Las cárceles de Marruecos se desbordan, a pesar de la continua construcción de nuevas prisiones, con más de 100.000 internos a finales de 2024 y un nivel de ocupación del 160% que ha forzado que hasta tres reclusos se agolpen en el espacio previsto para uno. Para paliar este hacinamiento inhumano, y reducir de paso el presupuesto penitenciario, el país magrebí acaba de estrenar un sistema de penas alternativas a la privación de libertad. Entre ellas se incluyen los brazaletes de vigilancia electrónica, el trabajo en beneficio de la comunidad o multas a cambio de días en prisión para delitos menores por los que decenas de miles de marroquíes acaban cada año entre rejas.
En el último decenio la población carcelaria se ha incrementado en un 40%, de acuerdo con el último informe anual de la Delegación General de la Administración Penitenciara y de la Reinserción (DGAPR), citado por la revista Tel Quel. Este organismo reconoce que no puede garantizar la salubridad en sus instalaciones a causa del hacinamiento, la falta de ventilación y el deficiente saneamiento. La inseguridad interna se ve además agravada por la circulación sin control de armas y sustancias prohibidas en las prisiones, mientras las medidas de reinserción, educación y formación resultan inaplicables.
Marruecos admite que está lejos de contar con un sistema penitenciario homologable con los estándares internacionales de dignidad humana. La ONG Observatorio Marroquí de las Prisiones (OMP) ha alertado de la situación de emergencia en las cárceles ante la creciente brecha entre la capacidad de los centros penitenciarios y el número real de internos. “Con un 160% de sobrepoblación carcelaria, se ha rebasado de largo el umbral que garantiza unas condiciones humanas de detención”, precisa su último informe publicado.
A cada preso le corresponden como media 1,73 metros cuadrados de espacio, menos de la mitad del mínimo requerido por la ONU en celdas colectivas. También se carece de instalaciones sanitarias separadas. La OMP propugna la concesión de indultos masivos, como el dictado por el rey Mohamed VI el 30 de julio, en la conmemoración del 26º aniversario de su entronización, para cerca de 20.000 condenados, así como la excarcelación de presos en situación vulnerable por edad o enfermedad.
En una circular difundida el miércoles, la Fiscalía de Marruecos constata que las penas cortas de prisión se han revelado ineficaces para prevenir la reincidencia, mientras su cumplimiento resulta además oneroso para el Estado. El Ministerio Público considera que la privación de libertad debe evitarse si no es indispensable por el tipo de delitos y apuesta por la aplicación de medidas alternativas. Un tribunal de Agadir (sur) dictó el día 22, fecha de entrada en vigor de la nueva normativa, un primer fallo en el que se sustituye la condena a dos meses de cárcel y 50 euros de multa por una multa por día de unos 30 euros, con un máximo de 1.800 euros, por un delito de venta ilegal de alcohol.
Del resto de medidas alternativas anunciadas, tan solo la de los brazaletes electrónicos ha sido puesta parcialmente en marcha. La de trabajo en beneficio de la comunidad no ha podido ser aún aplicada, así como otras penas sustitutivas (alejamiento de lugares de ocio, tratamientos de rehabilitación…), que deben concertarse con organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil. Los responsables de las instituciones penitenciarias han achacado los retrasos a las vacaciones de verano en un comunicado de la DGAPR.
Marruecos aspira a alinear así su sistema penitenciario con las recomendaciones del Consejo de Europa, de la UE y de Naciones Unidas, pero la Fiscalía admite que será complejo aplicar desde un principio las penas alternativas en algunas regiones del país, y que el coste y mantenimiento de los equipos de vigilancia electrónica limitará la extensión de su uso. En declaraciones a Tel Quel, Mulay Idris Akelman, director de Acción Social de la DGAPR, advierte de que la “puesta en marcha de las sanciones alternativas no depende solo de las instituciones penitenciarias”.
Estas medidas se aplican a los delitos penados con menos de cinco años de cárcel. El trabajo en beneficio de la comunidad podrá ejercerse en instituciones públicas y asociaciones que ofrezcan ayuda social o de caridad, y en servicios municipales o escolares. La nueva legislación prevé penas de tres meses de prisión y fuertes multas para quienes intenten desembarazase de los dispositivos electrónicos de vigilancia. La cuantía de la multa, establecida en función de los ingresos del condenado, oscila entre los 10 y los 200 euros por día de sanción. El Gobierno estima un ahorro presupuestario anual del orden de los 30 millones de euros con las medidas alternativas.
Los reincidentes están excluidos del nuevo sistema de penas, que tampoco serán de aplicación a los delitos contra la seguridad del Estado, terrorismo, corrupción, tráfico internacional de estupefacientes, blanqueo de dinero, explotación sexual de menores, tráfico de órganos o lesiones causadas con violencia.
Infracciones menores
La ONG Observatorio Marroquí de las Prisiones estima que la introducción de las penas alternativas ofrece una oportunidad para paliar la superpoblación carcelaria en Marruecos. Los centros penitenciarios viven una situación crítica, con más de 100.000 reclusos para menos de 70.000 plazas efectivas en las celdas de las prisiones, según el analista jurídico Raby Bukuraych, citado por la revista La Quotidienne. “La presión no solo se debe a una capacidad de acogida insuficiente en la Administración de prisiones”, precisa este letrado de Casablanca, “sino a la aplicación sistemática de penas privativas de libertad en casos de infracciones menores”.
Como resultado de esta situación, los presos se ven sometidos a duras condiciones de detención, agravadas por la alta densidad de internos en las celdas, concluye la mencionada ONG. Un estudio efectuado por la Fiscalía y la Administración penitenciaria apunta a que el impacto de las penas alternativas seguirá siendo limitado. Simulaciones de los resultados muestran que apenas 1.700 personas se beneficiarían de las nuevas medidas en un primer momento.
