Donald Trump difundió hace unos días una teoría de la conspiración según la cual su antecesor, Joe Biden, fue “ejecutado” en 2020 y fue sustituido por un robot. Aquello fue solo un retuit en Truth, su red social. Este miércoles, sin embargo, ha dado carta de naturaleza legal a otra teoría conspiranoica que lleva alimentando desde hace tiempo al ordenar oficialmente una investigación sobre el uso por parte de Biden de una máquina de firmar (autopen) que se ha utilizado durante décadas.
La absurda idea que trata de sostener Trump con la investigación de su rival político es que cualquiera del equipo de Biden que pasaba por la Casa Blanca suplantaba al presidente con la máquina de firmar y aprobaba lo que le daba la gana. La decisión muestra la obsesión enfermiza del presidente con su rival político, que le derrotó en las urnas en 2020 en unas elecciones que aún escuecen al actual inquilino de la Casa Blanca y cuyo resultado sigue sin reconocer.
Trump, el primer delincuente convicto que llega a presidente de Estados Unidos, ordena ahora a la fiscal general, Pam Bondi, que abra una investigación que servirá al vengativo republicano para intentar poner en aprietos a sus rivales políticos aunque sea sobre una teoría que no tiene ni pies ni cabeza.
“En los últimos meses, se ha hecho cada vez más evidente que los asesores del expresidente Biden abusaron del poder de las firmas presidenciales mediante el uso de un autopen para ocultar su deterioro cognitivo”, dice Trump, sin aportar el menor indicio al respecto. No se ha hecho evidente en absoluto lo que sostiene el republicano.
“Esta conspiración supone uno de los escándalos más peligrosos y preocupantes de la historia de Estados Unidos”, añade Trump, que con la palabra “conspiración” no se refiere a su teoría sino a los hechos que se inventa. “Se ocultó deliberadamente al público estadounidense quién ejercía el poder ejecutivo, mientras que la firma de Biden se utilizaba en miles de documentos para llevar a cabo cambios políticos radicales”, sostiene sin base alguna.
Potencial anulación de nombramientos
Trump ordena utilizar recursos públicos para esa investigación sin sentido, pero que puede ocultar segundas intenciones en la deriva autoritaria de su segundo mandato. El presidente podría tratar de anular nombramientos de jueces o indultos concedidos por Trump alegando que son ilegales por haberse rubricado con el bolígrafo mecánico o máquina de firmar.
La orden señala que la Casa Blanca emitió más de 1.200 documentos presidenciales, nombró 235 jueces federales y concedió más indultos y conmutaciones que cualquier otra Administración. “Si sus asesores utilizaron en secreto el bolígrafo de firma mecánica para ocultar esta incapacidad, mientras tomaban medidas ejecutivas radicales en su nombre, ello constituiría un ejercicio inconstitucional del poder de la presidencia, una circunstancia que tendría implicaciones para la legalidad y validez de numerosas medidas ejecutivas adoptadas en nombre de Biden”, dice la orden de Trump, en una frase que empieza con un tramposo condicional.
El presidente ordena una investigación exhaustiva a la fiscal general y al propio abogado de la Casa Blanca de los documentos políticos para los que se utilizó el autopen, incluyendo indultos, decretos, memorandos u otras decisiones políticas presidenciales y quién ordenó que se estampara la firma del presidente.
No solo se indagará en el uso del bolígrafo mecánico, sino también cualquier actividad destinada a ocultar deliberadamente al público información sobre la salud mental y física de Biden.
Utilizada con anterioridad
El uso de la máquina de firmar fue objeto de escrutinio durante la presidencia del republicano George W. Bush. Un dictamen oficial de 30 páginas de entonces concluyó que “el presidente no necesita realizar personalmente el acto físico de estampar su firma en un proyecto de ley que aprueba y decide firmar para que este se convierta en ley”. En su lugar, “el presidente puede firmar un proyecto de ley (…) ordenando a un subordinado que estampe la firma del presidente en dicho proyecto de ley, por ejemplo, mediante un autopen”, añadió.
Aunque el uso era frecuente en la Administración para otras resoluciones, Barack Obama se convirtió en el primer presidente en firmar una ley de esa manera en mayo de 2011, cuando firmó una prórroga de la Ley Patriota. Obama estaba en Francia en viaje oficial y, con el tiempo agotándose antes de que la ley expirara, autorizó el uso del autopen para convertirla en ley.
Mucho antes, en 1929, el fiscal general (el abogado que defiende a Estados Unidos ante el Tribunal Supremo) envió al fiscal general una guía sobre indultos. En ella se dice que “ni la Constitución ni ningún estatuto prescribe el método por el cual se ejercerá o evidenciará la clemencia ejecutiva”.
Una fijación
Trump ya publicó en su red social en marzo un mensaje cuyo lenguaje en parte aparentaba ser un acto oficial. Según decía el texto, “muchos” de los indultos de Biden “quedan por la presente declarados nulos, vacantes y sin efecto ni validez”. Trump sostenía sin ningún fundamento en su delirante mensaje que Biden no sabía que los estaba concediendo y que “las personas que sí lo sabían pueden haber cometido un delito”.
El presidente, sin embargo, rectificó más tarde y, a preguntas de los periodistas, admitió que con su mensaje no estaba anulando unos indultos que ni siquiera concretaba. “No es mi decisión”, dijo. “Eso correspondería a un tribunal. Pero yo diría que son nulos, porque estoy seguro de que Biden no tenía ni idea de que se estaba produciendo”, añadió sin explicar la razón de esa seguridad infundada.
A la portavoz de la casa Blanca, Karoline Leavitt, le preguntaron después si había alguna prueba o indicio de que algo así haya ocurrido. “Usted es periodista, debería averiguarlo”, se limitó a contestar. Ahora, Trump ordena una investigación oficial.
