Un tribunal federal de apelaciones dictaminó a última hora del martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invocó ilegalmente la ley de enemigos extranjeros para deportar a ciudadanos venezolanos supuestos miembros de una banda criminal. La norma, muy poco utilizada, data del siglo XVIII y permitía a la Administración republicana llevar a cabo deportaciones rápidas, como desea.
Leslie Southwick, una de las juezas del tribunal, argumentó en contra de la afirmación del Gobierno de Trump de que la banda venezolana Tren de Aragua había llevado a cabo una “incursión depredadora” en suelo estadounidense. La ley otorga al Ejecutivo amplios poderes para detener y deportar ciudadanos de naciones extranjeras hostiles, pero solo en tiempos de guerra o durante una “invasión o incursión depredadora”.
Southwick, nombrada por el expresidente republicano George W. Bush, estuvo acompañada en el tribunal por Irma Carrillo Ramírez, nombrada por el demócrata Joe Biden y que votó en el mismo sentido: negativo. El único voto favorable fue el del magistrado Andrew Oldham, nombrado por Trump.
El caso, con todo, tiene muchos visos de llegar a la Corte Suprema, donde los jueces designados por los republicanos son mayoría.
“La utilización de una ley de tiempos de guerra en tiempos de paz para regular la inmigración fue correctamente bloqueada por el tribunal”, aplaudió el abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Lee Gelernt, que representa los intereses del colectivo venezolano en el país. “Esta es una decisión de gran importancia que limita la visión de la Administración de que puede declarar una emergencia sin supervisión judicial”.
El caso fue presentado al tribunal por un grupo de presuntos miembros del Tren de Aragua detenidos en el centro de detención Bluebonnet en Anson (Texas).
El pasado 14 de marzo Trump defendió el uso de la ley, que data de 1798, para la detención y deportación rápida de miembros del Tren de Aragua, que califica de organización terrorista internacional.
La Corte Suprema dictaminó en abril que los recursos a las deportaciones bajo esta ley deben presentarse en los distritos judiciales federales en los que se encuentran los detenidos. Desde entonces, han sido varias las alegaciones remitidas a tribunales de todo el país. Ahora, la pelota volverá a estar en el tejado de la Corte Suprema, la máxima instancia judicial en EE UU.
