México enfrenta este domingo unas elecciones únicas en su historia e inéditas en cualquier otro país, dada la magnitud del proceso, que decidirá por voto popular no solo a los jueces de las más altas instancias, también a los de juzgados distritales, la primera ventanilla jurídica. La ciudadanía debe encarar un farragoso sistema de seis papeletas distintas en el ámbito federal y algunas otras en cada Estado para elegir a 2.681 cargos entre muchos miles de candidatos, la inmensa mayoría desconocidos para los electores.
Ni los más avezados se atreven a decir que comprenden sin atisbo de duda cómo funciona el asunto, aunque el partido gobernante, Morena, ha hecho continuos esfuerzos para explicarlo: es el gran interesado en que todo salga bien y eso empieza por la participación, que no contará con buena parte de los convocados, entre otras cosas porque los partidos opositores han llamado a la abstención como instrumento para deslegitimar un sistema con el que no están de acuerdo. La elección de jueces es solo un punto, aunque el más polémico, de la reforma del Poder Judicial que se presentó en los estertores del sexenio anterior de Andrés Manuel López Obrador y se ha aprobado en este. La pésima justicia mexicana necesitaba un cambio a gritos y eso nadie lo ha cuestionado, pero la precipitación y falta de consenso entre las fuerzas políticas han abocado a este proceso de incierto desenlace.
Los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tenían la encomienda de cribar entre miles de candidatos quiénes eran válidos para postularse, pero ese trabajo acusó pronto decenas de errores que fueron detectados y denunciados por la sociedad civil: además de aspirantes sin los conocimientos ni experiencia necesarios, se han colado jueces acusados de abusos, fiscales relacionados con asesinatos de periodistas y más de uno con vínculos directos con el narcotráfico, intrusiones de las que se venía alertando tiempo atrás. La presidenta, Claudia Sheinbaum, y su partido trataron de cerrar el paso a estos perfiles polémicos que ensuciaban la elección, pero con las papeletas ya impresas, el organismo electoral declaró que no tenía facultades para analizar esas impugnaciones que llegaban del Congreso y ha aplazado sus dictámenes para después de la elección. Otra herida en el proceso son los muchos puestos para los que se ha validado a un solo candidato, lo que anula de facto la posibilidad de elección y despierta las sospechas de colusiones para colocar a alguien en concreto.
La desconfianza ha sido la gran protagonista y más de 300.000 personas han solicitado vigilar el proceso electoral, sirva como referencia que en las presidenciales del año pasado pidieron eso mismo apenas 34.000. Y se sospecha que no todos tienen un afán de transparencia y limpieza, sino que podrían estar más interesados en acercarse a las urnas para condicionar el voto de tanto elector desinformado.
Los escándalos no acaban ahí. El que más votos consiga para la Suprema Corte será el que presida el alto tribunal y entre tanto desconocido salen con ventaja quienes ya estaban en esa sala superior. Una de ellas, la ministra Yasmín Esquivel, podría alzarse victoriosa después de haber pasado meses atrás por un proceso demoledor, acusada de haber plagiado la tesis con la que obtuvo su legislatura y otra más, la que le dio el doctorado. A pesar de las evidencias más que notables, la ministra ha conseguido doblegar a los jueces y a la Universidad y salir indemne del fuego. Y puede que tras la elección sea la gran jefa del gran tribunal. Afín al partido gobernante, esa mácula en su trayectoria no ha impedido que pueda postularse. En un proceso donde los candidatos han hecho campaña solo con su propio dinero y muchas cortapisas legales o circunstanciales, como la violencia que amedrenta en algunos territorios, haber salido en la televisión, aunque sea por un escándalo, ya es una ventaja.
La justicia es un pozo profundo en México. La impunidad alcanza alrededor del 90% de los casos y de todos es sabido, la misma presidenta así lo repite, que no alcanza a los pobres, por no hablar de los agujeros en el trabajo policial y de la Fiscalía, algo que no se ha tocado en la reforma. Muchos jueces están sobornados con dinero, amenazados por el crimen organizado o controlados por poderes políticos de ayer y de hoy. De tanto en tanto, la opinión pública se asombra un día más con alguna sentencia descabellada o de que salga a la calle quien debería estar entre rejas. Que el sistema tenía que pasar una reforma profunda no era objeto de debate, pero la planteada por el anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, solo ha convencido a los suyos, que han vendido este proceso electoral como la forma más democrática de seleccionar a los jueces, muy lejos de lo que opina la oposición, que ve en el nuevo sistema una manera de colocar a los afines al morenismo en los juzgados.
