Continúan los reveses judiciales para Donald Trump. Un tribunal federal ha declarado ilegal este martes el despliegue de las tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles que el presidente estadounidense ordenó el pasado junio para labores de seguridad pública, precisamente cuando el mandatario amenaza con ordenar más envíos de tropas a otras ciudades demócratas.
El juez Charles Breyer considera que esa medida viola la ley que prohíbe al ejército cumplir funciones policiales, y ha prohibido que los soldados desplegados participen en patrullas, detenciones, registros o en la gestión de disturbios y multitudes. La medida, sin embargo, no entrará en vigor hasta el próximo día 12 de septiembre, para dar tiempo al Gobierno a apelar.
Según ha determinado el juez, en respuesta a una demanda interpuesta por el gobernador de California, Gavin Newsom, el uso de las tropas federales para esas funciones equivale a crear “una fuerza de policía nacional que tiene como jefe al presidente”. Eso viola la ley Posse Comitatus, firmada en 1878 y que prohíbe a las tropas desempeñar funciones de mantenimiento del orden. Esa ley se basa en la tradición estadounidense que considera la intervención militar en asuntos civiles como una amenaza contra la democracia y las libertades.
Inmediatamente después de que se conociera la decisión del juez -nombrado para su puesto por el presidente demócrata Bill Clinton, y hermano del antiguo magistrado del Tribunal Supremo Stephen Breyer-, el gobernador Newsom escribía en redes, en el estilo imitación del de Trump que le ha convertido en la cara más visible de la oposición política al presidente: “¡El pueblo californiano ha ganado una rendición de cuentas muy necesaria sobre la militarización ILEGAL de Trump de una ciudad estadounidense!”
En su dictamen, Breyer escribe: “las pruebas presentadas en el juicio establecieron que los demandados recurrieron sistemáticamente al uso de soldados armados (cuyas identidades estaban a menudo oscurecidas por el blindaje) y vehículos militares para establecer perímetros de protección y barreras al tráfico, participar en el control de multitudes y en general demostrar una presencia militar en torno a Los Ángeles. En suma, los demandados violaron la ley Posse Comitatus”.
La legislación estadounidense contiene varias excepciones a la Posse Comitatus. La más notable es la ley contra la Insurrección, de 218 años de antigüedad, que autoriza al presidente a desplegar a la Guardia Nacional en caso de rebeldía contra el Gobierno en alguno de los Estados de la Unión. Esa ley matiza que la orden presidencial debe llegar “a petición de la legislatura (del Estado afectado), o del gobernador si la legislatura no puede reunirse”, pero también concede al presidente la potestad de enviar tropas de la Guardia Nacional si lo considera necesario para combatir esa insurrección.
Trump ordenó el pasado junio el despliegue de 4.000 soldados de la Guardia Nacional y 700 infantes de Marina en Los Ángeles pese a la oposición de Newsom, para responder a las manifestaciones contra su dura política migratoria, muy en particular contra las redadas en busca de inmigrantes irregulares en esa ciudad. La Guardia Nacional fue desplegada específicamente para proteger edificios federales, incluido el centro de detención de la ciudad, donde se concentraron los manifestantes.
Desde que ordenó ese despliegue, el presidente suele jactarse de que, si no lo hubiera hecho, Los Ángeles se hubiera sumido en el caos y hoy día sería una ciudad “completamente destruida”.
Tras el despliegue de la Guardia Nacional en junio, Trump ordenó una medida similar en Washington el 11 de agosto. En el caso de la capital, el presidente argumentaba que los niveles de violencia estaban tan desbocados que era necesaria la declaración de una emergencia nacional.
Pero en Washington los niveles de violencia, según los datos oficiales, cayeron en 2024 a los niveles más bajos de los últimos años. Altos cargos demócratas, incluido el propio Newsom -convertido en la cara más visible de la oposición política a Trump- apuntan que pese a lo que sostiene el presidente, hay mayor incidencia de sucesos violentos en ciudades gobernadas por republicanos que en urbes de mayoría demócrata.
La decisión del juez Breyer llega cuando Trump amenaza con ordenar el despliegue de la Guardia Nacional en otras ciudades gobernadas por demócratas. El presidente ha mencionado en concreto Nueva York y Baltimore, y especialmente Chicago, de la que asegura que será la siguiente. El alcalde de esa ciudad, Brandon Johnson, ya ha proclamado una orden para prohibir a la Policía local colaborar con la Guardia Nacional en tareas de patrulla o con los agentes de inmigración en misiones de búsqueda y detención de extranjeros en situación irregular.
“No queremos ver tanques en nuestras calles. No queremos ver familias separadas”, declaraba Johnson el sábado. “No queremos abuelas tiradas en la trasera de furgonetas sin ningún emblema. No queremos ver a sin techo en Chicago acosados o desaparecidos por agentes federales”.
Pero Trump insiste en arremeter contra una de las ciudades más furibundamente demócratas de todo el país. “Al menos 54 personas recibieron disparos en Chicago este fin de semana. Los últimos dos fines de semana fueron similares. Chicago es la ciudad peor y más peligrosa del mundo, de lejos”, sostenía este martes en un mensaje en su red social, Truth.
“Voy a resolver el problema de la delincuencia rápido, como hice en DC. Chicago volverá a ser seguro de nuevo, y pronto”, prometía Trump en su texto.
La decisión del juez Breyer es el último revés judicial para Trump en toda una serie desde el viernes pasado. Ese día, un tribunal de apelaciones declaró ilícitos la mayor parte de los aranceles globales impuestos por Trump y que se han convertido en el pilar de su política comercial e incluso fiscal. Otro tribunal paralizó la ampliación de las deportaciones rápidas que había puesto en marcha el Gobierno republicano desde su regreso al poder en enero pasado. Y el domingo, otra jueza prohibió temporalmente la deportación de centenares de menores no acompañados guatemaltecos.
