Los abogados de Byron Black, condenado a la pena capital por tres asesinatos, habían argumentado que su ejecución podía ser más dolorosa debido al desfibrilador que tenía implantado en el corazón, que podría agudizarse su sufrimiento. Pero las dudas éticas que su caso planteaba no han detenido a las autoridades del Estado de Tennessee, que le han ejecutado este martes mediante una inyección letal.
La ejecución se ha llevado a cabo en el Instituto de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville, después de que el Tribunal Supremo de EE UU y el gobernador del Estado, el republicano Bill Lee, rechazaran las últimas peticiones de clemencia. Black, de 69 años, había asesinado en 1988 a su novia y a las dos hijas de esta, de nueve y seis años. Fue condenado a muerte un año después y desde entonces, hace más de 35 años, ha permanecido en el corredor de la muerte.
El tipo de implante cardiaco, que funciona como marcapasos y desfibrilador, iba a seguir funcionando durante la ejecución, lo que, junto con las alegaciones de la defensa sobre la discapacidad intelectual del reo, añadió un dilema ético al caso. Algunos expertos médicos advirtieron de que el dispositivo podía provocarle repetidas descargas mientras se le inyectaba el cóctel de fármacos letal, algo en lo que se basaron sus abogados para solicitar clemencia.
“Son objetivos contrarios. Ejecutar a un hombre que lleva implantada tecnología que intenta mantenerlo con vida”, explicó al diario The New York Times el bioético Arthur Caplan, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York.
La defensa pedía quitarle el desfibrilador para evitar el sufrimiento del hombre, que estaba en silla de ruedas y padecía demencia, según la organización Death Penalty Information Center. La solicitud de la gracia subrayaba que esta ejecución iba a ser “la primera de una persona con discapacidad en Tennessee en tiempos recientes”. “Su cerebro y su cuerpo continúan deteriorándose a una rápida velocidad. [Black] no es absolutamente una amenaza para nadie. El hecho de que esta corte haya cerrado las puertas a una justificada petición basada en su discapacidad intelectual no solo es inconstitucional, es inhumano”, declaró su abogada al medio The Intercept.
El Supremo de EE UU, de mayoría conservadora, declinó este lunes intervenir in extremis en el caso, tras haber rechazado cuatro peticiones distintas. Lo mismo hizo el gobernador de Tennessee: “Los tribunales han determinado universalmente que es legal aplicar la sentencia de ejecución dictada por el jurado” que le declaró culpable, dijo en un comunicado. “Seguiremos luchando para buscar justicia para la familia Clay [la mujer y las niñas asesinadas] y hacer que Black rinda cuentas por sus horribles crímenes”, dijo Jonathan Skrmetti, fiscal general de Tennessee, en un comunicado emitido tras el último fallo de la Corte Suprema del Estado el mes pasado. Se basó en el testimonio de un perito convocado por el Estado que “refutó la sugerencia de que Black sufriría un dolor severo si fuera ejecutado”.
La de Black es la 28ª ejecución en lo que va de año, lo que supera la cifra total de 2024 (26 ejecuciones) y es ya la más alta del último lustro, según Death Penalty Information Center, una ONG que compila datos en todo el país. El volumen de ejecuciones de este año debe mucho a la actividad de los patíbulos en Florida, el Estado republicano que concentra casi una de cada tres ejecuciones, un total de nueve en siete meses, y que tiene previstas otras dos más en agosto.
Las encuestas indican que una exigua mayoría de estadounidenses (53%) está a favor de la pena de muerte, pero que se oponen mayoritariamente en el caso de los condenados con discapacidad intelectual o enfermedad mental. Black es el primer prisionero con discapacidad intelectual ejecutado desde los años setenta, cuando la pena de muerte volvió a ser legal en Tennessee.
Su ejecución estaba programada por primera vez para 2022, pero se retrasó al abrirse una investigación sobre por qué el Estado no probó adecuadamente el cóctel de fármacos de la inyección letal. Black fue uno de los reclusos que demandó a Tennessee por su nuevo procedimiento de inyección, que entró en vigor este año. En marzo, un pelotón de fusilamiento ejecutó a un condenado por doble asesinato en Carolina del Sur, porque el hombre no se fiaba de la inyección letal. Fue la primera muerte por disparos en los últimos 15 años en EE UU.
