Con un presupuesto anual que ronda los cinco billones de pesos (unos 4.400 millones de dólares), el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, es una de las grandes cajas del Estado argentino. El manejo del organismo por parte del Gobierno de Javier Milei está envuelto en un creciente escándalo de denuncias presentadas ante los tribunales judiciales por funcionarios designados por la propia Administración “libertaria”. En al menos cinco provincias del país, las acusaciones son coincidentes: las autoridades de La Libertad Avanza (LLA) les exigían a los funcionarios del PAMI una porción de sus salarios para financiar al partido del presidente ultra. La Casa Rosada aseguró este lunes no tener “ningún tipo de responsabilidad” en los hechos.
“Me tenés que dar un millón de pesos de retorno”. La diputada oficialista Viviana Aguirre denunció haber recibido esa instrucción cuando el año pasado fue nombrada en la dirección del PAMI en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. En una denuncia judicial, apuntó con nombre y apellido contra los referentes partidarios que reclamaban aportes “de un 5% en adelante, según el sueldo”. La legisladora aseguró que irregularidades similares se producen en otros organismos estatales, como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). En declaraciones a medios de comunicación locales, se mostró desilusionada con Milei y su promesa de “terminar con la casta”.
En la provincia de Misiones, ubicada en el noreste argentino, una decena de funcionarios del PAMI y la ANSES le dirigieron una nota al presidente de LLA en el distrito para manifestar su “desacuerdo con la orden de pago del 10% de los sueldos que los funcionarios percibimos como responsables de dichos organismos para ser depositados en una cuenta particular”. La carta concluye: “Le solicitamos que se nos reintegre el dinero abonado […] y que desista de tal obrar”. El caso ya está en manos de la Justicia, al igual que el planteado en Buenos Aires. Además, distintos tribunales investigan denuncias del mismo tenor en las provincias de Santa Cruz, La Pampa y el Chaco.
En el Congreso nacional, la oposición solicitó que se cite al director del PAMI, Esteban Leguízamo, y al ministro de Salud, Mario Lugones, “para informar acerca de la situación de las denuncias públicas de diferentes funcionarios del PAMI de diversas jurisdicciones del país”, según indica un proyecto firmado por la diputada socialista Mónica Fein.
Pese a que el escándalo viene creciendo desde hace varios días, recién este lunes el Gobierno de Milei se pronunció sobre el tema. “No tenemos absolutamente nada que ver”, dijo el vocero del presidente, Manuel Adorni. “Si hay algo más que decir, tiene que decirlo la Justicia. Nosotros no tenemos nada que aclarar sobre situaciones que no han existido o que nosotros no hemos tenido ningún tipo de responsabilidad”, desligó.
La defensa de la Casa Rosada se dio en el marco de otra denuncia de corrupción en el PAMI: la presunta compra con sobreprecios, a través de una licitación amañada, de pañales para adultos, una operación por 460 millones de dólares. La respuesta del Ejecutivo consistió en el anuncio de una nueva modalidad de entrega de pañales a domicilio para personas mayores que supondría, dijo Adorni, “un ahorro de 5.000 millones de pesos por año”.
Las irregularidades y desmanejos en el PAMI son un tema especialmente sensible en Argentina. El organismo se encarga de las prestaciones de salud para jubilados y pensionados, uno de los sectores de la población más afectados por el recorte que la motosierra de Milei viene realizando sobre el gasto público.
