El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes durante una reunión de su gabinete, celebrada en Washington, que la Unión Europea recibirá su propia carta con la comunicación de los aranceles que les corresponden, como parte de una estrategia que la Casa Blanca está usando para presionar en las negociaciones con sus socios. “Faltan, probablemente, un par de días para eso”, dijo Trump sobre la UE. “Estamos hablando con ellos, y nos están tratando amablemente, después de años de ser terribles con nosotros. Solo quiero que sepan que una carta significa un trato. Tenemos 200 países. No podemos reunirnos con 200 países”.
Trump también aprovechó el turno de las preguntas de la prensa durante esa junta con los miembros de su Gobierno para comunicar que un arancel del 50% está al caer para las importaciones de cobre. Como ya es costumbre en su errática política comercial, no estuvieron inmediatamente claros los detalles de cómo piensa aplicar la amenaza de esa tasa, ni cuándo entraría en vigor. Lo único que parece cierto es que, si finalmente lo hace, tendrá un aspecto similar a las que ya están en funcionamiento para el aluminio y el acero, dos sectores afectados por gravámenes del 50%.
Estados Unidos prohibirá, además, la venta de tierras agrícolas a compradores chinos y de otros países a los que el Gobierno estadounidense considere “enemigos”. Así lo anunció este martes la secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, que alegó amenazas a la seguridad nacional y alimentaria para justificar ese veto, que extendió a otros países, como Rusia e Irán.
Más o menos a la misma hora de esa comparecencia, el presidente Donald Trump publicó un mensaje en su red social, Truth, que pudo leerse como en demostración tanto de la política comercial aislacionista de Estados Unidos como de su volatilidad. En él, Trump promete que no habrá más aplazamientos en la fecha de entrada de los aranceles que piensa imponer a decenas de sus socios comerciales como parte de una guerra comercial que reactivó este lunes.
Primero, anunció una batería de gravámenes que llamó “recíprocos”, aunque no lo fueran, el pasado 2 de abril. Después, ordenó un aplazamiento de 90 días de su entrada en vigor, para dar tiempo a los países para que cerraran acuerdos comerciales con Estados Unidos que no han llegado (salvo dos, con el Reino Unido y Vietnam, y una tregua con China). Y este lunes, dos días antes de que expirase ese plazo del 9 de julio, volvió a pegar una patada hacia delante, fijando una nueva fecha: el 1 de agosto.
“Los aranceles comenzarán a pagarse” entonces, escribió Trump en Truth este martes. “No ha habido cambios en esta fecha ni los habrá. En otras palabras, todo el dinero deberá pagarse a partir del 1 de agosto de 2025. No se concederán prórrogas”.
A estas alturas, las palabras de Trump en esta materia, en la que ha mostrado un errático comportamiento que ha tenido serios efectos en los mercados y en el funcionamiento de la economía global, no pueden ser la mejor garantía. No cabe descartar que cambie de idea de nuevo —tampoco que lo haga varias veces— en los 24 días que faltan hasta el cumplimiento del nuevo plazo. El lunes, antes de la cena con la que agasajó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Trump ya dijo a los reporteros que esa fecha del 1 de agosto no es “fija al 100%”.
En su mensaje, Trump también promete que enviará “hoy [por el martes], mañana y durante el próximo periodo” nuevas cartas a socios comerciales como las mandadas este lunes. Los destinatarios fueron 14 países, que recibieron misivas dirigidas a sus mandatarios y firmadas por el presidente estadounidense. En ellas, les comunicaban los aranceles que les habían caído en suerte; una horquilla que fue desde el 25% de Corea del Sur o de Japón, al 40% de Laos y Myanmar.
Todas esas cartas eran muy parecidas entre sí, y coincidían en invitar a esos socios comerciales a “participar de la extraordinaria economía estadounidense”, siempre que se avengan a dejar atrás los “déficits comerciales” provocados por “los aranceles, y las barreras regulatorias, no arancelarias y de comercio”, que, añadían las cartas, “desafortunadamente, están lejos de ser recíprocos”.
Trump también les advertía en ellas que si deciden responder con gravámenes a los productos estadounidenses, Washington les impondrá una tasa adicional de esa misma cuantía que se sumará a los porcentajes impuestos este lunes. El anuncio provocó inmediatamente la caída de los mercados, sensibles también a la incertidumbre que gobierna las decisiones económicas de Trump.
Ninguno de esos nuevos aranceles interfieren o cambian los ya existentes, impuestos por sectores, como el aluminio y el acero y los coches (25%).
La seguridad nacional
El anuncio sobre la prohibición a los compradores chinos y de otros países de la secretaria de Agricultura —a la que se ha visto en los últimos días muy próxima al presidente, al que acompañó el jueves pasado en su viaje para dar un mitin patriótico en Iowa— participa de un mismo espíritu que la guerra arancelaria de Trump: ambos están inspirados por el credo de America First (Estados Unidos primero) que inspira el trumpismo económico.
Para subrayar la urgencia del pretexto de la seguridad nacional, Rollins compareció en una conferencia de prensa conjunta con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Los tres estaban llamados a participar después en la Casa Blanca en la sexta reunión del gabinete de Trump. Juntos anunciaron medidas ejecutivas para bloquear la capacidad de esos compradores para hacerse con tierra en Estados Unidos y para reforzar la seguridad sobre aquellos propietarios —no solo de China, sino también de Rusia o Irán— que ya lo sean.
Según datos ofrecidos en esa conferencia de prensa, unas 107.000 hectáreas de tierras estadounidenses son de propiedad china. De ellas, más o menos la mitad son de la misma empresa: Smithfield Foods, adquirida en 2013 por WH Group, un conglomerado chino liderado por el magnate Wan Long. En 2021, la cifra ascendía 384.000 acres en 2021.
