El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado al Pentágono que utilice las fuerzas armadas para hacer cumplir la ley a carteles extranjeros de narcotraficantes. La orden emitida por el republicano proporciona una base oficial para emprender operaciones militares directas en territorio extranjero, y las aguas territoriales correspondientes, contra estos grupos delictivos organizados.
Trump firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono para comenzar a usar la fuerza militar contra ciertos carteles de la droga latinoamericanos que la Administración ha declarado organizaciones terroristas, informa este viernes el diario The New York Times a partir de fuentes conocedoras de la iniciativa.
La decisión de involucrar al ejército es el paso más agresivo hasta ahora en la creciente campaña del Gobierno contra los carteles y subraya la determinación de Trump de utilizar fuerzas militares para llevar a cabo lo que hasta ahora venían siendo tradicionalmente operaciones policiales a la hora de frenar el flujo de fentanilo —un tráfico responsable de la peor crisis de adicciones en décadas, y cuya amenaza justifica para la Casa Blanca los aranceles a México y Canadá— y otras drogas ilegales hacia el país. Según las fuentes anónimas en que se basa el diario, oficiales estadounidenses han comenzado a elaborar opciones sobre cómo podría perseguirse a esos grupos, de acuerdo con fuentes cercanas a las conversaciones que hablaron bajo condición de anonimato.
La Administración republicana no repara en medios para combatir el narcotráfico, incluida la recompensa de 50 millones de dólares por la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien Washington vincula con el cartel de Sinaloa y califica de “uno de los mayores narcotraficantes del mundo”. Pero ordenar a los militares que tomen medidas enérgicas contra el narcotráfico en el exterior también plantea cuestiones legales, incluida la posibilidad de que ese combate se cobrara víctimas civiles —aun sospechosos de narcotráfico— a manos de militares desplegados en terceros países. Es el Congreso el que debe autorizar un despliegue de la fuerza en el exterior, en supuestos bélicos, pero se ignora cuál podría ser la cobertura legal de operaciones más puramente policiales como la de la desarticulación de un cartel o la detención de sus miembros.
De momento, según el diario, no se han pronunciado públicamente sobre el asunto los abogados de la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado. Se ignora también si la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia ha emitido una opinión autorizada que determine las cuestiones legales.
Si se confirma la militarización de la lucha contra el narco, no sería la primera iniciativa similar. Trump ha desplegado este año a la Guardia Nacional y a tropas en la frontera suroeste para frenar el flujo de drogas y de inmigrantes, y ha ordenado redoblar los esfuerzos de vigilancia y decomiso de drogas. Cuando regresó a la Casa Blanca en enero, firmó una orden que declaraba a los cárteles de la droga organizaciones terroristas extranjeras.
El presidente ha apuntado particularmente a organizaciones venezolanas y mexicanas. En febrero, el Departamento de Estado designó al Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (conocida como MS-13) y otras bandas organizadas como organizaciones terroristas extranjeras, que constituían “una amenaza a la seguridad nacional más allá de la que plantea el crimen organizado tradicional”.
Por otra parte, según la agencia Reuters, el FBI ha pedido a los departamentos de policía local que comuniquen los nombres de personas vinculadas a los carteles de la droga y las maras al Gobierno de EE UU, para incorporarlos a la lista de vigilancia terrorista creada después del 11-S, lo que podría significar la inclusión de estadounidenses en la lista.
La agencia federal de investigación se dirigió a las fuerzas de seguridad locales el pasado 9 de mayo por medio de un correo electrónico, para pedirles que compartieran los nombres de sospechosos de vínculos con ocho grupos criminales que el presidente Trump ha declarado organizaciones terroristas extranjeras. También pidió a los cuerpos policiales que compartan información sobre familiares y conocidos de los miembros de esos grupos.
El correo, que fue obtenido por la ONG Property of the People —que aboga por la transparencia de los datos públicos— y compartido con Reuters, fue enviado a otras agencias y grupos encargados de hacer cumplir la ley, como la Asociación Nacional de Sheriffs, que confirmó haberlo recibido del FBI.
