad presidencial en la historia, los magistrados han esquivado, con solo algunas notables excepciones, enfrentarse a la Casa Blanca. Con frecuencia han respaldado las iniciativas de Trump, pero lo han hecho calladamente, en órdenes de urgencia emitidas sin firmar”, observa Michael Waldman, presidente del Centro Brennan para la Justicia, en un análisis publicado esta semana. “Ahora, estos casos, sin embargo, tendrán que argumentarse en detalle, a la brillante luz de la atención pública”.
En juego están los límites del poder presidencial, que Trump trata de expandir en todas las direcciones posibles. A expensas, entre otros, de un Congreso que, dominado por los republicanos en ambas Cámaras, parece conforme con ceder sus competencias al inquilino de la Casa Blanca. Y, con ellos, el futuro del propio sistema estadounidense, basado en la separación y equilibrio de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
“Lo que está en juego atañe al corazón del Derecho estadounidense. ¿Puede un presidente fijar aranceles de manera unilateral, una potestad que ningún otro jefe del poder ejecutivo se ha atribuido hasta ahora? ¿Puede un presidente detener y deportar unilateralmente a migrantes simplemente diciendo, sin pruebas, que son miembros de una banda delictiva que está invadiendo Estados Unidos en nombre de un Gobierno extranjero?”, continúa Brennan.
La apuesta del republicano es continuar emitiendo órdenes ejecutivas primero y ver hasta dónde le permiten llegar después. Y disputar en los juzgados todas las medidas que se decidan en su contra. Según calcula, aunque no gane todos los casos contra él, los magistrados sí le darán la razón en algunos. Y eso ampliará su poder.
El Supremo ya ha recortado drásticamente la capacidad de los tribunales inferiores para emitir órdenes que bloqueen temporalmente en todo el país medidas de la Administración que encuentren dudosas, mientras los fundamentos de los casos se dirimen en los juzgados.
“Los tribunales no van a rechazar todo lo que [la Casa Blanca] está haciendo y, al final, la Administración va a conseguir más simplemente inundando el terreno” a base de órdenes ejecutivas, declaraba en mayo un abogado cercano a la oficina presidencial a la cadena NBC.
El entorno de Trump rechaza ese extremo: “La realidad es esta: con casi una veintena de victorias en el Tribunal Supremo, esta institución jurídica ha declarado lícitas las políticas de la Administración de modo consistente, a pesar de un número sin precedentes de desafíos legales y dictámenes ilícitos de los tribunales inferiores. Y las victorias van a continuar”, ha indicado una portavoz de la Casa Blanca en un comunicado.
Las batallas comenzarán en un mes, con el regreso de los magistrados del Supremo. El mundo pendiente de ellos. Está en juego, entre otras cosas, el comercio global. “Las decisiones de los jueces en estos casos desatarán o limitarán los intentos del presidente por establecer un nuevo modelo para la economía de EE UU y la del mundo en su conjunto, y tendrá consecuencias mucho más allá después de este mandato”, sostiene Josh Lipsky, del think tank Atlantic Council.
