El Gobierno laborista del Reino Unido asumió las tareas y costes derivadas de un fiasco que no fue responsabilidad suya: el programa secreto para evacuar a miles de afganos cuyas vidas y libertad fueron puestas en peligro al filtrar el Ministerio de Defensa británico un listado con sus nombres e información de contacto. Pero el primer ministro, Keir Starmer, no está dispuesto a asumir también las culpas de un escándalo que ha puesto en entredicho la eficacia internacional del país.
“Siempre hemos apoyado desde esta Cámara [de los Comunes] la necesidad de que el Reino Unido cumpliera con sus obligaciones respecto a aquellos afganos que trabajaron codo con codo con las tropas británicas”, ha dicho Starmer durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles, en el Parlamento. “Pero ya advertimos a los conservadores, cuando estábamos en la oposición, de que no estábamos de acuerdo con su gestión de esta política. Ayer [por el martes], el ministro de Defensa expuso por completo todos los fracasos que nos ha tocado heredar: una filtración masiva de datos, una ‘superorden cautelar’ [emitida por un juez, que prohibía informar sobre lo ocurrido] y una ruta secreta [de evacuación] que nos ha costado ya cientos de millones de libras”, enumeraba el primer ministro.
En febrero de 2022, un soldado distribuyó por error a un correo múltiple el listado de unos 18.700 afganos, según la cifra admitida por el Ministerio de Defensa británico, y la información salió de los canales oficiales autorizados. Contenía los nombres de todos aquellos que habían solicitado acogerse al Programa de Asistencia y Recolocación de Afganos (ARAP scheme, en su definición oficial) y a su predecesor, el EGS (Ex Gratia Scheme), por el que se ofreció la posibilidad de asilo al personal que había trabajado en Afganistán para el ejército británico. Al menos parte del listado apareció públicamente el 14 de agosto de 2023 y puso en alerta al Gobierno, que solicitó la superorden cautelar, una medida extraordinaria y sin precedentes, que prohibía incluso la mera mención de la existencia de esa lista.
Nueve meses después, se puso en marcha un nuevo programa secreto de relocalización para proteger a todos los afectados. Al menos 4.500 de ellos han sido ya trasladados al Reino Unido. La filtración contenía los nombres, los detalles de contacto y los datos familiares de muchas personas que podrían haber sufrido las represalias de los talibanes en el hipotético caso de que el listado hubiera acabado en manos de la fuerza que hoy controla de manera absoluta cualquier movimiento en Afganistán.
Quien fuera entonces ministro de Defensa del Gobierno conservador, Ben Wallace, asegura ahora que él nunca pidió esa “superorden cautelar”, que se prolongó durante casi dos años, y que muchos, comenzando por el juez del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, Martin Chamberlain, que la anuló este martes, sospechan que fue utilizada como tapadera para que nunca saliera a la luz una chapuza tan descomunal. Wallace ha explicado que su equipo solo solicitó una medida cautelar de cuatro meses, mientras se preparaba el programa de evacuación de los afganos amenazados. Y que no va a pedir excusas por solicitar esa cautelar inicial, que estaba destinada a proteger personas que corrían serio peligro.
El Gobierno de Starmer ha dado su respaldo a la idea de que la Comisión de Defensa del Parlamento inicie una investigación sobre este fiasco: “Algunos de los ministros del Partido Conservador deben responder a serias cuestiones respecto a cómo se permitió que todo esto sucediera”, ha dicho el primer ministro. “El presidente de la Comisión de Defensa ha indicado que pretende llevar a cabo una investigación. Yo lo considero una buena idea, y confío en que los que ocuparon anteriormente el Gobierno también la respalden”, ha exigido.
La líder de los tories, Kemi Badenoch, ha sido también interpelada por la cuestión en el debate plenario, pero se ha evadido de un asunto que cuestiona seriamente su modo de encarar temas que afectan a la seguridad nacional. El portavoz de Starmer ha revelado que el Gobierno ofreció a Badenoch una reunión informativa sobre el asunto el pasado marzo que fue rechazada. La respuesta fue que no consideraba que fuera importante.
Más munición para Farage
El líder de la derecha populista, Nigel Farage, cuyo partido Reform UK encabeza hoy todas las encuestas electorales del Reino Unido, ha intentado explotar el escándalo de los afganos con un triple ataque que intentaba arrojar metralla contra todos los partidos, y provocar de paso el miedo de los ciudadanos. Farage denunciaba un “intento de tapar una historia de incompetencia, falta de honestidad y amenaza para la seguridad nacional” —primer dardo dirigido contra sus rivales electorales, los conservadores—, pero también el elevado coste (7.000 millones de libras; unos 8.070 millones de euros o 9.400 millones de dólares, según los propios cálculos del político populista) de la operación, hasta hoy en curso, del que también responsabilizaba al actual Gobierno laborista.
Pero su baza principal ha sido anunciar, sin ninguna prueba que lo acredite, que entre los afganos ya evacuados al Reino Unido hay muchos agresores sexuales condenados —“Os prometo que no me lo estoy inventando”, decía en un video colgado en la red social X—, que según Farage, iba a provocar “una amenaza incalculable para las mujeres que caminan por las calles británicas”.
“Si tiene alguna prueba de eso, que acuda directamente a la policía”, ha respondido a Farage el ministro de Defensa, John Healey, que ha asegurado a Times Radio que todos los afganos evacuados han sido sometidos a estrictos controles de seguridad. “Aunque está claro que, entre los miles que han llegado, algunos cometerán delitos”, sugería Healey.
