Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha puesto en la parte más alta de su lista de prioridades exigir a los aliados de la OTAN que incrementen su gasto en defensa al 5% del PIB. En paralelo, Estados Unidos ha emprendido el desmantelamiento de USAID, la mayor agencia de cooperación al desarrollo del mundo, para dedicar esos recursos, entre otras cosas, a engordar el presupuesto militar. Bajo la presión de Trump, las principales economías europeas, algunos de los donantes de mayor peso en el sistema de ayudas internacionales, han seguido los pasos de Washington.
En un mundo asolado por los conflictos, las crisis humanitarias y el ascenso de la extrema derecha, representantes de más de 150 países se citan en Sevilla a finales de mes para discutir el futuro de la cooperación internacional y cómo dar continuidad a décadas de esfuerzos, que van desde la mitigación de la crisis climática y la atención de enfermedades hasta la defensa de los derechos humanos y la consolidación democrática.
El Centro para el Desarrollo Global, un laboratorio de ideas de Washington, cifra el coste humano de la ayuda retirada por la Administración de Trump en 3.824 muertes diarias por VIH/sida, 428 por malaria y 354 por tuberculosis, así como 1.504 fallecimientos cada día por carencias en el apoyo humanitario. El impacto puede ser mayor si la UE continúa con los recortes: los Veintisiete son el principal donante bilateral de ayudas oficiales al desarrollo, un 25% de los fondos totales, según Naciones Unidas.
Prioridades
El Gobierno de Alemania, el segundo país que más dona, anticipó en abril recortes en su presupuesto para la ayuda oficial al desarrollo en su acuerdo de coalición. Antes, el Reino Unido, el segundo donante europeo de más peso, había anunciado sus planes de reducir los apoyos hasta representar solo un 0,3% del PIB para 2027, el nivel más bajo desde 1999. Entre presiones de la extrema derecha, Francia también concretó un tijeretazo presupuestario del 35% en sus apoyos y anunció una comisión para evaluar la continuidad de sus programas en el extranjero.
En plena retirada de los principales donantes, Naciones Unidas pronosticó una caída sin precedentes del 20% en los fondos para la ayuda oficial al desarrollo en 2025, impulsada por “desafíos económicos y geopolíticos”, presiones para destinar los recursos públicos a otras áreas —como el gasto militar— y un “cambio de prioridades” en Occidente. En paralelo, las exigencias de Trump se abren paso por Europa: Alemania respalda el incremento del 5% del PIB en defensa, mientras que Francia y el Reino Unido tienen, al menos, la intención de aumentar sus presupuestos.
La deriva militarista impulsada por el republicano es más costosa que invertir en la construcción de la paz: entraña más gastos para los países occidentales y tiene efectos devastadores para los países en desarrollo. “No estamos invirtiendo en protegernos de una amenaza existencial como la crisis climática, pero estamos invirtiendo más en armas, es un completo sinsentido”, afirma Carlos Alvarado, expresidente de Costa Rica, un país altamente vulnerable al calentamiento global.
El caso de España, uno de los países que se resisten a aumentar el gasto militar a un 5% del PIB, es revelador. Pasar de poco menos del 1,3% del PIB al 2% en defensa, como pretende el Gobierno de Pedro Sánchez, supone invertir alrededor de 10.500 millones de euros más. Con ese dinero, el país cumpliría fácilmente la meta de destinar el 0,7% de su presupuesto en ayudas al desarrollo, como establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), apunta Oxfam Intermón.
El Gobierno español, en cambio, solo invierte el 0,25% del PIB en apoyos a otros países y nunca ha llegado al objetivo del 0,7% al que se comprometió por ley desde 1991. Tampoco lo ha hecho Estados Unidos, ni la inmensa mayoría. La media de los países donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE en 2023 fue del 0,37%, poco más de la mitad de lo que se comprometieron.
