Bruselas sigue aumentando la presión sobre Rusia ante las maniobras dilatorias de Moscú para evitar avanzar hacia la paz con Ucrania. Menos de un mes después de haber aprobado el decimoséptimo paquete de sanciones, la Comisión Europea presenta este miércoles la nueva tanda de castigos, con la que busca minar aún más la economía rusa y su industria armamentista. Según los documentos que ha podido consultar EL PAÍS, el Ejecutivo europeo va a proponer en el decimoctavo paquete que el tope al precio del petróleo ruso se reduzca de los actuales 60 dólares por barril hasta los 45 dólares.
Ese límite, inferior a los 50 dólares inicialmente barajados, debe ser coordinado aún con el G-7 (los siete países más ricos del mundo), que es el foro que lanzó esta medida a finales de 2022, bajo la denominada “coalición para la limitación de precios” del petróleo ruso, con el objetivo de reducir los ingresos de Moscú en este sector fundamental para su economía y, sobre todo, para seguir alimentando su maquinaria bélica. El G-7 celebra del 15 al 17 de junio su cumbre anual en Alberta (Canadá). De ahí la importancia de tener una propuesta sobre la mesa que pueda llegar a tiempo a la cita internacional.
Además, los Veintisiete incrementarán la presión sobre otro elemento clave del Kremlin para conservar los ingresos petroleros: la flota fantasma rusa, que transporta el combustible sorteando las sanciones internacionales. Con la nueva propuesta, la lista de petroleros identificados supera la cifra de 400 buques. Se incluye, por primera vez, al capitán de uno de esos petroleros, de nacionalidad india, en su lista negra. Con ello, Bruselas espera reforzar el “efecto disuasorio” entre las navieras y otros implicados del sector que siguen participando en estas actividades ilícitas rusas. Las sanciones, como ya han hecho paquetes anteriores que buscan atacar la flota con la que Rusia intenta evadir las sanciones a su petróleo, también apuntan a empresas con sede en terceros países: Emiratos Árabes Unidos, Mauricio y Hong Kong, entre otros.
En el mismo sentido va otra propuesta para sancionar a una entidad involucrada en el sector del gas licuado (GNL) ruso, en el marco de los planes de la Comisión de prescindir de todo gas procedente de ese país para 2027. En ese sentido, y tal como había adelantado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el decimoctavo paquete de sanciones también plantea una “prohibición de transacciones” sobre los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Aunque actualmente están inutilizados, la idea es “prevenir la reanudación de suministro de gas natural a través de esos gasoductos” para frenar su “potencial de generación de ingresos” en el futuro, aduce Bruselas.
El decimoctavo paquete, que también tiene varias propuestas financieras y que deberá recibir aún el visto bueno de los Veintisiete, logra además una marca simbólica: si salen adelante todas las propuestas, la lista de individuos sancionados desde el comienzo de la guerra rusa en Ucrania superará los 2.500. También aumenta la presión sobre uno de los principales aliados de Moscú, Bielorrusia, al sancionar a cuatro empresas bielorrusas activas en los sectores militar y defensivo, de acuerdo con el borrador. La idea es ampliar el actual embargo de armas, que hasta ahora solo cubre las exportaciones de la UE a Bielorrusia, para que incluya también las importaciones de armas desde ese país satélite de Moscú al bloque europeo.
