Entre los nuevos rostros del Gobierno rumano, formado tras el triunfo del centroderechista Nicusor Dan frente al líder ultra George Simion en las elecciones presidenciales del pasado 18 de mayo, sobresale uno: el del socialdemócrata Petre-Florin Manole, nombrado recientemente ministro de Trabajo, Familia, Juventud y Solidaridades Sociales. Manole es la primera persona de etnia gitana en ocupar un puesto de ese rango en la historia de Rumania y también en toda la UE. Solo Macedonia del Norte designó anteriormente a un romaní para un alto cargo, pero fue un nombramiento casi simbólico, sin atribuciones reales.
La llegada de Manole al Gobierno que encabeza el liberal Ilie Bolojan supone un hito para una comunidad tradicionalmente marginada en este país de Europa oriental. La tasa de desempleo en Rumania es del 5,7%, pero supera el 50% entre la población romaní, según datos del Ministerio de Trabajo. En la escuela, según cuenta él mismo, una profesora le dijo que era inteligente, pero añadió: “Lástima que seas țigani (gitano)”, un término despectivo en Rumania para referirse a la comunidad romaní. “Entonces, en lo único que pensaba era en estudiar y sobrevivir a la discriminación que todavía sigue afectando a la etnia romaní”, añade.
A sus 41 años, Manole afronta el reto de dirigir el ministerio en plena tempestad económica, que ha forzado al Gobierno a adoptar medidas impopulares, como subir el IVA y congelar la subida de las pensiones, para reducir el déficit público del 9,3% registrado el pasado año, el más elevado del bloque comunitario. El Gobierno, además, busca estabilidad tras más de medio año de crisis política, con unas primeras elecciones presidenciales en noviembre de 2024 que fueron anuladas por el Tribunal Constitucional por la supuesta injerencia de Rusia, y la posterior contienda en las urnas que a punto estuvo de darle la jefatura del Estado a la extrema derecha.
“No empecé a darme cuenta de lo que significaba mi nombramiento hasta que recibí felicitaciones de personas con las que había trabajado en ONG en favor del pueblo romaní, o anónimas que se enorgullecían de lo que había logrado”, cuenta Manole al teléfono, en un hueco libre entre dos reuniones. Se define como una persona en permanente búsqueda de consensos.
“Se trata del primer romaní asumido que alcanza una función extremadamente importante”, celebra Ciprian Necula, sociólogo también romaní. Este activista pro derechos humanos hace hincapié en el adjetivo “asumido”, porque todavía hay numerosas personalidades con funciones relevantes que niegan revelar sus orígenes romaníes por miedo a ser estigmatizadas. “Su nombramiento supone una fractura en el statu quo de una Rumania que ha mantenido a los romaníes en el rincón invisible de la democracia”, sostiene Necula.
El censo rumano de 2021, en el que por vez primera se pudo señalar la pertenencia a una de las 19 minorías nacionales, registró 569.477 romaníes, entre una población total de 19,1 millones de habitantes. Pero, según las organizaciones no gubernamentales, la cifra real podría ser incluso el triple.
Nacido en Slobozia, una pequeña ciudad de la región de Muntenia, fuertemente golpeada por la desindustrialización de la Rumania postcomunista, Manole procede de una familia gitana que no habla la lengua romaní. Su padre, ahora jubilado, encadenó varios empleos como obrero tras quedarse en el paro por el cierre de una fábrica agroalimentaria local; su madre, costurera, trabajó como temporera en España.
Ya siendo niño llegó a la conclusión de que debía estudiar para sobresalir en un entorno que lo discriminaba por ser romaní. Y en eso se concentró. Estaba terminando el instituto cuando cayeron en sus manos unos libros sobre la historia de los romaníes, y descubrió entonces que provenían de la India y que se instalaron en Rumania en el siglo XIV como esclavos, condición que persistió hasta 1856.
Un siglo después, el régimen fascista aliado de la Alemania nazi durante la II Guerra Mundial aniquiló a más de 10.000 romaníes. Todo este pasado, explica el ahora ministro, lo empujó a estudiar Historia en la Universidad de Bucarest.
Pronto, Manole se implicó en la sociedad civil a través de ONG gitanas y del Instituto Nacional para el Estudio del Holocausto Elie Wiesel. Y, poco a poco, empezó a interesarse por la política hasta afiliarse al Partido Social Demócrata (PSD), donde llegó a ser portavoz, concejal y asesor de varios ministros de Trabajo, antes de resultar elegido diputado en 2016.
Desde ese momento, su carrera fue meteórica. Seis años después, se convirtió en secretario de Estado del entonces viceprimer ministro Sorin Grindeanu. “Lo que más me ha dolido durante mi carrera política ha sido cuando los adversarios en debates televisivos me atacaban por la espalda tras quedarse sin argumentos; su última línea de ataque era la cuestión étnica, aunque nunca me lo llegaron a decir a la cara”, cuenta Manole.
En los comicios del pasado mayo, el PSD y el Partido Nacional Liberal (PNL), considerados del sistema, recibieron un duro revés de los electores, que dejaron de lado a su candidato conjunto en la primera vuelta. Pero eso no les impidió unirse al nuevo Ejecutivo, al igual que hicieron la Unión Salvar Rumania, una formación de centroderecha, y el partido de la minoría húngara (UDMR).
“El hecho de que Manole haya sido nombrado es un paso importante para toda la sociedad, especialmente para la minoría romaní. Pero fue nombrado por sus aptitudes y capacidades políticas y no porque sea romaní”, subraya Catalina Olteanu, miembro del Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación, también de etnia gitana. “Trabajó durante muchos años en la sociedad civil, lo que puede ser una ventaja para resolver problemas delicados, ya que tiene un ministerio difícil”, agrega. Pero teme que, si no logra buenos resultados, “la sociedad utilizará su etnia para encontrar una excusa”.
Cuando se le pregunta al ministro por los retos que afronta, responde que los principales son la sostenibilidad de las pensiones y la asistencia social a las personas con discapacidades y con ingresos mínimos; pero también cambiar el paradigma laboral. “Necesitamos políticas públicas para incentivar la apertura al mercado laboral”, apunta. “Beneficiaría a los trabajadores, que aumentarían sus ingresos; a las patronales, que podrían desarrollar aún más sus negocios; al Estado, porque recaudaría más impuestos; y a los jubilados, ya que les permitirían tener pensiones dignas”, dice.
“Vamos a implementar un programa de inversión de 800 millones de euros durante varios años para mejorar el acceso laboral en 2.000 comunidades rurales, independientemente de su etnia”, remarca por teléfono Manole antes de reunirse con la ONG Roma for Democracy, con la que abordará políticas de ocupación específicas para esta minoría.