El debate es exactamente el mismo en otros sitios. El Reino Unido, por ejemplo, pretende pasar del 2,3% al 2,5% del PIB en defensa. La diferencia es un 0,2%, el mismo porcentaje que el Gobierno británico quiere dejar de invertir en el desarrollo de otros países. La parlamentaria laborista Sarah Champion aseguró que se trataba de un “falso ahorro”: un ahorro en apariencia que, en realidad, implica mayores gastos. “Deberíamos gastar nuestros fondos en prevenir [los conflictos] y no en sus consecuencias letales”, afirmó.
Pablo Martínez Osés, responsable de Cooperación Internacional de Oxfam Intermón, subraya que “no es una cuestión solo de números”, sino de prioridades en el uso de recursos públicos: decidir entre apostar por paliativos en el corto plazo o atender las causas de raíz. “Hay víctimas directas de estas decisiones”, advierte.
Los conflictos armados también aumentan los frentes que hay que atender. Desde la invasión de Rusia a Ucrania, los esfuerzos por respaldar al Gobierno de Volodímir Zelenski y atender la crisis que rodea al conflicto han tenido como efecto colateral un menor flujo de apoyos a los países en desarrollo, aquejados por los llamados conflictos olvidados o por crisis prolongadas. En 2023, los países africanos recibieron 5.300 millones de dólares [unos 4.600 millones de euros] menos en ayudas oficiales que el año anterior, según la ONU.
El ataque de la extrema derecha
Martínez Osés señala que después de siete años de aumentos leves, en 2024 bajó por primera vez el volumen de ayudas del comité de donantes de la OCDE; cayó un 7,1%. “Esto sucedió antes de la Administración de Trump, pero tiene una relación directa con el ascenso de la extrema derecha, que ha lanzado un ataque frontal contra el multilateralismo”, apunta. El regreso del republicano a la Casa Blanca no ha hecho más que acelerar una tendencia que se ha fraguado durante años.
“Las fuerzas conservadoras quieren que regresemos a los años sesenta”, afirma Aminata Touré, ex primera ministra de Senegal. Touré subraya las contradicciones de los movimientos ultra en los países desarrollados. Satanizan la inmigración irregular y se escandalizan por el extremismo religioso, pero a la vez arremeten contra la financiación para el desarrollo y los programas que combaten estos problemas en las comunidades de origen.
La exmandataria pone la mirada en la próxima Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, del 30 de junio al 3 de julio, en Sevilla. “El Sur Global tiene que resistir y unir fuerzas para ser un contrapeso frente a estos discursos”, señala Touré. “También tenemos que demostrar que invertir en el desarrollo de otros países es, de hecho, bueno para Europa”.
Sevilla supone la mayor oportunidad desde la última conferencia hace 10 años en Adis Abeba para pensar en un sistema internacional más equitativo y efectivo frente a las necesidades sobre el terreno. “Las instituciones actuales se han agotado”, señala Alvarado, que también participará en el encuentro. El expresidente costarricense plantea una disyuntiva: resistirse al cambio y mantener la inercia o convertir los problemas en una oportunidad para reformar los organismos multilaterales, su representatividad y su alcance.
Touré y Alvarado, miembros del Club de Madrid, coinciden en la necesidad de condiciones financieras más justas para los países en desarrollo. “Los países africanos piden prestado a una tasa cuatro veces más alta [que los países ricos]”, critica la exmandataria senegalesa. “Necesitamos una solidaridad mayor del sistema financiero”, enfatiza. “No estamos cumpliendo los objetivos de desarrollo y lo más importante, no le estamos cumpliendo a la población porque no tenemos a mano todos los fondos disponibles”, coincide el exmandatario.
Touré advierte de que la comunidad internacional debe asumir un enfoque de responsabilidades compartidas y resarcir las deudas históricas con los países del Sur Global. “Lo único que pedimos es justicia y eso es lo que vamos a exigir en Sevilla”, sentencia.
