El primer ministro de Francia, François Bayrou, seguía el jueves en su despacho del Palacio de Matignon. Pero, como ocurre en esas situaciones rocambolescas y faltas de toda corrección política, sus colegas hablaban delante de él como si no estuviera presente, como si ya se hubiera ido. Su caída está tan descontada, que se ha vuelto invisible para la clase política y la opinión pública francesa. Su mandato concluirá el lunes, en la sesión parlamentaria que él mismo convocó para someterse a una moción de confianza que nadie había solicitado. Un suicidio político. Y ahora solo importa qué ocurrirá el minuto después: elecciones o un nuevo gobierno. La novedad es que su sucesor en Matignon, después de ocho años, podría ser del Partido Socialista (PS).
Francia no tiene un primer ministro socialista desde Bernard Cazeneuve, que ocupó fugazmente el cargo entre diciembre de 2016 y mayo de 2017, al final de la presidencia de François Hollande. Después de él, con la llegada de Emmanuel Macron al Elíseo, ningún jefe del gobierno ha procedido del PS, el mismo partido que alumbró la carrera política de Macron. Pero ante el bloqueo que paraliza la política francesa desde que el jefe del Estado convocó hace algo más de un año unas elecciones legislativas que configuraron una Asamblea Nacional extremadamente fragmentada, en el Elíseo creen que ha llegado el momento de mirar hacia las filas socialistas. O al menos explorar esa posibilidad.
Macron pensó primero en proponer al actual ministro de Economía, Éric Lombard. Pero su vinculación con el PS queda ya muy lejos y es el autor del borrador de presupuesto que incluye los 44.000 millones de euros en recortes que han desencadenado la crisis. Por eso el jefe del Estado ha tanteado en los últimos días la hipótesis de nombrar a Olivier Faure, secretario del PS. Y el interesado, que se deja querer, ha anunciado estar “a disposición del jefe de Estado” para conversar sobre una posible entrada en el gobierno, aunque reclamó “un ejecutivo de izquierda”. Es decir, volver a barajar las cartas e incluir en determinados ministerios a miembros de su partido y del resto de la coalición del Nuevo Frente Popular, que ganó las últimas elecciones legislativas. El problema es que su estrategia y la de sus socios, especialmente de La Francia Insumisa (LFI), es muy distinta.
El partido de Jean-Luc Mélenchon pretende terminar de desgastar a Macron con la crisis y exige elecciones y la dimisión del jefe del Estado, algo parecido a lo que pide el Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen. El presidente de la República, que ha visto caer a cuatro primeros ministros durante su segunda legislatura (Bayrou es el tercero en poco más de un año), está muy tocado. Su nivel de popularidad alcanza, de hecho, su punto más bajo desde 2017. Solo el 15% de los franceses confía en él, un suelo incluso más bajo que en el momento de la crisis de los chalecos amarillos. A su lado, François Bayrou está en la misma situación. Únicamente el 14% de los franceses confía en él, su nivel más bajo desde su llegada a Matignon, con un 82% de los ciudadanos que no le tienen confianza.
Macron necesita una solución rápida y efectiva que permita incluir al PS en en el juego. Aunque no está claro por qué dicho partido querría ahora arriesgarse a arder en el fuego de la fragmentación parlamentaria y la deuda pública (de 3,3 billones de euros, es decir, el 113% del PIB) cuando falta medio año para las elecciones municipales y menos de dos para las presidenciales.
La moción de confianza del próximo lunes ha tenido también un giro inesperado y ha unido las posiciones de Horizons, del MoDem y de Renaissance —los grupos de centro— de cara al futuro. Tras la caída del Gobierno de Michel Barnier, a finales de 2024, y la anunciada salida de François Bayrou el lunes, los 161 elegidos del bando presidencial saben que es necesario ir más allá de sus propios grupos y de la derecha. Por eso defienden un acuerdo con el PS que evite un callejón político.
La carta socialista, en cualquier caso, cogió fuerza el jueves por la mañana, cuando el presidente de los diputados de Los Republicanos (LR), Laurent Wauquiez, aseguró que el partido de derecha no censurará “ni a un gobierno socialista ni a un gobierno del RN” para evitar “una inestabilidad catastrófica”. “No formamos parte de aquellos que hacen caer gobiernos en este país, simplemente (…) porque pienso que la inestabilidad es catastrófica para el país”. El problema es que no todo el mundo en su partido piensa igual.
Unas horas más tarde, el presidente de LR y ministro del Interior, Bruno Retailleau, mucho más a la derecha que Wauquiez, afirmó en un mensaje publicado en X que “no [podía] haber un cheque en blanco”. “Si un gobierno socialista llevara a cabo una política contraria a los intereses de Francia, el deber de la derecha sería impedirlo”, advirtió. Para Retailleau, “si LR aceptó entrar en el gobierno es precisamente para impedir que la izquierda acceda al poder”. Una visión más parecida a la del ex presidente de la República Nicolas Sarkozy, que también pidió que se convoquen unas nuevas elecciones legislativas.
Mientras tanto, Bayrou tiene por delante un fin de semana más de invisibilidad política hasta su caída definitiva.
