Con más de un centenar de figuras de la oposición sentenciadas a largas penas de cárcel en los tres últimos meses, Túnez parece haber regresado a los peores años de represión política de la dictadura de Zin el Abidín Ben Alí, depuesto en 2011 en la primera revuelta popular de la Primavera Árabe. Tras la condena a 34 años de cárcel dictada a comienzos de mes contra el ex primer ministro Alí Larayedh, el acoso a la disidencia política alcanza sus máximas cotas desde que el presidente Kais Said clausuró el Parlamento en 2021 y comenzó a gobernar con sesgo autocrático.
Dirigentes políticos islamistas y laicos, funcionarios, empresarios, intelectuales o periodistas que cuestionan al mandatario han sido arrojados entre rejas o al exilio después de “ser silenciados y perseguidos”, advierte Bassam Khawaja, subdirector para el Norte de África de la ONG Human Rights Watch. Esta organización ha alertado del aumento de las detenciones “arbitrarias” y de que se ha “intensificado drásticamente la represión de la disidencia” desde que el presidente Said disolvió el Consejo General de la Magistratura en 2022, única institución que le había plantado cara, y tomó el control poder judicial mediante la destitución de decenas de jueces.
“Las autoridades tunecinas han emprendido una caza de brujas mediante la utilización abusiva del sistema judicial para reprimir el derecho a la libertad de expresión y la disidencia política”, ha advertido también Amnistía Internacional tras la ola de arrestos y procesos contra miembros de la oposición.
Al término de un proceso que se ha desarrollado prácticamente a puerta cerrada y que los encausados han seguido por videoconferencia desde la cárcel, el ex primer ministro Larayedh, de 69 años, que gobernó entre 2013 y 2014 después de haber desempeñado la cartera de Interior desde 2011, ha sido condenado junto con otros siete dirigentes vinculados al partido islamista Ennahda en el llamado caso de las redes yihadistas.
El exjefe de Gobierno fue detenido hace tres años acusado de haber facilitado la salida del país de cientos de radicales salafistas para combatir en las filas del Estado Islámico en Irak y Siria. La defensa de Larayedh ha alegado la ausencia de pruebas en su contra y ha recordado que fue precisamente él quien instó la ilegalización en 2013 del grupo yihadista tunecino Ansar al Sharia.
El partido islamista Ennahda, el más votado (40,7% en las legislativas de 2019) en el Parlamento cerrado y posteriormente disuelto por el presidente Said, ha quedado proscrito y sus máximos responsables se encuentran entre rejas. Su líder histórico, Rachid Ganuchi, de 83 años, fue sentenciado en febrero a 22 años de cárcel, que se suman a los 10 que acumulaba de dos juicios anteriores.
Hace tres semanas, 40 opositores tunecinos fueron condenados por “conspirar contra la seguridad del Estado” a penas de hasta 66 años de cárcel por un tribunal antiterrorista en un macrojuicio sin precedentes desde la dictadura de Ben Alí. Se trataba de figuras de distintas corrientes políticas con el único denominador común de haberse opuesto a la deriva autoritaria del presidente Said y buscar una alternativa democrática a su gestión autoritaria.
Traición. Colaboración con potencias extranjeras. Terrorismo. La lista de cargos contra el centenar de encausados de la oposición en los tres últimos meses es prolija y variopinta, aunque los abogados defensores y las ONG internacionales que han seguido los procesos coinciden en resaltar la ausencia de pruebas sólidas contra ciudadanos que se han limitado a criticar el ejercicio del poder.
La comentarista política y abogada Sonia Dahmani, de 56 años, cumple 18 meses de cárcel por haber ironizado el año pasado en una cadena de televisión sobre la gestión de Said en materia migratoria. El presidente había asegurado que los hasta 50.000 inmigrantes subsaharianos presentes en Túnez pretenden instalarse en lugar de seguir camino hacia Europa. “¿De qué país maravilloso hablamos?”, se preguntó en antena, mientras recordaba lo graves crisis económica que afecta al país magrebí desde la pandemia. Dahmani fue juzgada fulminantemente en virtud del decreto presidencial número 54, que castiga la “difusión de noticias falsas”.
Entre los condenados en el reciente macrojuicio a la oposición se encuentra el socialdemócrata Jayam Turki Zaragoza, de 60 años, que cuenta con pasaporte español como hijo de una exilada republicana tras la guerra civil española, quien ha sido sentenciado a 48 años de prisión. Fue acusado de conspirar con países extranjeros por haber organizado en su casa un almuerzo con cuscús, al que se invitó a dirigentes de oposición y embajadores europeos, en la que se debatió sobre una salida democrática a la crisis constitucional en Túnez generada por la clausura y disolución del Parlamento.
La Comisión Europea ha propuesto incluir a Túnez en la lista de países de “origen seguro”, es decir, considerados respetuosos con los derechos humanos y sin conflictos armados internos. De esta forma, sus ciudadanos verán limitadas las posibilidades de solicitar asilo político al llegar a las fronteras de los Estados de UE. Tras la oleada de condenas a opositores en Túnez, un portavoz de la Comisión Europea se limitó a señalar en abril que Bruselas “toma nota” de las duras sentencias dictadas, que también afectan a ciudadanos europeos “y de las controversias en torno al proceso judicial”. Las diplomacias de Francia y Alemania han expresado “preocupación” por el acoso a la disidencia política tunecina, pero en Europa nadie parece querer dar pasos en contra un país que resulta clave en el control de los flujos migratorios desde África. Los acuerdos suscritos por las autoridades tunecinas con la UE –en esencia, contener la salida de pateras a cambio de recibir ayudas económicas– han sido señalados en la Comisión como modelo a seguir por otros países de la ribera sur del Mediterráneo.
Los juicios políticos en Túnez han acorralado en pocas semanas a la oposición al presidente Said, elegido en dos ocasiones en las urnas, la última el pasado octubre sin rivales de entidad y con un 70% de abstención, y que gobierna con sesgo autocrático tras haber concentrado el poder en sus manos. Las principales acusaciones se sustentan en ocasiones la declaración de testigos protegidos cuya identidad no puede ser revelada. Las acusaciones insisten en la existencia de un “plan urdido para la conspiración interna y externa contra la seguridad del Estado”.
El presidente Said carga reiteradamente contra “las inaceptables injerencias internacionales”, mientras el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, califica los procesos de “retroceso para la justicia”.
Las condenas han venido golpear los últimos clavos sobre el ataúd de la Primavera Árabe, la ola de revueltas prodemocráticas surgida a finales de 2010, precisamente en Túnez. En el único país de la región donde pareció haber fraguado, la transición política se ve ahora irremediablemente malograda.
