El Gobierno británico confía en poder dar un fuerte impulso a la cooperación con Francia en la lucha contra la inmigración irregular, durante la visita de Estado de Emmanuel Macron al Reino Unido. El primer ministro Keir Starmer necesita aliviar la presión política que sufre por la continua llegada de migrantes a las costas inglesas, pero un posible acuerdo bilateral en esta materia se ve frenado por los recelos de países como España o Italia a que París negocie por su cuenta un asunto que afecta a otros territorios de la UE.
Keir Starmer ha podido comprobar la agresividad de la derecha populista, cuando de inmigración se trata, apenas una hora antes de su reunión de trabajo de con el presidente francés. El primer ministro británico debía atender este miércoles la habitual sesión de control en la Cámara de los Comunes. Nigel Farage, el hombre que más ha emponzoñado el debate político del Reino Unido en la última década, atacaba a la yugular: “¿Entiende el primer ministro que la exigencia es hoy incluso mayor que en 2016 [cuando se celebró el referéndum del Brexit] para que le diga al presidente francés que no aceptaremos a los inmigrantes indocumentados que cruzan el canal de la Mancha, y para que no admita las órdenes de un presidente francés cada vez más arrogante y anti-Brexit?”, chillaba Farage, para hacerse oír en medio de los gritos de muchos diputados laboristas que intentaban apagar su pregunta.
El tema central de la visita de Estado de Macron, la primera de un jefe de Estado francés desde 2008, y la primera de este tipo de un líder de la UE desde el Brexit, es la lucha contra la inmigración irregular. El asunto domina todas las encuestas electorales británicas desde hace años, y se ha convertido en el talón de Aquiles de cualquier Gobierno que aspire a sobrevivir.
A diferencia de los anteriores primeros ministros conservadores, Starmer ha logrado, con una política de conciliación y diplomacia, avanzar en un posible acuerdo con el Gobierno francés para frenar la llegada de migrantes a las costas del sur de Inglaterra, e incluso para devolverlos al continente. En las últimas semanas, los medios británicos han dado a conocer un principio de pacto bautizado como one in-one out (uno dentro, uno fuera), por el que París admitiría la devolución de migrantes procedentes de sus playas, a cambio de que Londres admitiera la entrada a territorio británico de aquellos que ya tuvieran vínculos familiares en el país.
No parece, salvo sorpresa de última hora, que la visita de Macron concluya con un acuerdo firme y definitivo en este asunto. En primer lugar, porque la idea de que Francia negocie por su cuenta un acuerdo bilateral en materia de inmigración ha puesto en alerta a varios países de la UE, entre los que se incluye España, que son territorio de entrada de muchos migrantes al territorio comunitario. Temen que cualquier devolución del Reino Unido al continente acabará llegando a ellos, al ser el primer punto de ingreso.
España, Italia, Grecia, Malta y Chipre han enviado a la Comisión Europea una carta, adelantada por el diario Financial Times, en la que expresan sus temores: “Tomamos nota, con un grado de sorpresa, de las intenciones publicadas de Francia de firmar un acuerdo bilateral de readmisión”, decía el texto.
El propio Macron señalaba estas fricciones en su discurso del martes ante el Parlamento británico: “Solo llegaremos a una solución duradera y eficaz si elevamos la cooperación al nivel de la UE y si contamos con los países de origen y de tránsito en el territorio europeo”.
El reclamo laboral del Reino Unido
En un discurso que pretendía mantener el tono diplomático y reconciliador de la histórica visita de Estado, Macron añadía como condición para lograr el acuerdo de migración, en una frase que sonaba enigmática, la necesidad de “hacer frente a los factores de atracción” (pull factors, fue el término usado por Macron, que se dirigió a los diputados en inglés).
Para los expertos que llevan meses trabajando en el posible acuerdo, el mensaje era claro. Francia reprocha de un modo discreto pero firme al Reino Unido que la facilidad con que es posible trabajar de modo ilegal en el Reino Unido, la flexibilidad de su mercado laboral y la falta de controles en un país donde ni existe ni es obligatorio portar un documento de identidad, lo convierten en un polo de atracción. Un tercio de los migrantes que entran en la UE quieren llegar, como destino final, a una ciudad británica.
Es una acusación que los diferentes ministros del Interior franceses defienden desde hace años.
De hecho, la ministra del Interior del Reino Unido, Yvette Cooper, anunció el pasado febrero controles mucho más exhaustivos sobre las empresas que contratan a trabajadores extranjeros, incluidos aquellos que realizan su tarea como autónomos, con multas muy superiores a las impuestas hasta esa fecha.
Starmer llegó a Downing Street hace ahora un año con la promesa de poner freno a la inmigración irregular, desbordada en cifras durante los últimos años de gobiernos conservadores. El primer ministro laborista tachó de chapuza el plan de Boris Johnson, mantenido más tarde por Rishi Sunak, para deportar refugiados a Ruanda. Su objetivo ha sido reforzar la vigilancia policial en el canal y la cooperación con Francia.
En lo que va de año, más de 20.000 personas han llegado a las costas inglesas, en lo que podría convertirse en un nuevo récord. Starmer siente cada vez más cerca la presión en este asunto de la derecha populista. Por eso, Macron ha querido transmitir un mensaje positivo en su visita, y asegurar con firmeza que “ambos países darán con una solución a un problema que es común”.
