Tres magistrados de la Corte de Apelación del Tribunal Superior de Inglaterra han dado este viernes la razón al Gobierno de Keir Starmer, al anular la orden cautelar de desalojo del hotel de Epping en el que viven 138 solicitantes de asilo emitida por un juez el 19 de agosto. Se trata de una victoria parcial, porque la sustancia del asunto será vista en sala en octubre, pero da un alivio a Downing Street, que temía una cascada de demandas similares por parte de las autoridades locales de todo el país para deshacerse ellas también de la incómoda presencia de inmigrantes irregulares en su zona.
La orden de desalojo del juez respondió a una triquiñuela legal del Consejo de Epping, que acusa a la empresa Somani Hotels, propietaria del Hotel The Bell donde se encuentran los solicitantes de asilo, de haber incumplido la normativa de planificación urbanística al utilizar su establecimiento para un objetivo distinto al original. La decisión judicial, sin embargo, arrastró consecuencias mucho más delicadas y graves.
Después de un episodio de presunto acoso sexual a una menor, del que fue acusado uno de los residentes del hotel, decenas de vecinos, jaleados por la ultraderecha, se manifestaron frente al edificio durante varios días. Hubo altercados con la policía, violencia y casi tres decenas de arrestos.
Al incluir el juez en su decisión los disturbios generados en la zona y la alteración de la paz social como razones añadidas para ordenar el desalojo del hotel —que se había programado para el 12 de septiembre—, la consecuencia inmediata fue doble: muchos consejos locales (algunos gobernados por el Partido Laborista) anunciaron que se planteaban también acudir a los tribunales.
Y la derecha populista de Nigel Farage, junto a organizaciones ultras convocadas a través de redes sociales, animaron a salir a la calle a protestar a los vecinos de todo el país que tuvieran cerca hoteles con inmigrantes.
Los tres magistrados que han anulado este viernes la orden han sido duros con la decisión del juez, que consideran plagada de errores. En primer lugar, por no permitir al Ministerio del Interior, que tiene la obligación legal de proteger y garantizar el trato humanitario de los solicitantes de asilo, ser incluido como parte afectada en la vista judicial.
Pero, sobre todo, el tribunal reprocha al juez no haber tenido en cuenta que con su resolución podría incentivar más disturbios en la calle. “Se trata de un aspecto preocupante de su decisión”, asegura el fallo de la Corte de Apelación. “Si el estallido de protestas aumenta las posibilidades de que se dicte una orden cautelar [de desalojo], esto supone aumentar el riesgo de que sea considerado un incentivo para futuras protestas y disturbios, algunas incluso ilegales, antes otros hoteles. El juez no parece haber considerado este riesgo”, han sentenciado los magistrados.
Junto a este riesgo evidente, la corte ha reprochado al juez que no hubiera tenido en cuenta otros datos relevantes, como el hecho de que Somani Hotels había utilizado el establecimiento para alojar solicitantes de asilo hasta en tres periodos diferentes, bajo contrato con el Ministerio británico del Interior. Y que incluso había solicitado permiso a las autoridades locales—sin estar obligado legalmente a ello— para ese cambio de actividad. El consejo, han recordado los tres magistrados, no dio respuesta alguna durante un año.
Finalmente, al tener en cuenta que la sustancia del litigio (si Somani Hotes se saltó o no las normas de planificación urbanística) se debatirá en una vista judicial en octubre, en apenas cinco semanas, los magistrados reprochan al juez su falta de interés por preservar la situación actual de los 138 inmigrantes alojados en el hotel de Epping, que deberían ser dispersados, a riesgo de que finalmente la justicia diera la razón a la empresa dueña del hotel y al propio Ministerio del Interior.
Una decisión con trampa
El Gobierno de Starmer ha logrado ganar tiempo con esta decisión y evitar el caos que habría supuesto buscar alojamiento de modo acelerado para miles de inmigrantes que viven en hoteles por todo el país. Actualmente, hay 32.000 en 210 establecimientos.
Los laboristas se han comprometido a abandonar el uso de los hoteles antes de 2029, una decisión heredada de anteriores gobiernos conservadores, que privatizaron el sistema de alojamiento. Pero necesitan tiempo para hacerlo de modo ordenado.
Sin embargo, la presión populista que genera el asunto está forzando a Starmer y a su ministra del Interior a acelerar los planes y reducir drásticamente el tiempo medio necesario para resolver una solicitud de asilo, que hoy ronda un año. Hay 111.000 personas a la espera de esa resolución administrativa.
Tanto la derecha populista de Farage como el ala más radical del Partido Conservador han utilizado el revés judicial de este viernes para caldear el debate político. “El Gobierno de Starmer ha mostrado que está del lado de los inmigrantes ilegales que han irrumpido en este país”, ha escrito inmediatamente en las redes sociales Robert Jenrick, el portavoz de Justicia de los tories y una de las voces más reaccionarias de la formación.
Farage, que lleva todo el verano jaleando las protestas con un discurso claramente xenófobo, ha sido rotundo en su reacción: “Los inmigrantes ilegales tienen hoy más derechos que los ciudadanos británicos bajo el Gobierno de Starmer”, ha protestado.
El Gobierno teme que la ultraderecha vuelva a alimentar la frustración de muchos vecinos con nuevas protestas en las calles y frente a los hoteles que puedan derivar en más violencia.
