El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha confirmado este martes que 34 militares están secuestrados hace dos días en el área rural del municipio de El Retorno, en el amazónico departamento del Guaviare. “Personas vestidas de civil dicen tener retenidos a unos militares. Pero eso no es una retención, es un secuestro porque están contra la voluntad de ellos”, ha denunciado en una declaración a medios.
El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, ha confirmado que el secuestro se dio este lunes, tras un choque con una de las estructuras al mando de la disidencia que comanda Iván Mordisco. “Como resultado de dichos combates se obtuvo la muerte en desarrollo de operaciones militares de otros diez presuntos integrantes de esta estructura (…) Cuando la tropa se disponía a salir de la zona, esta fue impedida por la comunidad”.
El choque del enfrentamiento produjo la captura de 10 integrantes del grupo armado, conocido como Estado Mayor Centro o EMC, entre ellos un menor de edad, y la muerte Willington Vanegas Leyva, Dumar, un alfil de Mordisco en la región. Fue entonces cuando personas de la comunidad cercaron e impidieron moverse a los 34 militares. “La gente dice que es un corredor humanitario. Están interrumpiendo la protección de los demás colombianos”, explicó el también general en retiro, quien hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA para lograr la liberación.
No es la primera vez que las Fuerzas Militares denuncias que civiles secuestran a uniformados bajo la presión de las disidencias. En junio pasado, en el municipio de El Tambo, en el convulso departamento del Cauca, fueron retenidos contra su voluntad 57 militares en medio de otro operativo contra el Estado Mayor Central. En ese momento, Sánchez calificó el hecho como una violación al Derecho Internacional Humanitario. “Utilizar civiles como escudos humanos es un crimen que busca impedir el avance de la Fuerza Pública y de las instituciones del Estado para llevar inversión social y justicia en una de las regiones más golpeadas por la violencia”, aseguró en su momento. Un día después fueron dejados en libertad.
En los primeros meses de 2025, el departamento del Guaviare vivió un deterioro de la seguridad debido al conflicto entre la disidencia que lidera Mordisco y la que encabeza su antiguo subordinado, Calarcá Córdoba. Las dos facciones buscan controlar la zona con una violencia tal que, entre finales de mayo y junio, la Defensoría del Pueblo reportó que más de 10.000 personas quedaron confinadas en zonas rurales el norte del departamento. La tragedia alcanzó un punto crítico en julio, con el hallazgo de una fosa común en el municipio de Calamar. Allí estaban los cuerpos de ocho líderes religiosos y sociales que habían desaparecido semanas antes, cuando participaban de una misión humanitaria. Fueron secuestrados y asesinadas, supuestamente, por el frente Armando Ríos, del ala de Mordisco. El impacto fue mayúsculo: el presidente Gustavo Petro calificó el acto como una grave violación de derechos fundamentales, mientras la ONU y la Iglesia hicieron un llamado urgente para incrementar las medidas de protección a los líderes comunitarios.
El pasado jueves, el frente Jaime Martínez, del mismo grupo de disidencias, llevó dos camiones cargados con explosivos desde el departamento del Cauca hasta inmediaciones a la base aérea Marco Fidel Suárez, en plena zona urbana de Cali, la tercera ciudad del país. Hicieron estallar uno de ellos, en un atentado en el que fallecieron siete personas, todas civiles, y más de 79 resultaron heridas. Aunque el grupo no se ha atribuido la autoría, las autoridades lo han señalado de forma unánime y el ministro de Defensa reiteró que reforzarán la ofensiva contra Mordisco, el narcotraficante por el que el Gobierno ofrece más de 4.000 millones de pesos de recompensa y que tiene contra las cuerdas al Estado.
