Uganda ha firmado un acuerdo con Washington para acoger a ciudadanos de terceros países que podrían no obtener asilo en Estados Unidos, pero que se resisten a regresar a sus países de origen, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores del país africano este jueves. “Este es un acuerdo temporal con condiciones que incluyen la no aceptación de personas con antecedentes penales ni de menores no acompañados”, ha declarado Vincent Bagiire Waiswa, secretario permanente del Ministerio de Exteriores ugandés, en un comunicado.
Además, Waiswa ha añadido que Kampala preferiría recibir a personas de nacionalidad africana como parte del convenio. “Ambas partes están trabajando en las modalidades detalladas sobre cómo se implementará el acuerdo”, ha afirmado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende deportar a millones de inmigrantes que entraron ilegalmente al país. Con este objetivo, su administración ha buscado aumentar las expulsiones a terceros países, incluyendo el envío de delincuentes convictos a Sudán del Sur y Eswatini.
En el en julio, cinco migrantes procedentes de Cuba, Jamaica, Vietnam, Laos y Yemen fueron enviados por Estados Unidos hacia esta pequeña nación africana.
El miércoles, un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Uganda había desmentido un informe recogido por CBS News, un medio estadounidense que afirmaba que dicho país de África Oriental había acordado acoger a personas deportadas de Estados Unidos, alegando que carecía de las instalaciones necesarias para acogerlas.
Uganda, aliado de Estados Unidos en la región, también acoge a casi dos millones de refugiados y solicitantes de asilo, en su mayoría procedentes de países de la región como la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Sudán.
Represión en Uganda
Uganda ha sido duramente cuestionada por las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las autoridades del país. En julio, el presidente de Uganda promulgó una de las leyes anti-LGTBIQ más severas del mundo según Naciones Unidas, y en virtud de la cual las personas que incurran en “homosexualidad agravada” ―que incluye a las personas “reincidentes”, que transmitan el VIH a otros o que tengan relaciones íntimas con menores o personas con diversidad funcional― serán castigadas con la pena de muerte.
Los actos sexuales entre personas del mismo sexo son sancionados con cadena perpetua y la “promoción de la homosexualidad” hasta con 20 años de cárcel.
La dura situación de los derechos humanos en Uganda ha sido advertida por las propias autoridades de Estados Unidos. En su informe de 2024 sobre la práctica de los derechos humanos en la nación africana, el Departamento de Estado ha afirmado contar con “informes creíbles” que dan cuenta de ejecuciones arbitrarias o ilegales, desapariciones, torturas y “represión transnacional contra individuos en otro país”.
Asimismo, da cuenta de reclutamiento de niños en conflictos armados, “graves restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa”, y presencia “significativa de las peores formas de trabajo infantil”. “El Gobierno no adoptó medidas ni acciones creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos”, aseguraba el Departamento de Estado en su informe.
Kampala también ha sufrido las consecuencias de la decisión de Trump de desmantelar USAID, la agencia de Estados Unidos para cooperación internacional y que obligó a las autoridades de Kampala a cerrar clínicas que permitían la atención de la población LGTBIQ a partir de un enfoque diferencial, lo que los obliga a asistir a los hospitales públicos de todo el país. Allí han sufrido de estigmatización por parte de los sectores más conservadores, lo que ha dificultado su acceso a la atención médica y el acceso a tratamientos para el VIH.
