El último ataque ruso contra Kiev ha tocado muy de cerca a la Unión Europea. En vísperas de que los ministros de Defensa y Exteriores europeos se reúnan por primera vez tras la pausa estival para discutir cómo aumentar la ayuda militar a Ucrania y presionar más a Rusia con nuevas sanciones ya en septiembre, misiles rusos cayeron de nuevo este jueves sobre la capital ucrania, causando la muerte de al menos 21 personas y provocando destrozos en un centro comercial, edificios residenciales y la sede de la delegación europea. Un ataque que refuerza la premisa europea, frente a los vaivenes del Estados Unidos de Donald Trump, de que el presidente ruso, Vladímir Putin, no tiene intención de parar por ahora la guerra que lanzó hace ya más de tres años.
El ataque contra Kiev, afirmó este jueves la alta representante para Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, en redes sociales, “muestra una decisión deliberada de escalar y burlarse de los esfuerzos de paz. También la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó un ataque que constituye “otro recordatorio sombrío de lo que está en juego” en estos momentos. La alemana participó la semana pasada en la cumbre de la Casa Blanca para apoyar junto con varios líderes europeos al presidente ucranio, Volodímir Zelenski, durante su encuentro con Trump, al que consiguieron arrancar un compromiso vago de que Washington participará en futuras garantías de seguridad para Ucrania.
A pesar de la ambigüedad, en Europa las promesas de Trump han sido acogidas con optimismo. Al fin y al cabo, es la primera vez durante el mandato del republicano que Estados Unidos se involucra en las discusiones y preparativos, señalan fuentes europeas bajo condición de anonimato. Es algo que no sucedió durante las primeras reuniones de la denominada coalición de voluntarios para Ucrania, entre marzo y hasta julio.
Un nuevo paquete de sanciones para septiembre
Ante las nuevas maniobras dilatorias, de las que ya habían advertido estos líderes a Washington, Europa considera que es el momento de continuar y aumentar la presión sobre Rusia. Que es el único lenguaje, subraya, que entiende Moscú.
Los ministros de Defensa y de Exteriores se reúnen este viernes y sábado, respectivamente, en Copenhague de manera informal —sin toma de decisiones— con la guerra de Ucrania como prioridad. Mientras los responsables de Defensa discutirán la ayuda militar, los de política exterior tienen un punto explícito en la agenda: “Aumentar la presión sobre Rusia, incluso mediante sanciones y la lucha contra la flota fantasma de Rusia”, señala el programa danés, en referencia a los buques que transportan ilegalmente crudo ruso. La idea, apuntan fuentes comunitarias, es que se acelere el proceso sancionador. Tanto Kallas como Von der Leyen han manifestado su esperanza de que los Veintisiete den el visto bueno al decimonoveno paquete de sanciones lo antes posible, incluso en septiembre, apenas dos meses después de haber aprobado el decimoctavo.
En Copenhague se buscará, además, recopilar todas las ideas posibles en torno a cómo seguir ejerciendo presión sobre Rusia. Incluidas, eventualmente, sanciones secundarias, que penalizan a los países que permiten a Moscú eludir el castigo de la UE. Las primeras de este tipo ya se adoptaron en el último paquete, aprobado a mediados de julio: entre otros, se incluyó en la lista negra a la mayor refinería en la India de Rosneft, la segunda mayor empresa pública rusa tras Gazprom. Igualmente, se señaló a varios bancos chinos que “facilitan la evasión de sanciones”, además de “bloquear la exportación de tecnología usada en drones”, según explicó Kallas al desgranar algunos detalles de la medida.
La idea ahora es abundar en este tipo de castigo. E incluso ir más allá aún: según adelantó Bloomberg y confirman fuentes en Bruselas, algunos países plantearán en Copenhague la posibilidad de aplicar, por primera vez, la denominada “herramienta antielusión”, aprobada en 2023 en el undécimo paquete de sanciones y que busca impedir que terceros países ayuden a Rusia a evitar las sanciones. El mecanismo, considerado una “medida excepcional y de último recurso”, le permite a la UE restringir la venta, el suministro, la transferencia o la exportación de determinados bienes y tecnologías objeto de sanciones a determinados terceros países y territorios que se considere que presentan un riesgo constante y especialmente alto de elusión.
En busca de más fondos para Ucrania
Sobre la mesa está también una discusión muy abierta todavía respecto de los activos congelados a Rusia desde el comienzo de la guerra, alrededor de 300.000 millones euros de los que una buena parte, hasta 210.000 millones, están almacenados en territorio europeo, sobre todo en la entidad de gestión Euroclear, con sede en Bélgica.
“Avanzamos en los trabajos sobre los activos congelados rusos para contribuir a la defensa y reconstrucción de Ucrania”, ha dicho Von der Leyen al respecto, sin dar más detalles.
En estos momentos, la UE solo utiliza los intereses generados por estos activos para ayudar financieramente a Ucrania —la mayor parte se destina al rearme, y una proporción menor a la reconstrucción— y como garantía del préstamo de hasta 50.000 millones de dólares (unos 43.000 millones de euros) para Ucrania acordado durante la cumbre del G-7 de 2024 en Italia.
Varios países, como España, han planteado abiertamente desde hace tiempo usar el capital en sí, y no solo los beneficios que genera, para ayudar a Ucrania. Una propuesta que, sin embargo, se topa con la firme oposición de otros socios comunitarios, especialmente Bélgica, muy temerosa de las consecuencias legales y el impacto en la credibilidad internacional que podría tener una decisión que afectaría sobre todo a una empresa en su territorio.
“Legalmente, incautarse de ese dinero no es fácil”, advirtió su primer ministro, Bart De Wever, esta misma semana desde Berlín. “Es como la gallina de los huevos de oro. Deberíamos mantener esa gallina y, al final, cuando hablemos de un tratado de paz, entonces podemos poner a la gallina sobre la mesa. Pero hasta entonces, lo mejor es mantener la situación tal como está”, agregó.
El problema, apuntan fuentes europeas, es que actualmente faltarían varios miles de millones de euros para llegar a cumplir con los compromisos adquiridos con Ucrania hasta el año que viene. Por lo que se está buscando dinero hasta debajo de las piedras. El debate, señalan estas fuentes bajo condición de anonimato, no tiene que limitarse únicamente a si se usan o no los fondos congelados, sino que también se podrían explorar otras vías, como intentar que rindan más los beneficios logrados del fondo que reúne los activos congelados con inversiones diferentes —y quizás algo más arriesgadas— de las que se realizan hasta ahora. Es la primera vez que esta cuestión, ya discutida en junio por los ministros de Finanzas de la UE, se plantea formalmente ante los responsables de Exteriores, si bien cualquier decisión al respecto deberá ser tomada por los jefes de Estado y de Gobierno.
Mientras los debates comienzan en Copenhague a partir de este viernes, Von der Leyen iniciará una gira de varios días por siete de los Estados vecinos de Rusia —Letonia, Finlandia, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria y Rumania— para “manifestar la completa solidaridad de la UE” y detallarles “los avances hacia la construcción de una industria europea de defensa fuerte, especialmente con el instrumento SAFE”, el mecanismo europeo dotado con hasta 150.000 millones de euros para compras conjuntas de armamento, del que España ha solicitado este verano unos 1.000 millones. Bruselas debe presentar además en octubre a los líderes de la UE una hoja de ruta, con calendario y planes de actuación concretos, para cumplir la meta fijada de impulsar los planes europeos de rearme para 2030.
