Si no puedes derrotarlos, huye y déjales sin quórum. Es la táctica que han adoptado los legisladores estatales demócratas en Texas: marcharse todos a una del Estado para tratar de impedir una reforma del mapa de los distritos electorales texanos. De resultar aprobados, esos cambios propuestos por la mayoría republicana beneficiarían de manera muy desproporcionada al partido gobernante y complicaría mucho los esfuerzos de la oposición para conseguir su gran objetivo en las elecciones de medio mandato el año próximo: recuperar el control de la Cámara de Representantes en Washington.
La reforma propuesta, apenas cuatro años después de la anterior y que cuenta con el respaldo entusiasta del presidente Donald Trump, debía votarse estos días en una sesión legislativa especial, convocada casi exclusivamente para tratar sobre la respuesta a las recientes inundaciones y, sobre todo, esta medida. De salir adelante, el cambio alteraría de modo drástico el dibujo de los distritos electorales de Texas: cinco circunscripciones ahora bajo control demócrata pasarían a contar con una fuerte mayoría republicana.
Es algo que causaría un enorme impacto en la política nacional estadounidense: garantizaría al partido en el Gobierno cinco escaños más en las elecciones de noviembre del año próximo, en las que estarán en juego todos los asientos de la Cámara de Representantes federal (435) y un tercio (33) de los del Senado. En la actualidad, los republicanos controlan la Cámara alta por 53 escaños frente a 47, y la baja por apenas cinco asientos. Los demócratas aspiran a arrebatarles al menos esta última.
Pero para poder votar los cambios en la Asamblea estatal, la legislación de Texas obliga a que al menos dos tercios de los diputados locales estén presentes. Esto es, al menos un centenar de un total de 150. Y la pasada noche 51 legisladores demócratas se marcharon en autobuses, automóviles compartidos y aviones hacia otros Estados, sobre todo Nueva York e Illinois, de mayoría demócrata, en señal de protesta y para bloquear la propuesta. No planean regresar hasta dentro de dos semanas: para entonces, la sesión legislativa especial convocada para votar el rediseño del mapa electoral habrá concluido.
Abandonar el Estado era imprescindible para que la estratagema fuera efectiva: de permanecer en su territorio, las leyes locales prevén que la Policía pueda llevarles al capitolio texano para participar en la votación. En una comparecencia junto al gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, los diputados huidos denunciaban lo que consideran un intento racista, injusto y autoritario del Partido Republicano de pasar una apisonadora sobre la voluntad de los votantes.
Su gesto ha desatado la ira de los republicanos. El gobernador de Texas, Gregg Abbott, de ese partido, ha amenazado con expulsar de sus escaños a los demócratas que no regresen de inmediato al Estado. También ha puesto sobre la mesa la posibilidad de exigir su extradición a los Estados que los han acogido, acusándolos de “delincuentes” por haberse marchado. El fiscal general del Estado, Ken Paxton, también republicano, ha amenazado con detenerlos.
Cuando menos, a cada uno de los 51 fugados la ausencia puede costarles muy cara. Literalmente. Su incomparecencia puede suponerles una multa de 500 dólares (unos 430 euros) diarios, o 7.500 dólares si finalmente se mantienen lejos las dos semanas previstas. Texas “usará todas las herramientas a nuestra disposición para localizar a esos que se piensan que están por encima de la ley”, escribía Paxton en su cuenta en la red social X. “Los demócratas en la Cámara baja de Texas que intenten huir como cobardes deben ser encontrados, detenidos y traídos de regreso al Capitolio local de inmediato”, agregaba.
Los demócratas defienden su decisión como necesaria para evitar que se acalle la voz de los votantes. “No estamos huyendo de nuestras responsabilidades”, declaraba en un comunicado el presidente del grupo demócrata en la Asamblea texana, Gene Wu, “nos hemos marchado de un sistema tramposo que rechaza escuchar a los votantes a los que representamos”.
Que los Estados revisen los mapas electorales una vez por década, cada vez que se completa un censo nuevo, es una obligación constitucional en Estados Unidos, para asegurarse de que los distritos representan adecuadamente a la población. Pero esta obligación ha dado pie a una práctica frecuente: rediseñar los distritos para asegurarse la victoria de republicanos o demócratas. Es algo tan frecuente que tiene su propia palabra en el vocabulario político nacional, “gerrymandering”.
El nombre alude al gobernador de Massachussetts Elbrige Gerry, que en 1812 propuso una reforma de distritos en su Estado descarnadamente partidista, hasta el punto de que el periódico Boston Gazette publicó una viñeta satírica de enorme éxito en la que asimilaba la forma del mapa que deseaba el gobernador al de una salamandra rampante. En el caso de Texas, lo inusual es que la reforma se ha acometido fuera del ciclo de cada decenio, y después de meses de presiones de Trump al gobernador Abbott y otros dirigentes republicanos para que la llevaran a cabo.
“El gobernador Abbott hace esto en sumisión a Trump, para que Donald Trump pueda arrebatar el poder y la voz a estas comunidades”, denunciaba Wu en una rueda de prensa desde Illinois este lunes. “No vamos a ser cómplices en la destrucción de nuestras propias comunidades. No estamos aquí para jueguitos políticos. Estamos aquí para exigir el fin de este proceso corrupto”.
Los demócratas han amenazado con tomar medidas similares en otros Estados para compensar la diferencia si Texas acaba rediseñando su mapa electoral. “Vamos a ir a por todas. Hay que ir a por todas cuando el líder del culto y aspirante a dictador le dice a Texas que tiene que cambiar las reglas del juego en plena partida porque saben que van a perder en 2026. Tenemos que ir a por todas”, ha declarado Pritzker en la misma rueda de prensa.
Pero el partido en la oposición tiene un margen de maniobra limitado. En Estados como Illinois o Nevada ya han llevado a cabo sus propios cambios que les favorecen de la misma manera desproporcionada. Y en otros, como Nueva York, California o Colorado, los cambios en las fronteras de los distritos están al cargo de comisiones independientes, no de las asambleas estatales.
