A diferencia de otros diarios, The New York Times no publica varios editoriales cada día. Ni siquiera uno. La cadencia, salvo excepciones graves que requieran de una intervención inmediata, es semanal, y salen en las páginas de Opinión del domingo. La Junta Editorial del periódico neoyorquino firmó este fin de semana dos piezas: la que estaba prevista, sobre la “avaricia” de la familia de Donald Trump a la hora de hacer negocios a la sombra de la presidencia, y la que suponía una respuesta urgente sobre la decisión del republicano de desplegar a unos 2.000 efectivos de la Guardia Nacional, cantidad que dobló a última hora del lunes, para responder a las protestas por sus políticas migratorias en Los Ángeles. “La verdadera emergencia”, dice el artículo, “es que Trump haya mandado las tropas”.
La Guardia Nacional es un cuerpo militar compuesto por reservistas que tienen otros trabajos en la vida civil y se activan cuando la ocasión lo merece. Hay un destacamento por cada uno de los Estados y por los territorios de ultramar, así como por el Distrito de Columbia (Washington). Normalmente, se les pide saltar al ruedo ante emergencias como catástrofes naturales, incendios y otras situaciones que requieran de un refuerzo de las autoridades locales.
Es la primera vez en seis décadas que un presidente ordena ese despliegue sin una solicitud previa de ayuda del gobernador del Estado, en este caso, Gavin Newsom; entonces, el presidente era Lyndon B. Johnson y tomó la decisión para permitir a Martin Luther King y otros activistas por los derechos civiles manifestarse en Alabama.
La orden de Trump y la rapidez con la que la dio el sábado han provocado las críticas de las asociaciones de defensa de los derechos civiles y han vuelto a encender las alarmas sobre su deriva autoritaria y sus ansias por ampliar el alcance de su poder ejecutivo. También, la sospecha de que esta era la pelea que Trump ―que llama “insurrectos” o “agitadores pagados” a quienes participan en las manifestaciones, pacíficas o no― estaba esperando para reforzar su posición en el asunto migratorio, una de sus prioridades, y hacerlo, además, en un Estado inequívocamente demócrata, y con un gobernador con el que se ha enfrentado en el pasado. Alguien que es un nombre recurrente en las quinielas para ser candidato demócrata en las presidenciales de 2028.
Newsom desafió este domingo al zar antiinmigración, Tom Homan, a que mandara a la policía para detenerlo. Homan lo descartó este lunes, en un matinal informativo de la televisión. Al rato, Trump dijo a los reporteros de la Casa Blanca que esperaban la llegada de su helicóptero presidencial: “Yo sí lo haría [arrestarlo]. Newsom solo está buscando la publicidad”. La idea de un presidente de Estados Unidos pidiendo la detención de un gobernador de un Estado (y no cualquiera, sino el más poblado de la unión) también carece de precedentes.
Newsom, los editorialistas del Times, y múltiples voces críticas con Trump han comparado su decisión de desplegar la Guardia Nacional, a la que el lunes se añadió el anuncio de la puesta a disposición de 700 marines para ayudar, con “echar fuego” a los disturbios derivados de unas protestas que empezaron el viernes para oponerse a las operaciones de caza al indocumentado de las autoridades migratorias (ICE son sus siglas en inglés); continuaron el sábado; y escalaron considerablemente durante el domingo, cuando unos 200 militares desembarcaron en las calles de la segunda ciudad del país. El gobernador de California denunció en los tribunales a la Administración de Trump por esa decisión.
El pretexto de la rebelión
“El uso de unidades militares debería ser el último recurso. Este despliegue parece diseñado para agravar la situación. La policía de Los Ángeles y otros cuerpos locales tienen la situación bajo control y, lo más importante, conocen esas comunidades”, explica en un correo electrónico Rudy DeLeon, subsecretario de Defensa durante la presidencia de Bill Clinton y experto en seguridad nacional del laboratorio de análisis de Washington Center for American Progress (CAP). “El despliegue actual de la Guardia Nacional pone en riesgo deliberadamente la confianza ganada con tanto esfuerzo del público estadounidense en sus fuerzas armadas.
El profesor de Derecho de la universidad de Massachusetts Paul Collins, por su parte, se mostró este lunes en un mail “preocupado” por la sospecha de que la Administración esté agravando la situación conscientemente en un esfuerzo para “hacer que California cumpla con las prioridades migratorias de Trump”.
“Esta escalada no es un incidente aislado”, escriben en un artículo los expertos del CAP. “Debe verse en el contexto de las acciones de la Administración para usar el poder del gobierno federal para atacar y castigar a personas e instituciones que no le agradan a Trump”. El Times considera que “la decisión [de desplegar la Guardia Nacional] no se ajusta a los precedentes históricos, se basa en falsos pretextos y está provocando el mismo caos que supuestamente pretendía prevenir”.
Trump invocó un artículo raramente empleado del Código de las Fuerzas Armadas que permite poner la Guardia Nacional a las órdenes del Ejecutivo federal si “existe una rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del gobierno de Estados Unidos”. Lo hizo mediante un memorando presidencial, en el que argumenta que “las protestas o actos de violencia impiden directamente la aplicación de la ley”, y que eso equivale a una “rebelión”.
El presidente estadounidense ya advirtió cuando era candidato, en un acto electoral en Iowa, que no dudaría en mostrar mano dura en ciudades demócratas, que comparó con lugares “fuera de la ley”, y que lo haría “sin contar con los gobernadores o alcaldes”. En octubre fue más lejos, al amenazar con el uso de “militares” (y no solo de la Guardia Nacional) contra ciudadanos estadounidenses. Una de sus grandes frustraciones durante el último año de su primer mandato fue la gestión de la revuelta que siguió al asesinato a manos de un policía blanco de Minneapolis del afroamericano George Floyd, que desembocó en disturbios en decenas de ciudades.
Este lunes, Trump escribió en su red social, Truth, en otra de sus clásicas exageraciones y distorsiones de la verdad, que, si no hubiera mandado sacar a las tropas, “Los Ángeles habría quedado completamente destruida”. “Siempre haremos lo que sea necesario para mantener a nuestros ciudadanos SEGUROS, para que podamos, juntos, ¡HACER QUE AMÉRICA SEA GRANDE OTRA VEZ!“, añadió.
La última vez que la Guardia Nacional se desplegó en Los Ángeles para responder a unos disturbios en la ciudad fue en 1992, cuando, entonces sí, el gobernador pidió ayuda al presidente, George Bush padre, para aplacar la violencia desatada tras la absolución de cuatro policías blancos que dieron una brutal paliza, captada por las cámaras, al conductor afroamericano Rodney King.
Entonces, decenas de personas murieron, hubo más de 1.500 heridos y daños a la propiedad privada por valor de unos 1.000 millones de dólares. Pasaron tres días de protestas antes de que Bush tomara su decisión. En esta ocasión, Trump dio la orden antes de que cayera la noche de la segunda jornada. Hasta el momento, la escalada de violencia ―que dejó al menos 56 de detenidos el domingo, muchos de ellos, de nacionalidad mexicana, un puñado de agentes heridos de levedad y varios taxis autónomos vandalizados― está muy lejos de poder compararse con la de hace 33 años.
