Colombia sigue sumida en la conmoción tras el atentado que sufrió el sábado el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Las imágenes del ataque, ocurrido en un mitin improvisado en un parque en el occidente de Bogotá, muestran a un joven alto entre la multitud que se acerca por la espalda al político. Cuando ya está a pocos metros, alza una pistola y le dispara varias veces, hasta que Uribe cae al suelo por el impacto de dos balas en la cabeza. Una breve persecución en medio del caos acabó con la captura del joven, que recibió un disparo en una pierna. Las autoridades han revelado que se trata de un menor de 14 años —aunque en algunas de las primeras versiones se hablaba de que tenía 15— que formó parte de un programa gubernamental para jóvenes y que tenía una personalidad “completamente conflictiva”. La Fiscalía lo imputará por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.
El menor se encuentra hospitalizado en una clínica cerca al lugar de los hechos y está custodiado por decenas de policías. Las autoridades lo perfilan como el último eslabón en la cadena de los responsables del atentado, pues es muy probable que sea un asesino a sueldo, según la primera línea de investigación que tiene la Fiscalía. “Somos perfectamente conscientes de que este muchacho que fue aprehendido es apenas un ejecutor material”, ha manifestado la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
El tirador adolescente vivía con una tía suya en Villas de Alcalá, un barrio de clase baja ubicado en el occidente de la capital colombiana. Las autoridades allanaron el domingo la vivienda en busca de pruebas que esclarezcan la investigación. La red de apoyo del menor era escasa: su madre falleció y su padre no se encuentra en el país. Varios reportes indican que está en Polonia, a donde supuestamente viajó para enlistarse como voluntario en la guerra de Ucrania. En este contexto, el menor fue contactado a finales de mayo por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) para que participase en los programas sociales de la Alcaldía de Bogotá.
El presidente Gustavo Petro ha confirmado esta versión: “El Gobierno distrital ya había identificado la conflictividad del niño asesino, lo recogió en uno de sus programas y pasó a uno de los programas de mi Gobierno: Jóvenes en paz”, ha indicado en X. Este programa, creado por Petro, pretende ayudar a jóvenes colombianos que viven en condiciones de pobreza extrema o que residen en regiones afectadas por la violencia generalizada, en parte para evitar que caigan en redes de violencia e ilegalidad. “El informe que tengo de los profesionales es que demostró una personalidad completamente conflictiva, sin capacidad de establecer vínculos intersociales. Duró dos meses, no asistió a ninguna clase, y se retiró voluntariamente”, ha agregado el mandatario.
La detención del joven ocurrió a los pocos minutos del atentado, para el que usó una pistola semiautomática Glock. Aunque alcanzó a huir de la escena, varios policías y personal de seguridad le dispararon en una pierna y lo alcanzaron mientras cojeaba. En un video grabado en el momento de la aprehensión se le oye decir: “Fue el man de la olla, yo digo quién fue, déjenme darle los números”, mientras era reducido al suelo. De acuerdo con fuentes policiales citadas por El Tiempo, en el barrio del menor hay dos “ollas” —zonas en las que operan redes de microtráfico— que ahora están siendo rastreadas. En las imágenes también se le ve gritar y aclarar: “Perdón, lo hice por plata, por mi familia”.
Que el atacante sea un menor de edad ha abierto un debate sobre su futuro judicial. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la entidad estatal encargada de proteger a los niños y adolescentes, rechazó la “manipulación” y la instrumentalización de los jóvenes para cometer actos delictivos, una declaración que recibió rechazo por sectores que piden que el menor sea juzgado como un adulto. Astrid Cáceres, directora del ICBF, ha señalado que él quiere colaborar con la justicia. “Ya hay unos acuerdos con Fiscalía para que haya condiciones de seguridad para el chico, condiciones excepcionales por el caso que tenemos”, ha señalado la funcionaria. Al menor ya le fue asignado un abogado de oficio y también estará acompañado por una trabajadora social.
La Fiscalía ya anunció que le imputará al menor los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. La sanción máxima para ambos delitos es de ocho años de arresto, pues los castigos son más bajos cuando los comete un menor de edad. Como ha explicado este lunes la fiscal general, la ley colombiana entiende que estos jóvenes delincuentes son víctimas de un contexto y eso facilita su negociación con la justicia.
De ser hallado culpable, el joven no irá a una cárcel: sería recluido en uno de los llamados Centro de Atención Especializada, en donde están detenidos los menores de entre 14 y 17 años que han cometido un delito. Está previsto que el joven sea imputado este martes, después de que la audiencia programada para el día anterior fuera aplazada a petición del equipo médico que le brinda atención.
