El Ministerio de Sanidad español ha ordenado una investigación oficial sobre posibles irregularidades en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, en la región de Madrid, después de que el diario ‘El País’ publicara una serie de grabaciones que apuntan a prácticas contrarias al derecho a la salud en este centro gestionado bajo concesión privada.
Según las grabaciones difundidas, Pablo Gallart, el entonces consejero delegado de Ribera Salud, el grupo privado responsable de la gestión del hospital, habría instado a incrementar las listas de espera y a rechazar procedimientos considerados “no rentables” con el fin de mejorar los márgenes económicos de la empresa.
La polémica provocó la dimisión inmediata de Gallart y llevó a la compañía a anunciar una auditoría interna “exhaustiva” para determinar si se habían vulnerado normas éticas o legales.
Análisis exhaustivo de todos los hospitales privatizados
La ministra española de Sanidad, Mónica García, remitió una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicitando que se investigue no solo este hospital, sino también otros centros públicos bajo gestión privada en la región. García planteó incluso la posibilidad de revisar o revocar concesiones si se demuestran irregularidades.
El caso ha desatado un amplio debate nacional sobre el modelo español de colaboración público-privada en sanidad, especialmente visible en la Comunidad de Madrid, región que ha externalizado la gestión de varios hospitales durante la última década. Los audios difundidos han generado críticas de la oposición y de organizaciones que defienden la sanidad pública, reabriendo el debate sobre los límites éticos y de eficiencia en la gestión privada de servicios esenciales.
Mientras avanza la investigación, el Gobierno central sostiene que su prioridad es garantizar que la asistencia sanitaria respetó el derecho fundamental a la salud y que no se antepuso el beneficio económico a la atención de los pacientes.