La bronca viene de lejos. El sexenio de López Obrador estuvo jalonado de continuos choques entre el Ejecutivo y algunos ministros de la Suprema Corte, hasta prácticamente romper cualquier relación con la actual presidenta del máximo órgano judicial, Norma Piña. Todo aquello desembocó en una apresurada reforma sin gran debate y nulo consenso que ha precisado de la gran mayoría obtenida por Sheinbaum en las urnas para salir adelante.
La reforma obliga a cesar a todos los cargos y someterse a elecciones en un proceso paulatino que tendrá su segunda convocatoria en 2027, y habrá cercenado la carrera judicial que muchos habían conseguido con esfuerzo y honestidad si ahora no son elegidos por el pueblo. Otro artículo que ha causado malestar es el que retira a los altos magistrados las muchas prebendas con que contaban en su jubilación: coches, grandes pensiones, secretarios asistentes, etcétera. No todos han visto con mal ojo esto último. Tampoco la creación de un Tribunal de Disciplina, el de la boleta verde, que velará por el buen desempeño de los jueces. No es poca tarea.
La legitimidad de este proceso ha dado mucho que hablar. Y la participación es clave. La presidenta llegó a decir en algún momento que daba por bueno incluso un 5% de asistencia a las urnas. La esperanza está ahora de su lado, porque el porcentaje ha ido subiendo. El propio electorado, preguntado en la encuesta de la casa Enkoll que publicó este periódico recientemente, no consideraba legítimo el resultado si no acudía a votar un 60% del censo. Será difícil. Entre otras cosas, porque en esta ocasión no pueden votar los millones de mexicanos que viven en el extranjero ni los encarcelados que, estando más concernidos que nadie, no tendrán derecho en esta ocasión. En México hay decenas de miles de personas encarceladas sin un proceso justo en lo absoluto y sin sentencia aún.
Las encuestas han ido recogiendo los cambios de parecer de los mexicanos en los últimos meses, en principio ajenos al proceso y hoy con un 22,9%, según sondeos de la casa Enkoll, dispuesto a emitir un voto que muchos tachan de desinformado. Una semana antes de la apertura de urnas, menos de la mitad de los consultados sabía decir la fecha exacta de la elección. Pero la fuerza de movilización del partido gobernante siempre ha sido el fuerte de México y en los últimos días han salido a la luz con gran polémica papeletas impresas que sirven de guía para el voto, todas ellas con las preferencias morenistas, lo que ha azuzado aún más las críticas sobre el partidismo que impregnará a los nuevos jueces y magistrados. En un ejercicio lícito, ciudadanos anónimos han elaborado también instrumentos digitales para dar a conocer y calificar a los candidatos en función de su trayectoria o escándalos públicos, por si a alguien le pueden servir de orientación.
Es recurrente en México que los partidos deslegitimen el proceso antes, durante y después de ir a las urnas, acusándose de injerencias o malas prácticas en la campaña o en las votaciones. Pero en este caso el asunto pinta aún peor. Siendo Morena y sus aliados (el Partido del Trabajo y el Verde) los únicos que han creído en estas elecciones y las han llevado adelante, la oposición ha disparado sus críticas hacia el partidismo que impera en ellas. Más de dos tercios de los candidatos a jueces, dicen, serán afines a Morena, puesto que han sido el Legislativo y el Ejecutivo los encargados de seleccionar a los aspirantes, dado que el Poder Judicial declinó ese cometido, también con polémicas previas.
¿Votar o no votar? Esa es la cuestión que rumian miles de mexicanos todavía, a unas horas de que se abran las urnas para dar paso a un histórico proceso en el que tendrán que elegir a un desconocido que juzgará sobre sus vidas, si es que aciertan a rellenar con tino las boletas.
