El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó este viernes de urgencia una conferencia de prensa en la Casa Blanca para celebrar el trascendental fallo del Tribunal Supremo, conocido una hora antes, que limita el poder de los jueces federales para dictar resoluciones que se opongan a las decisiones ejecutivas presidenciales. Supone, dijo a los reporteros apiñados en la sala de prensa, “una victoria monumental para la Constitución, la separación de poderes y el Estado de derecho”. El republicano también prometió que su Administración seguirá “luchando” para acabar con la ciudadanía por nacimiento para los hijos de los inmigrantes en situación irregular.
Porque en ese derecho estaba el origen del caso sobre el que falló el Supremo este viernes. El alto tribunal fue requerido para que interviniera a causa de un decreto que dictó Trump en su primer día de vuelta en el Despacho Oval. Entonces, ordenó acabar con la concesión automática de la nacionalidad para los hijos, nacidos en Estados Unidos, de los indocumentados. Esa decisión suscitó tres demandas distintas, y tres tribunales federales fallaron que su aplicación era ilegal, lo que paró su entrada en vigor.
El Supremo no entró en la constitucionalidad de esa decisión ejecutiva, pero sí dijo que los jueces federales ya no tendrán, como hasta ahora, el poder de emitir una resolución con efecto en todo el país, sino que sus fallos solo serán de aplicación para los demandantes de cada caso en concreto. También dieron 30 días para la entrada parcial del decreto en disputa, un tiempo en el que se da por descontado que llegarán nuevas demandas, previsiblemente, colectivas, que hacen poco probable que la orden ejecutiva sobreviva.
En su comparecencia ante los reporteros —entre los que había un puñado de simpatizantes de Trump, como uno que sugirió, entre las risas de los que estaban tras el atril, que el Departamento de Justicia investigue a quien lo investigó cuando no era presidente—, Trump vinculó el fallo del Supremo con el avance de su agenda antiinmigración y aprovechó para desplegar una retórica xenófoba a la que tiene acostumbrada a la opinión pública estadounidense.
Dijo que la sentencia ponía en su sitio a “los jueces izquierdistas radicales” que, advirtió, “son una amenaza para la democracia” y le han tumbado “más decisiones que en todo el siglo XX”. Como consecuencia, aseguró, desde que volvió al Despacho Oval están parando su agenda, cuyos críticos acusan de coquetear con el autoritarismo. “Es un colosal abuso de poder. Quieren anular los poderes legítimos del presidente para impedir que el pueblo estadounidense disfrute de las políticas a favor de las que votó en cantidades récord”, dijo, pese a que los resultados electorales del pasado noviembre desmienten esa exageración.
“Hay mucha gente en éxtasis, celebrando [la sentencia] por todo el país”, añadió al rato, sin detallar dónde ni cómo se estaba escenificando ese júbilo.
Agradecimiento a la jueza Coney Barrett
El presidente estadounidense agradeció a la magistrada Amy Coney Barrett —una de los tres jueces conservadores que nombró él mismo durante su primer mandato— por escribir la opinión mayoritaria de seis votos contra las tres liberales. Barrett había recibido en los últimos meses críticas de los seguidores de Trump, que había mostrado en privado decepción por haberla escogido, por mostrar simpatía con posturas contrarias al ideario del presidente.
Después de Trump tomó la palabra en una conferencia de prensa en el que se escucharon preguntas la fiscal general, Pam Bondi, que celebró, alzando la voz, el fin del “poder imperial de esos jueces liberales”, y dio un dato: de las 40 veces que los magistrados federales han tomado decisiones que han limitado la aplicación de la agenda de Trump, “35 se han dado solo en cinco circunscripciones: Maryland, el Distrito de Columbia, Massachusetts, California y el Estado de Washington”. Las cinco son de mayoría demócrata.
Bondi también dio por hecho que en el nuevo curso judicial del Supremo, que está previsto que empiece en octubre, sus jueces aceptarán entrar en el fondo de la ciudadanía por nacimiento, y se mostró “confiada” en que darán la razón a la Administración de Trump.
“Este ha sido un problema de ambos partidos que ha durado cinco mandatos presidenciales… y ha terminado hoy”, afirmó la fiscal general para subrayar que lo logrado por el mandatario republicano este viernes es algo a lo que, en diferentes grados, habían aspirado predecesores en el cargo desde George Bush hijo, y eso incluye a los demócratas Barack Obama y Joe Biden.
En el tiempo de esos inquilinos de la Casa Blanca ha crecido la tendencia de los presidentes estadounidenses a aumentar su poder ejecutivo, en parte, por la esclerosis que afecta al legislativo en el Congreso, que se ha demostrado incapaz una y otra vez de promulgar leyes de calado. Ese aumento del poder ejecutivo se ha encontrado con la oposición constante de los jueces federales, que ha alcanzado su paroxismo durante la segunda Administración de Trump. El actual presidente ha encontrado su principal foco de resistencia en los tribunales.
En un mensaje en Truth, su red social, Trump escribió antes de la conferencia de prensa que la ciudadanía por nacimiento era un “fraude”, que “se pensó para los bebés de esclavos” y que “nada tiene que ver con la ESTAFA de nuestro proceso de inmigración” (las mayúsculas son suyas). El presidente estadounidense se refería al origen de esa forma de conseguir la nacionalidad, que cuenta con una tradición en Estados Unidos que se remonta a la Decimocuarta Enmienda, aprobada en 1868, tres años después de la guerra de Secesión, que acabó con la institución de la esclavitud.
Decía: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”. Se aprobó para poner fin a la interpretación del Supremo que excluía de forma permanente a los descendientes de personas esclavizadas secuestradas en África de obtener la ciudadanía de Estados Unidos únicamente por motivos de raza.
El decreto de Trump no solo afecta a los hijos de inmigrantes indocumentados. También se aplica cuando la presencia de la madre en el país sea legal, pero temporal (como, por ejemplo, como consecuencia de una visita turística o con un visado de estudiante, de trabajo o de turista), y siempre y cuando el padre no sea ciudadano estadounidense o residente legal permanente.
