Nuestro genocidio. Ese título de dos palabras convierte en un hito el informe sobre la ofensiva de Israel en Gaza divulgado este lunes por la ONG israelí B’Tselem. Por primera vez desde el inicio de la invasión de la Franja, en octubre de 2023, una organización de derechos humanos de ese país osa hacer a su propio Estado ese grave reproche, cuando los ataques israelíes han matado ya de forma directa a cerca de 60.000 personas en la Franja, casi 18.000 de ellos niños. A ese infierno, Israel ha añadido ahora el horror del hambre extrema. Alrededor de la mitad de las al menos 133 personas muertas por inanición en Gaza desde octubre de 2023 han perecido en este mes de julio.
El resumen de cinco páginas del informe, al que tuvo acceso este diario, no solo describe la “aterradora evolución” del trato dispensado a los palestinos hasta llegar a una política de “aniquilación”. También retrata a una sociedad israelí y a una comunidad internacional cómplices, que han hecho posible que ese “asalto genocida” contra los palestinos perdurara. B’Tselem les reclama ahora a ambos que actúen y detengan a Israel. Luego advierte del riesgo de que el ejército israelí extienda su “genocidio” a Cisjordania y a otros territorios.
En un Estado cuyo discurso oficial hace de otro genocidio —el del Holocausto nazi—, una de sus razones de ser, ninguna organización de derechos humanos israelí había dado hasta ahora el paso de acusar a su país del crimen más grave que recoge el derecho internacional. La prestigiosa ONG se suma así al creciente coro de voces de juristas —algunos israelíes— activistas y entidades humanitarias que sostienen que lo que Israel está ejecutando en Gaza es un genocidio. El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya está investigando ese crimen en la Franja, que considera “plausible”, a instancias de Sudáfrica.
B’Tselem es la abreviatura del Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios, una organización fundada para documentar las violaciones de los derechos humanos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, que nació en 1989, durante la también durísima represión de la primera Intifada palestina.
Más de 35 años después, destaca el informe, esta ONG “documenta e investiga los daños causados a los palestinos bajo el régimen de apartheid y ocupación de Israel”, en nombre “del deber de proteger a los seres humanos, sus vidas, su dignidad y sus derechos individuales y colectivos”. En ella trabajan “codo con codo” “judíos israelíes y palestinos de la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este e Israel”.
Los fundadores de B’Tselem fueron un grupo de juristas, académicos y médicos, con apoyo de un puñado de parlamentarios israelíes, que aún tenían la ilusión de que su país podía ser una democracia y aspirar a un talante humanista.
El documento divulgado este lunes es, de alguna manera, la tumba de ese sueño. El informe Nuestro genocidio destaca cómo “un examen de la política de Israel en la Franja de Gaza y sus terribles consecuencias, junto con las declaraciones de altos cargos políticos y militares israelíes sobre los objetivos del ataque, lleva a la conclusión inequívoca de que Israel está llevando a cabo una acción coordinada para destruir intencionadamente la sociedad palestina en la Franja de Gaza”.
“En otras palabras: Israel está cometiendo un genocidio contra los palestinos en la franja de Gaza”, sentencia B’Tselem.
77 años de violencia
El documento de la ONG desmonta varios de los pilares del discurso oficial israelí para justificar su actuación en Gaza. La “actual ofensiva contra el pueblo palestino”, subraya la organización, no se remite a una mera respuesta a los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023. Por el contrario, “debe entenderse en el contexto de más de 70 años en los que Israel ha impuesto un régimen violento y discriminatorio a los palestinos, que ha alcanzado su forma más extrema contra quienes viven en Gaza”.
Desde “la creación del Estado de Israel [en 1948], el régimen de apartheid y ocupación ha institucionalizado y empleado sistemáticamente mecanismos de control violento, ingeniería demográfica, discriminación y fragmentación del colectivo palestino”.
Esos 77 años de violencia, “asentada por el régimen”, son los que han permitido “lanzar un ataque genocida contra los palestinos inmediatamente después del ataque liderado por Hamás”. En esos atentados, recuerda la ONG, murieron 1.218 israelíes y extranjeros, 882 de ellos civiles, en “graves actos de violencia, incluida violencia sexual, que resultaron también en decenas de miles de heridos, además del secuestro de 252 personas en Gaza”.
