El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha querido sacar pecho de su decisión de desplegar a soldados y agentes federales en las calles de Washington, pese a la desazón que la medida genera entre los residentes. El republicano, que adoptó la medida hace 10 días con el argumento de una supuesta escalada de la violencia, se desplazó este jueves al cuartel de operaciones de este despliegue para saludar a militares y policías y sostener que esos efectivos “se van a quedar un largo tiempo”. La legislación le permite mantener esta medida durante 30 días, pero Trump apunta que se plantea prorrogarla.
El mandatario ordenó el despliegue como parte de su toma de control de una ciudad de abrumadora mayoría demócrata y a la que describe —en contra de las estadísticas— como “copada por las bandas violentas y delincuentes sedientos de sangre, hordas de jóvenes violentos, maníacos fuera de sí por la droga y gente sin techo”.
Trump había declarado horas antes que saldría de patrulla “con la policía y los militares” en la noche, en declaraciones al programa de radio del comentarista conservador Todd Starnes.
La excursión vespertina del presidente viene a ser un paseíllo triunfal, uno más de los que se ha dado la Administración del republicano desde que ordenara el despliegue de la Guardia Nacional y de los agentes federales en la capital estadounidense, como respuesta a lo que consideraba un aumento tal de la delincuencia que se había convertido en un caso de emergencia nacional. Inicialmente, la Casa Blanca indicó que unos 800 militares reforzarían a la policía local. Desde entonces, seis Estados de mayoría republicana han enviado soldados a esa misión, que amplía su misión original para dedicarse de modo creciente a la detención de inmigrantes irregulares.
La orden, limitada parcialmente días después en los tribunales, es posible por el estatus peculiar de la capital, que no tiene los privilegios de un Estado. Una ley de los años setenta del siglo pasado, que reconoce autonomía a la ciudad, incluye una cláusula que permite que la policía local quede directamente en manos presidenciales en caso de “condiciones especiales de naturaleza de urgencia”. Trump ha aplicado esa cláusula, con el argumento de que los niveles de violencia cumplen esas “condiciones especiales”.
Trump visitó la sede de la Policía de Parques en Anacostia, en el sureste de Washington, convertida ahora en centro de operaciones del despliegue ordenado por el presidente. Le acompañaron, entre otros, su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; el secretario del Interior, Doug Burgum, y su principal asesor de política interna, Stephen Miller.
Un día antes, el vicepresidente, J. D. Vance; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y Miller habían acudido a la estación central de tren de la capital, Union Station, para saludar a las tropas allí desplegadas, ofrecerles hamburguesas y llamar a “sacar a DC de su situación como ciudad sin ley”, entre pitidos y abucheos del público.
Trump sostiene que, desde que dio la orden el 7 de agosto, Washington se ha convertido en “la ciudad quizá más segura del país, y mejora por minutos”. Según él, la capital -un imán turístico gracias a sus monumentos y museos gratuitos- era hasta ahora un erial que muchos evitaban. Pero ahora, sostiene, “la gente está acudiendo en masa de nuevo”.
La Casa Blanca emite diariamente boletines en los que enumera las detenciones practicadas desde que la orden entró en vigor. Hasta el momento cuenta 630, por delitos que oscilan desde el homicidio a la conducción en estado de embriaguez, aunque no precisa si esos arrestos incluyen solo los llevados a cabo por los agentes federales o también la Policía Metropolitana local. Sí indica que una tercera parte de los detenidos, unos 250, son inmigrantes de estatus irregular. Aunque el despliegue resulta especialmente visible en el centro turístico de la ciudad y en sus monumentos más conocidos, donde el nivel de delincuencia violenta es mínimo o inexistente, el mayor número de detenciones ha ocurrido, según la oficina presidencial, en los distritos Siete y Ocho, parte del barrio de Anacostia, entre las zonas más pobres de la ciudad, de población mayoritariamente afroamericana.
En la realidad, fuera de los muros de la Casa Blanca, las estadísticas indican que, aunque históricamente el nivel de violencia en la capital ha sido alto, en los últimos años se había producido una reducción notable. Los delitos violentos decrecieron un 35% en 2024 con respecto al año previo y se situaron en las cifras más bajas de los últimos 30 años, según un informe del Departamento de Justicia publicado en enero. Y la población de esta ciudad de aplastante mayoría demócrata, donde solo un 6% votó a Trump en las presidenciales del pasado noviembre, está en contra de las medidas presidenciales para hacerse con el control.
Un sondeo publicado por The Washington Post muestra que un 79% de los residentes de la capital se oponen a la orden presidencial, mientras que apenas un 17% la respalda. Solo un 31% considera que el nivel de delincuencia sea grave o muy grave y un 21% considera que las calles de sus barrios no son seguras. En cambio, un 78% declara sentirse razonablemente o muy seguro en sus áreas de residencia. Dos tercios de la población afirma que la presencia policial y militar le hace sentirse menos segura.
