En inglés, un cambio de sentido es un u-turn (un giro en forma de u), y en la jerga política del Reino Unido, es lo peor que se puede decir de un líder. Es acusarle de reconocer un error, y cuanto más haya tardado en hacerlo, peor. Keir Starmer ha dado este miércoles finalmente su brazo a torcer, en sede parlamentaria, al anunciar que su Gobierno “quiere asegurarse de que aumente el número de pensionistas que reciben ayudas para pagar el recibo de invierno de gas y electricidad”. Se trata de la mayor rectificación llevada a cabo hasta ahora por Downing Street desde que gobiernan los laboristas.
La ministra de Economía, Rachel Reeves, obsesionada por presentar unas cuentas equilibradas y una imagen de rigor presupuestario, puso fin, en una de sus primeras decisiones ―respaldada hasta ahora por Starmer―, a las ayudas universales en la factura del gas y la electricidad que recibían los pensionistas británicos. Solo las mantuvo para poco más de un millón de ellos, los más vulnerables económicamente. El resto, cerca de 10 millones, dejaron de percibir este invierno una subvención que oscilaba entre los 240 y los 360 euros.
“Creo que es la decisión correcta, dadas las circunstancias económicas que hemos heredado”, defendió entonces Reeves ante la oleada de críticas que surgieron de las propias filas laboristas. El sindicato Unite, la central más poderosa del Reino Unido, declaró la guerra al Gobierno de Starmer por la supresión de una política puesta en pie hace casi dos décadas por el anterior primer ministro laborista, Gordon Brown, y que gozaba de inmensa popularidad entre la población mayor.
El enfado entre los votantes era palpable a finales de abril. En Runcorn, la localidad inglesa cuyo escaño en la Cámara de los Comunes logró con facilidad la derecha populista de Nigel Farage, lo primero que salía de la boca de cada vecino irritado con el actual Gobierno era el asunto de las ayudas energéticas. Nadie parecía dispuesto a perdonar esa puñalada, por mucha lógica económica que hubiera detrás de la decisión.
Hay un consenso general, entre políticos y analistas, que señala aquella medida como el principio de un imparable descenso de la popularidad del primer ministro, y como una de las causas fundamentales de la enorme derrota electoral laborista de las elecciones del 1 de mayo.
El Gobierno de Starmer se ha fijado como objetivos prioritarios e inseparables el crecimiento económico y el rigor en las cuentas. La ministra Reeves debe preparar un nuevo presupuesto para el próximo otoño, y todo sugiere que deberá elevar algunos impuestos, en contra de su promesa inicial. La actividad económica del Reino Unido, a pesar de experimentar un ligero crecimiento superior al previsto en el primer trimestre del año, sigue en una situación lánguida, con una inflación que alcanza el 3,7%.
Por eso, el primer ministro, como en otros muchos anuncios, se ha negado a aportar detalles. Starmer no ha dejado claro si será este próximo invierno cuando los pensionistas recuperarán las ayudas. “Solo tomaremos decisiones cuando tengamos claro que hay dinero para respaldarlas, cómo vamos a pagarlas y si nos lo podemos permitir”, ha dicho el primer ministro. Nadie duda, sin embargo, que en su propio interés está dar cuanto antes ese giro en forma de ‘u’, para frenar un deterioro de imagen y popularidad inimaginable para un Partido Laborista que, apenas hace diez meses, obtuvo una victoria parlamentaria holgada e histórica.
“Los ciudadanos siguen sufriendo la presión del elevado coste de la vida, incluidos los pensionistas. A medida que mejora la economía, queremos asegurarnos de que mejore el día a día de la gente”, ha dicho Starmer, consciente de que es mejor sufrir el inevitable pitorreo por parte de la oposición conservadora ante su volantazo que la rabia de muchos votantes de izquierda que comienzan a preguntarse si mereció la pena votar al actual Gobierno.
