Los abogados de Mahmud Khalil, el estudiante palestino de la Universidad de Columbia cuya detención en marzo desencadenó una ofensiva contra activistas o simpatizantes palestinos, han presentado este jueves una demanda de 20 millones de dólares por daños y perjuicios contra la Administración de Donald Trump, alegando que Khalil fue encarcelado sin base legal, enjuiciado y calumniado al ser calificado de antisemita mientras el Gobierno pedía su deportación por su destacado papel en las protestas contra la guerra de Gaza que el año pasado recorrieron los campus de EE UU. Khalil, símbolo de la ofensiva gubernamental contra las críticas a Israel en los campus, fue puesto en libertad el pasado 21 de junio tras pasar tres meses en un centro de detención de extranjeros en Luisiana.
La demanda acusa al presidente Trump y a otros funcionarios de montar una campaña desordenada e ilegal para “aterrorizarlo a él y a su familia”, comenzando por su arresto el pasado 8 de marzo en la residencia del campus donde vivía con su esposa, ciudadana estadounidense y encinta de ocho meses en el momento del arresto. Según ha informado este jueves la agencia Associated Press (AP), la reclamación se dirige contra el Departamento de Seguridad Nacional, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y al Departamento de Estado. La presentación de la misma acontece cuando el caso judicial de deportación contra Khalil, de 30 años, sigue su curso en los tribunales de inmigración pese a haber sido puesto en libertad.
En una entrevista exclusiva con la citada agencia, Khalil ha subrayado que el objetivo de su reclamación es enviar el mensaje de que no se dejará intimidar para que guarde silencio. “Están abusando de su poder porque se creen intocables”, ha dicho. “A menos que sientan que deben rendir cuentas de alguna manera, seguirán haciéndolo sin control”. En lugar de una reparación económica, también aceptaría una disculpa oficial y cambios en las políticas de deportación de la Administración republicana.
En un comunicado enviado por correo electrónico a AP, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional ha calificado de absurda la reclamación de Khalil y abundado en la lista de agravios de su Gobierno contra el estudiante de origen palestino, al acusarle de “comportamiento y retórica de odio” que amenazaban a estudiantes judíos del campus. El Departamento de Estado ha reaccionado a la demanda asegurando que sus acciones contra Khalil están plenamente respaldadas por la ley. A Khalil no se le llegó a acusar de ningún delito concreto, más allá del vago “antisemitismo” que supuestamente alentó.
Un juez federal de Nueva Jersey, el Estado al que fue conducido primeramente tras ser detenido, rechazó el pasado 11 de junio el argumento del Gobierno de que Khalil, residente legal en Estados Unidos, constituía una amenaza para la política exterior del país. La Administración republicana basaba tal afirmación en una añeja ley de inmigración que otorga al Departamento de Estado la facultad de solicitar la deportación de cualquier persona cuya presencia en el país se considere contraria a los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Según el titular del Departamento, Marco Rubio, la legislación, muy poco utilizada, podía aplicarse a Khalil por considerar que su presencia en EE UU alentaba la propagación de mensajes antisemitas.
Combatir el supuesto antisemitismo en los campus —en muchas ocasiones, no más que peticiones de alto el fuego en Gaza o proclamas en defensa de la población civil palestina— es el motivo expreso de la Administración republicana para desencadenar una ofensiva más amplia: una guerra casi sin cuartel contra las universidades, en especial las de Harvard y Columbia, que considera enemigas por liberales. Desde la detención de Khalil, en la tarde del sábado 8 de marzo, por supuestamente liderar las protestas propalestinas de Columbia en la primavera de 2024, han corrido la misma suerte que él decenas de estudiantes universitarios, mientras el Departamento de Estado escruta hasta la última huella digital de los aspirantes extranjeros a estudiar en las prestigiosas universidades estadounidenses.
La ofensiva de Washington contra Harvard, especialmente enconada, dio este miércoles un paso más al enviar citaciones administrativas a la institución para solicitar más datos sobre sus estudiantes internacionales. Paralelamente, dos agencias federales, Por otra parte, los Departamentos de Educación y de Salud y Servicios Humanos, iniciaron un proceso de impugnación de la acreditación de Harvard, basándose en la conclusión de la Administración de que la universidad había violado la ley federal de derechos civiles al no abordar adecuadamente lo que considera acoso a estudiantes y profesores judíos en el campus.
