Con el declarado propósito de remedar a las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y de Israel, e incluso de dar forma a un FBI vernáculo, Javier Milei reformó por decreto a la Policía Federal Argentina y, entre otras cosas, la habilitó para realizar detenciones y actividades de espionaje sin orden judicial, además de “tareas de prevención del delito” en espacios públicos digitales. Organismos de derechos humanos y organizaciones especializadas en seguridad cuestionaron la reforma y advirtieron que delega facultades discrecionales a la policía, bajo débiles sistemas de control. El Gobierno ultra respondió este miércoles que las medidas tienen amparo legal y que, si alguien entiende lo contrario, “se puede presentar ante la justicia”.
“Hemos decidido reformar la histórica Policía Federal Argentina (PFA) y reconvertirla en una fuerza principalmente abocada a la investigación criminal”, anunció el presidente Milei el martes. El verbo en plural que conjugó solo se refería al Ejecutivo: la medida fue tomada sin debate parlamentario, haciendo uso de las facultades delegadas por el Congreso el año pasado.
En Argentina, cada Estado provincial cuenta con su propia fuerza de policía. La PFA tiene jurisdicción nacional y hasta 2016 se ocupó de la prevención del delito en la ciudad de Buenos Aires. Desde la creación de una fuerza policial en la capital argentina, que conllevó la cesión de agentes y dependencias antes federales, la PFA quedó a la espera de una reformulación de sus objetivos y funciones.
Con su estatuto ahora reformado por Milei, la PFA tendrá como misión principal “prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos”, así como “colaborar en la desarticulación de organizaciones criminales”.
“Vamos a aprender de los mejores; vamos a aprender de Estados Unidos; vamos a aprender de Israel. Así pondremos a la Policía Federal Argentina en línea con los estándares del FBI y las principales fuerzas de investigación criminal del mundo”, se entusiasmó Milei. La reforma incluye la creación de un Departamento Federal de Investigaciones (DFI), a imagen y semejanza del Buró Federal de Investigaciones de EE UU.
El decreto presidencial autoriza a la PFA a detener personas sin autorización judicial por hasta diez horas, con una condición sujeta al criterio policial: “Si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad”.
Además, sin orden de un juez la policía federal podrá “realizar requisas personales”, es decir, revisar e inspeccionar a las personas, sus pertenencias y vehículos, cuando “existan circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionas con un delito”. También, cuando “no fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar”, entre otras condiciones.
La norma habilita a la policía a cumplir con “tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios webs públicos y otras fuentes abiertas”. Estas atribuciones tampoco requerirán el permiso de un juez.
Milei anunció la reforma policial junto a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, militante de la “mano dura” para combatir tanto al delito como a la protesta social. “Los de azul son los buenos y los malos son los delincuentes”, dijo el presidente, apelando a una de las ideas preferidas de Bullrich.
Las medidas anunciadas no fueron bien recibidas por las organizaciones especializadas. El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) remarcó la necesidad de una transformación policial, pero estimó que el Gobierno “ha optado, una vez más, por el marketing antes que por un cambio real”. La reforma, advirtió INECIP, “representa una nueva oportunidad desperdiciada” porque no modifica el funcionamiento de la PFA y “conserva numerosas funciones de prevención y custodia inadecuadas para una agencia de investigaciones moderna”. Además, señaló que el decreto es inconstitucional y presenta “graves errores técnicos”: por ejemplo, detalló, las detenciones sin orden judicial entran en contradicción con el marco legal vigente.
Amnistía Internacional consideró “fundamental que toda reforma en las políticas de seguridad se lleve a cabo en el marco del Congreso de la Nación con un debate profundo”. En particular, observó “con preocupación el ciberpatrullaje” que autoriza el decreto, porque “plantea riesgos de vigilancia masiva y perfilamiento discriminatorio, que afectan derechos fundamentales”. Para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la reforma instrumentada “abre ventanas para la criminalización de organizaciones sociales, la represión de las protestas, el ciberpatrullaje masivo de opositores y otras intervenciones sin control judicial”.
Ante las críticas, el Gobierno respondió a través del vocero presidencial, Manuel Adorni. “No infringimos ninguna ley”, dijo, “no estamos en contra de lo que plantea la Constitución Nacional. Si así lo fuese, y hay alguna presentación judicial, dirimirá la justicia”.