El informe destaca tres de los fundamentos de ese “ataque genocida” contra los palestinos. El primero es que esa población vive “bajo un régimen de apartheid que impone la separación [de los israelíes], la ingeniería demográfica y la limpieza étnica”. El segundo es “el uso sistemático e institucionalizado de la violencia contra los palestinos, mientras que los perpetradores gozan de impunidad”. El tercero son “los mecanismos institucionalizados de deshumanización y de presentación de los palestinos como una amenaza existencial” para Israel y los israelíes judíos.
Esas condiciones, sumadas al “catalizador” del “atroz” ataque de Hamás y otros grupos armados palestinos —que cometieron “crímenes de guerra y probablemente también crímenes contra la Humanidad”, denuncia el documento—, aumentaron esa “sensación de amenaza existencial entre el grupo perpetrador [los israelíes]” y provocaron “cambios sociales y políticos profundos en la sociedad de Israel”. Ese fue el contexto que permitió “al sistema en el poder a llevar a cabo un genocidio”.
Una encuesta de mayo divulgada por el diario Haaretz elevaba al 82% los israelíes judíos que apoyan la expulsión de todos los palestinos de Gaza.
“Aniquilación”
Los cambios sociales a los que alude la ONG “instigaron un giro en la política israelí hacia los palestinos” de la Franja, recalca el texto, que pasó de “la represión y el control a la destrucción y la aniquilación”.
“Hemos recopilado testimonios de testigos presenciales y documentado cientos de incidentes que implican una violencia extrema y sin precedentes contra civiles palestinos en todo el territorio controlado por Israel, mientras que políticos y mandos militares clave han declarado abiertamente las políticas que se están aplicando sobre el terreno”, asegura en su texto B’Tselem.
La organización de derechos humanos alude así, sin mencionarlas en el resumen del informe, a declaraciones como las que, nada más suceder los ataques de Hamás, hicieron altos responsables como el entonces ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, que, por ejemplo, afirmó: “No habrá electricidad, ni comida, ni agua, ni combustible en Gaza”.
Las pruebas “innumerables” de “las consecuencias de estas políticas reflejan la aterradora transformación de todo el sistema israelí en su trato a los palestinos”. No solo a los del enclave asediado. El documento advierte del “peligro claro y presente de que el genocidio no se limite a Gaza, y que las acciones y la mentalidad subyacente que lo impulsan puedan extenderse también a otras zonas. El ataque a la Franja “no puede separarse de la escalada de violencia que se está infligiendo (…) a los palestinos en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y dentro de Israel”.
Allí, “al igual que en Gaza, se están cometiendo crímenes letales contra los palestinos sin que los autores rindan cuentas por ello” y sin que “que exista ningún mecanismo nacional o internacional eficaz que actúe” para detenerlos.
B’Tselem advierte de que, incluso mientras se escribía el informe, Israel seguía “intensificando su brutal y despiadado ataque contra los palestinos”. La ONG subraya luego la complicidad internacional con el proceder de las autoridades de su país: “Las matanzas y la destrucción sistemáticas en la Franja de Gaza, así como la creciente violencia y el desplazamiento forzoso de decenas de miles de personas en Cisjordania, no habrían sido posibles sin la inacción internacional ante la incomprensible magnitud y gravedad de estos crímenes”.
“Muchos líderes estatales, especialmente en Europa y Estados Unidos, no solo se han abstenido de tomar medidas efectivas para detener la aniquilación y la violencia, sino que han permitido que continúen, ya sea mediante declaraciones en las que afirman el ‘derecho a la autodefensa’ de Israel o mediante un apoyo activo, incluido el envío de armas y municiones”, continúa el informe. El documento reclama luego “una acción urgente e inequívoca tanto por parte de la sociedad israelí como de la comunidad internacional, así como el uso de todos los medios disponibles en virtud del derecho internacional para detener el genocidio del pueblo palestino por parte de Israel”.
