El Gobierno de Javier Milei ha adoptado un discurso anti inmigración para la campaña de las elecciones legislativas que recuerda al de Donald Trump. “Argentina no será tierra fértil para la llegada de los delincuentes”, prometió este miércoles el portavoz presidencial, Manuel Adorni, al anunciar una inminente reforma migratoria por decreto. Adorni, candidato a diputado por La Libertad Avanza por la ciudad de Buenos Aires, anticipó que endurecerán los requisitos para entrar al país y permanecer en él y obligarán a los extranjeros no residentes a pagar por la atención médica. Organizaciones de derechos humanos han advertido que muchos de los cambios anunciados requieren la aprobación del Congreso y otros ya están contemplados por la legislación vigente.
La historia de Argentina está muy vinculada a la inmigración —en especial procedente de España e Italia— y el país ha mantenido durante décadas una política de brazos abiertos con los recién llegados que el Gobierno de Milei ha comenzado a modificar. El cambio más visible es discursivo, en línea con el de otros gobiernos de ultraderecha. Adorni destacó en rueda de prensa que la inmigración que recibió Argentina en el pasado era “virtuosa, a base de trabajo y respeto por la ley” y “aportó su parte a construir la gran potencia que supo ser la Argentina”. Por el contrario, continuó el portavoz presidencial, hoy Argentina tiene “una normativa que invita al caos y al abuso de vivos que lejos están de venir de forma honrada a construir un futuro de prosperidad”. A su juicio, en este 2025 “entra casi cualquiera, incluso condenados con penas menores a tres años” y es difícil expulsar a los que delinquen.
Según anticipó Adorni, el decreto que el Gobierno publicará en los próximos días en el Boletín Oficial contemplará que todo condenado que intente ingresar al país sea rechazado por las autoridades migratorias. Los que entren de manera ilegal serán deportados. La ley vigente permite que los autores de delitos menores puedan permanecer en el país, una posibilidad que desaparecerá con la futura reforma. Los procesos judiciales para las deportaciones se acelerarán.
De presentarse en los términos anunciados, la nueva legislación migratoria terminará en los tribunales. Organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtieron que “no se puede establecer un régimen excepcional para ciertas personas sin debate en el Congreso” porque está relacionado con el derecho a defenderse.
La reforma se comunicó también a través de un comunicado de la Oficina del Presidente que hace hincapié en el supuesto gasto que representan los extranjeros para el Estado argentino. Milei criticó que “los pagadores de impuestos deban sufrir las consecuencias de extranjeros que ingresan únicamente para hacer uso y abuso de recursos que no son suyos, como los denominados tours sanitarios. Mucho menos, que deban tolerar que lleguen a delinquir”.
Desde que el presidente ultra asumió el poder, en diciembre de 2023, cinco provincias han comenzado a cobrar la atención sanitaria programada a aquellos pacientes que no residen en el país. La última región en adoptar esa medida fue la ciudad de Buenos Aires, aunque los extranjeros representan menos del 1% de los usuarios del sistema público de salud, según cifras oficiales.
El Gobierno de Milei quiere que las universidades públicas sigan el mismo camino que los hospitales y comiencen a cobrar a los extranjeros, lo que rompería con más de siete décadas de educación superior gratuita para todos. Al tratarse de entes autárquicos, la decisión debe ser tomada por cada institución, pero el Ejecutivo presiona a través de recortes salariales y de fondos públicos.
El anuncio hecho por el Ejecutivo ultra busca ganar votos de cara a las elecciones legislativas de este 2025. La próxima cita en las urnas es este domingo en la ciudad de Buenos Aires.
