Las tropas de la Guardia Nacional desplegadas con sus armas en torno al Capitolio —las mismas que tanto tardaron en ser activadas en el asalto del 6 de enero de 2021— dejan claro a los legisladores que se reincorporan al Congreso de Estados Unidos tras sus vacaciones de verano que vuelven a una capital, y un panorama político, transformados. El nuevo curso político se perfila fundamental: en él se decidirá si Donald Trump tiene éxito en sus ambiciones de acaparar aún más control en ámbitos que van desde el económico al electoral, antes de unos comicios claves de medio mandato el año próximo, donde puede cambiar el reparto de poder.
El Congreso reabre la sesión legislativa este martes, con una larga lista de tareas pendientes y a la sombra de un Trump convencido de que no deben existir cortapisas a su poder. El clima posvacacional es más que complicado: a las disputas sobre los presupuestos federales, la disciplina fiscal o la dura política de inmigración del presidente se suman las confirmaciones de nombramientos clave en la Administración y el control de las ciudades.
Además, Trump persistirá en su intento de arrebatar al Congreso el poder presupuestario. A todas esas fricciones entre las más altas instituciones del país se añade la decisión de un tribunal de apelaciones de cancelar la mayor parte de la política de aranceles de Trump, un revés que ha enfurecido al republicano y que, si se confirman sus amenazas de apelar, el Tribunal Supremo tendrá que decidir en los próximos meses.
Quizá en ninguna parte sean más visibles las tensiones que en las propias calles. Para este lunes están convocadas manifestaciones sindicales en las ciudades estadounidenses, incluida la de miles de empleados del sector de la hostelería ante la Torre Trump en Nueva York, bajo el lema “Trabajadores contra Millonarios”. La Guardia Nacional y la policía federal patrullan Washington desde hace tres semanas por órdenes del presidente.
Trump asegura que la medida es imprescindible para luchar contra una delincuencia supuestamente desbocada y amenaza con tomar medidas similares en otras ciudades de mayoría demócrata, desde Baltimore a Chicago, en lo que los líderes de la oposición han tildado de una “crisis prefabricada”, diseñada para alejar la atención pública de otros problemas de Trump: la polémica en torno al caso del pederasta Jeffrey Epstein, la impopularidad de su ley presupuestaria, la falta de un alto el fuego en Ucrania pese a sus intentos de mediación y, ahora, el revés arancelario.
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ha lanzado una orden municipal con el objetivo de neutralizar la posible directiva del presidente para poner a la Policía local bajo control del Gobierno. “El Departamento de Policía de Chicago está únicamente bajo la autoridad del alcalde”, ha declarado, “y no vamos a cooperar con los agentes federales en operaciones de inmigración o de otro tipo”. En el Capitolio, los republicanos, dispuestos a convertir la lucha contra la delincuencia en una de sus banderas antes de las elecciones de medio mandato, redactan un proyecto de ley de “Lucha Exhaustiva contra el Crimen”.
Dentro del Congreso, el primer gran envite tendrá lugar esta misma semana, sobre uno de los asuntos que más interesan a Trump: el control de la Reserva Federal, cuya independencia es clave para la buena salud de la economía estadounidense. El presidente presiona a este organismo independiente con cada vez más fuerza, para que se ponga a sus órdenes en política monetaria, incluida una amplia rebaja de los tipos de interés.
El martes, una jueza retomará la demanda de Lisa Cook, una de los siete gobernadores del banco central, contra los intentos del presidente por despedirla. Trump alega que supuestas infracciones hipotecarias de la antigua académica le obligan a ese paso; ella replica que se trata de una maniobra para reemplazarla por alguien afín a la Casa Blanca y hacerse con el control de la junta de gobernadores. El jueves, el comité bancario del Senado empezará a examinar la candidatura de Stephen Miran, hasta ahora director del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, para cubrir otra vacante en la junta. Su nombramiento, y la expulsión de Cook, darían mayoría al presidente.
No es el único asunto urgente. La Casa Blanca se apuntó un tanto este verano al lograr que el Congreso aprobara in extremis su “Ley Grande y Bonita” (tal como Trump la denomina) de presupuestos, que prevé importantes recortes sociales pero reducciones impositivas para las élites. Pero la tregua de verano está a punto de romperse: el 30 de septiembre se cumple el plazo para que el Congreso apruebe medidas fiscales y un nuevo techo de la deuda, para evitar la periódica amenaza de un cierre de la Administración pública. Los republicanos, enrocados en su determinación de aplicar el programa trumpista, chocan con los demócratas sobre las asignaciones de fondos y los recortes a programas sociales, pero necesitan sus votos para sacar adelante una medida a corto plazo.
La Casa Blanca ha introducido un nuevo palo en las ruedas que dificulta que el Congreso logre ese objetivo. Esta semana, Trump anunciaba que cancelará 4.900 millones de dólares (4.200 millones de euros) para ayuda exterior que ya habían aprobado los legisladores, empleando un mecanismo para pasar por encima del Legislativo que ningún presidente aplicaba desde hace medio siglo. Si los diputados y senadores se lo permiten, Trump podría volver a valerse de esta herramienta una y otra vez en el futuro, para arrebatar al Congreso lo que hasta ahora ha sido la joya de la corona en sus atributos: el poder presupuestario, para decidir qué paga —y qué no— Estados Unidos.
La medida de Trump ha suscitado las protestas incluso de su propia bancada. En un comunicado, la senadora Susan Collins, republicana de Maine, recordaba que la Constitución “deja claro que el Congreso tiene la responsabilidad de asignar los presupuestos”. Cualquier intento de arrebatarle esa potestad “sin el visto bueno del Congreso es una violación clara de la ley”, recordaba.
El paso, anunciado en una carta al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, forma parte de los intentos de Trump por acaparar poder y restárselo al Congreso —que, bajo control republicano, apenas ha chistado, salvo excepciones como la de Collins— y a entidades independientes: no solo a la Reserva Federal, sino también a instituciones públicas de índole no política. Es el caso de los Centros de Control de Enfermedades (CDC), la gran red de protección de la salud pública en Estados Unidos y que esta semana vio cesada a su directora, Susan Monarez, por no aceptar las directrices sobre vacunación que apoya el secretario de Salud, Robert Kennedy. Precisamente, Kennedy comparecerá también esta semana ante un comité del Senado para dar explicaciones sobre la gestión de su departamento.
