La Administración de Donald Trump redobló este martes su presión sobre Harvard, con la que libra una guerra en continua escalada desde marzo, con la orden a todas las agencias federales de que cancelen los contratos que tienen con la universidad. Esa directriz supone asestarle un golpe que asciende a unos 100 millones de dólares, una cantidad asumible para el centro educativo, el más rico del mundo, que cuenta con un fondo de reserva patrimonial de 53.000 millones de dólares. Pero no es la única reducción presupuestaria a la que se enfrenta Harvard. Trump también amenaza con recortarle fondos por valor de 3.000 millones más, que se sumarían a los cerca de 3.200 millones ya congelados y a la amenaza de acabar con su estatus libre de impuestos.
La última batalla en la guerra entre el Gobierno y la institución académica más antigua y una de las más prestigiosas de Estados Unidos llega el día en el que abogados de ambos bandos tienen previsto verse las caras ante la jueza Allison D. Burrough, que el viernes pasado suspendió cautelarmente una orden de la Casa Blanca del día anterior que prohibía a la universidad admitir más estudiantes extranjeros y dejaba a los que ya están cursando sus estudios o investigando en Harvard en un limbo legal, con sus visados F-1 o J-1 revocados y dos opciones: buscarse otro lugar para continuar formándose o arriesgarse a ser deportados.
Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS son sus siglas en inglés), había comunicado por carta el jueves la rescisión del programa de intercambio. El centro educativo reaccionó a esa injerencia sin precedentes demandando al Gobierno. La cita de este martes es en un juzgado de Boston. En medio de esa disputa están atrapados unos 6.800 alumnos internacionales, un 27% del total.
La orden de acabar con los contratos federales con Harvard también llega por carta. Fechada este martes, la misiva prima el argumento de que la universidad “continúa incurriendo en discriminación racial, tanto en su proceso de admisión como en otras áreas de la vida estudiantil”. Según la Administración de Trump, el centro educativo mantiene políticas que benefician a grupos como los afroamericanos y los hispanos, frente a los blancos y los asiáticos, tanto en la selección de alumnos como de profesores.
La carta, que envía la Administración de Servicios Generales y no cita el conflicto por los estudiantes extranjeros, también repite el argumento de que el antisemitismo se ha hecho fuerte en el campus: “La constante inacción de Harvard ante el acoso y los ataques constantes y severos contra sus estudiantes han entorpecido la vida universitaria, privado a esos alumnos de las oportunidades de aprendizaje e investigación a las que tienen derecho y alarmado profundamente al público en general”. En el origen de estas acusaciones están las protestas propalestinas contra la guerra de Israel en Gaza que tomaron el curso pasado campus de todo el país, también el de Harvard.
Criterios ‘woke’
La institución ha admitido que el antisemitismo es un problema, como lo es el sentimiento antimusulmán, y su rector, Alan Garber, se comprometió el mes pasado a “hacer más por combatirlo”. Aunque la parte de la “profunda alarma del público en general” solo puede considerarse una exageración.
En la orden de la Administración de Trump también se cita el caso de la revista Harvard Law Review, otro de los frentes en la guerra entre ambos bandos. Según el Gobierno, la publicación estudiantil escoge sus temas y a los autores que los escriben atendiendo a motivaciones woke, verdadera obsesión del conservadurismo estadounidense.
El lunes, Trump publicó un mensaje en su red social en el que abundaba en una nueva de las líneas de ataque en el caso de los estudiantes extranjeros. El presidente estadounidense argumentó que, dado que Harvard cuenta con “un 31%” de alumnos internacionales (una cifra errónea), no entiende por qué solo Estados Unidos contribuye a su financiación, y no el resto de los países.
“Estoy considerando retirar 3.000 millones de dólares de subvenciones de una Harvard muy antisemita y dárselos a escuelas de negocios de todo el país. ¡Qué gran inversión sería para Estados Unidos, y tan necesaria!“, escribió Trump en otro mensaje, sin especificar de qué modo piensa hacer ese trasvase de dinero, que parece altamente probable que paren los tribunales.
Los cinco países que más alumnos aportan son, por este orden, China, Canadá, India, Corea del Sur y el Reino Unido, según datos de la universidad. Los alumnos chinos están tras otro de los argumentos de la Administración de Trump para justificar el asedio a Harvard. En un comunicado, el DHS fue tan lejos el jueves pasado como hasta acusar a la institución de “facilitar y participar” en “actividades coordinadas con el Partido Comunista Chino, incluyendo el entrenamiento de miembros de un grupo paramilitar cómplice del genocidio uigur”.
En una entrevista telefónica con este diario, Steven Levitsky, uno de los profesores más reputados de Harvard, coautor del influyente ensayo sobre el avance del autoritarismo Cómo mueren las democracias, definió el viernes pasado esas alegaciones como “un chiste, puros pretextos”.
En el corazón de la última disputa por el programa de intercambio está la petición, hecha en abril, de que Harvard comparta los datos de sus estudiantes con visado, especialmente de aquellos que hayan participado en actividades “peligrosas” o “ilegales”. En la carta enviada el jueves, Noem exigía a Harvard que facilite al DHS vídeos y audios de esos alumnos sospechosos obtenidos tanto dentro como fuera del campus. La suspensión del estatus de todo el cuerpo internacional dejaría fuera de la universidad también a un centenar de israelíes, así como a aquellos que se opusieron el curso pasado a las protestas por la brutal campaña militar de Israel en Gaza.
