La pena de muerte se abolió hace décadas en la jurisdicción de Washington para los casos no federales. Ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere recuperarla e imponerla a quien perpetre algún homicidio en la ciudad, como parte de su plan para acabar con la delincuencia en la capital. “Si una persona asesina a alguien en la capital, pediremos la pena de muerte”, ha anunciado durante una reunión de más de tres horas de su Gabinete, la séptima de su mandato y retransmitida íntegramente.
Según el mandatario, esta “es una medida de prevención muy fuerte”, pero ha asegurado que toda su Administración está de acuerdo. “No sé si estamos preparados para esto en este país. Pero no tenemos otra opción”, ha justificado. No está claro cómo piensa poner en marcha esa medida.
El presidente parece haber encontrado una veta de oro político en su campaña de lucha contra la delincuencia en Washington. La mayor parte de los residentes en la ciudad, de 700.000 habitantes, están en contra de las medidas de control que ha adoptado el presidente en las últimas dos semanas, y que incluyen el despliegue de miles de soldados de la Guardia Nacional en museos y paradas de metro. Pero fuera de la capital y su burbuja cosmopolita, el paso encuentra una aceptación mucho mayor. Según encuestas como la de Harvard CAPS-Harris publicada la semana pasada, el 54% de los estadounidenses (un 85% entre los republicanos y un 28% entre los demócratas) respalda la iniciativa y la considera necesaria.
Para Trump, mostrarse duro contra el crimen es una ganancia segura: los votantes estadounidenses sitúan sistemáticamente la delincuencia como una de sus grandes preocupaciones. Al tomar medidas duras, fuerza a la oposición demócrata a ponerse de su lado, o a aparecer ante los ciudadanos como débiles contra el crimen.
Trump anunció el 11 de agosto la toma del control de la seguridad en Washington, con el argumento de que la delincuencia está tan desbocada en la capital que constituye una verdadera crisis nacional. Aunque el nivel de delitos en la capital es superior a la media de Estados Unidos, se encuentra en su nivel más bajo en treinta años, según los datos oficiales. Unos datos que el republicano pone en duda, y sobre los que apunta que hará abrir una investigación.
Además de los 800 miembros de la Guardia Nacional de Washington activados originalmente, otros seis Estados de mayoría republicana (Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee) han enviado refuerzos, para superar los 2.200 soldados.
También patrullan en la ciudad la Policía Metropolitana y agentes federales del FBI, la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Según las cifras que ofrece diariamente la fiscal general, Pam Bondi, hasta este martes ya se han detenido a 1.094 personas en Washington y se han requisado 115 armas ilegales. Activistas y organizaciones han denunciado que las agencias federales aprovechan esta campaña para detener a migrantes indocumentados.
