El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue este lunes ―al filo de la medianoche en Washington― un paso más allá en su campaña contra la prensa con el anuncio en su red social, Truth, de una demanda contra The New York Times por valor de 15.000 millones de dólares (12.820 millones de euros) por difamación y libelo.
En un largo mensaje, habla del “gran honor” que le supone llevar a los tribunales al Times, “uno de los peores y más degenerados periódicos de la historia de nuestro país”, escribe. El presidente de Estados Unidos lo acusa de ser “prácticamente un portavoz del Partido Demócrata de Izquierda Radical, además de [ser culpable de] la mayor contribución ilegal a una campaña electoral”.
No se entiende bien, a tenor de ese mensaje, qué es lo que provoca la demanda, y, sobre todo, por qué llega ahora. “Colocaron su apoyo a la candidatura de Kamala Harris [en las pasadas elecciones] en el centro de la primera plana, ¡algo inaudito hasta ahora!”. En Estados Unidos existe desde hace décadas una costumbre según la cual los medios optan por uno u otro aspirante a la presidencia con la idea de dar argumentos a sus lectores para escoger. Esa tradición se la saltaron en la última campaña diarios como The Washington Post, que sufrió una considerable merma de suscriptores por ello, y Los Angeles Times.
El apoyo del Times a Harris lo firmaba la Junta Editorial, un grupo de periodistas separado de la Redacción de noticias, y llevó por título “La única opción patriótica para la presidencia”. Empezaba así: “Es difícil imaginar un candidato más indigno que Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos. Ha demostrado ser moralmente inepto para un cargo que exige a quien lo ocupa anteponer el bien de la nación a sus propios intereses. Ha demostrado ser temperamentalmente incapaz para un trabajo que requiere precisamente las cualidades —sabiduría, honestidad, empatía, valentía, moderación, humildad y disciplina— de las que más carece”.
Se publicó el 30 de septiembre de 2024, así que todo indica que Trump se ha guardado la afrenta durante casi un año. Parece poco probable que la demanda prospere en los tribunales, entre otras cosas, porque el libelo es un delito muy difícil de probar en Estados Unidos: el demandante tendría que demostrar que el medio de comunicación publicó este o aquel artículo a sabiendas de que lo que estaba publicando es falso. Caso distinto es que el Tribunal Supremo acabe dando la razón a Trump.
Un precedente histórico
Se da la circunstancia de que el diario neoyorquino ya protagonizó un caso sobre supuestas calumnias que supuso un fallo histórico para la libertad de prensa. Es uno de los precedentes más famosos de la historia del Tribunal Supremo: The New York Times Company contra Sullivan (1964).
El Supremo dictaminó entonces que para probar una difamación, un funcionario ―en aquel caso, un policía de Alabama acusado de racismo―, debe demostrar que en lo dicho en su contra medió una “verdadera malicia”. La diferencia es que ahora hay dos jueces del Supremo, los conservadores Clarence Thomas y Neil Gorsuch, que han expresado su interés en recortar el precedente. Para Thomas, aquella sentencia abrió la puerta a que la prensa pudiera “lanzar falsas calumnias sobre figuras públicas con casi total impunidad”. Trump ha dejado claro que tampoco le gusta ese fallo.
En su mensaje, Trump va más allá de ese artículo de opinión, hasta situar el anuncio de la demanda, de cuya interposición no aporta pruebas o da más datos, en un plano personal. “Durante décadas, el Times ha utilizado un método para mentir sobre su presidente favorito (¡YO!), mi familia, mi negocio, los movimientos América First y MAGA [Make America Great Again] y nuestra nación en su conjunto”.
La demanda, explica, la ha presentado (o está por presentarla, eso tampoco queda del todo claro) “en el Gran Estado de Florida”, para acabar con el permiso que, asegura Trump, ha tenido el Times de “mentir y difamar libremente durante demasiado tiempo”. Puede haber dos motivos para que el presidente haya escogido Florida: es donde tiene fijada su residencia y es también un territorio en el que los jueces, mayoritariamente republicanos, le pueden ser más favorables.
En el mensaje, Trump encuadra su acción legal en la perspectiva de otras querellas planteadas a medios de comunicación como ABC News y uno de sus presentadores estrella, George Stepanopoulos (al que llama Slopadopoulos, en un aparente juego de palabras con el adjetivo sloppy, “descuidado”). También se querelló contra el programa 60 Minutes, al que acusó de la edición de una entrevista con Harris, su adversaria, a quien, según el entonces candidato, el programa benefició en los últimos compases de la campaña.
Stephanopoulos estaba hablando del caso de abuso sexual y difamación por el que Trump fue condenado a pagar cinco millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll, cuando dijo que este violó a la antigua columnista de la revista Elle. El jurado encargado del caso halló al entonces expresidente responsable de abuso sexual, no de violación.
Ambas empresas de comunicación acordaron pagar a Trump 15 y 16 millones de dólares de indemnización respectivamente, que irán al fondo para construir su biblioteca presidencial.
En su mensaje, el presidente de Estados Unidos omite otro reciente choque con un medio de comunicación tradicional. Este se suma a la prohibición impuesta a la agencia AP de entrar en el Despacho Oval y en el avión presidencial por negarse a usar el término “Golfo de América” para referirse al Golfo de México, una denominación que la Casa Blanca había establecido por decreto.
Se trata de la demanda por libelo y difamación contra The Wall Street Journal y a su propietario, el magnate australiano de medios Rupert Murdoch, tal vez el hombre que más ha hecho por aupar y mantener a Trump en el poder. El presidente se querelló tras difundir este medio una noticia según la cual Trump felicitó por su 50º cumpleaños al millonario pederasta Jeffrey Epstein —entonces, un amigo— con un texto cómplice y un dibujo de tono sexual explícito de la silueta de una mujer. El mandatario dice que ese documento es falso y reclama una indemnización de más de 10.000 millones.
