La Unión Europea ha anunciado este jueves un acuerdo con Israel que permitirá un mayor acceso y distribución de ayuda humanitaria internacional en Gaza, hasta ahora fuertemente bloqueada por el Gobierno de Benjamín Netanyahu pese a las necesidades acuciantes que vive la Franja. El pacto, del que no se han dado muchos detalles, se conoce en vísperas de que se reúnan en Bruselas, el próximo martes, los ministros de Exteriores de la UE. Los jefes de las diplomacias europeas deberán decidir qué pasos dar respecto del Acuerdo de Asociación con Israel, que regula las relaciones bilaterales, después de que se constatara que el Estado judío ha violado los derechos humanos de los gazatíes con la ofensiva sobre la Franja. Las propuestas concretas sobre qué hacer con este marco figuran en un documento de cinco páginas al que ha tenido acceso EL PAÍS. La lista de 10 opciones incluye desde sanciones individuales a ministros israelíes por su actuación en Gaza hasta un embargo de armas, pero es muy improbable que prosperen porque la mayoría requiere unanimidad de los Estados miembros.
“Hemos logrado hoy un acuerdo con Israel para ampliar la ayuda humanitaria a Gaza”, ha anunciado en las redes sociales la alta representante para Política Exterior de la UE, Kaja Kallas. Su oficina ha enviado este mismo jueves a las capitales su propuesta con opciones sobre el futuro del Acuerdo de Asociación para que los ministros decidan hasta dónde quieren elevar la presión sobre Israel.
Según un comunicado del Servicio de Acción Exterior (SEAE), el acuerdo humanitario anunciado este jueves incluye, entre otros, un “aumento sustancial” del número de camiones diarios para la entrada en Gaza de alimentos y productos no alimenticios, aunque no se especifica una cifra. Antes del ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre de 2023 y de la consiguiente ofensiva militar israelí en la Franja, cada día entraban una media de 500 camiones a Gaza con ayuda humanitaria. Se espera que el nuevo acuerdo posibilite el ingreso, al menos, de algo más de un centenar de vehículos a partir de ahora, según indicaban fuentes comunitarias durante las negociaciones del pacto.
Este también prevé la apertura de varios pasos fronterizos tanto en la zona norte como sur de la Franja, así como la reapertura de las rutas de ayuda jordana y egipcia. Además, Israel deberá permitir la distribución de suministros alimentarios a través de panaderías y cocinas públicas en toda la franja de Gaza, la reanudación de los suministros de combustible para uso de las instalaciones humanitarias hasta un nivel operativo y la reparación y facilitación de obras en infraestructuras vitales, como la red eléctrica para la planta de desalinización de agua. De igual manera, Israel deberá garantizar la protección de los trabajadores humanitarios, según la UE.
“Estas medidas se están aplicando o se aplicarán en los próximos días, en el entendimiento común de que la ayuda a gran escala debe entregarse directamente a la población y de que se seguirán tomando medidas para garantizar que no se desvíe ayuda a Hamás”, subraya el comunicado de la oficina de Kallas, que está de viaje en Malasia. La estonia, por su parte, ha subrayado en X: “Contamos con Israel para que cumpla cada medida acordada”.
No es una advertencia vacía. Los ministros de Exteriores deberán debatir, en su cita de Bruselas del martes próximo, las opciones sobre qué hacer con el Acuerdo de Asociación que países como España piden suspender del todo, ante las violaciones de los derechos humanos que la UE ha constatado oficialmente que comete Israel en Gaza.
Esa posibilidad, incluso si llega a plantearse, está prácticamente descartada, en vista de que requeriría una unanimidad lejos de lograrse, dadas las abiertas reticencias continuadas de varios países —desde Alemania a Austria, Hungría o Polonia— a dar pasos concretos que se vean como una censura a Israel. Pero desde luego es una de las opciones que van a estar sobre la mesa el martes porque figura en el listado de posibles salidas que ha planteado la estonia a los Estados miembros.
No es la única alternativa que se plantea. Hay otras nueve, cuyos detalles varían entre las que requieren la unanimidad de los Estados miembros a las que solo pasan por un acto delegado de la propia Comisión Europea, pasando por las que requieren mayoría cualificada. Esta vía de aprobación es la que exige, por ejemplo, la suspensión parcial de partes comerciales del acuerdo. Es decir, hace falta la aprobación del 55% de los Estados siempre que aglutinen al 65% de la población del bloque comunitario. Pero también esos números son difíciles de conseguir, reconocen diversas fuentes conocedoras de las negociaciones.
Entre las opciones barajadas se contemplan posibles sanciones individuales por la violación de los derechos humanos, aplicables a ministros israelíes, restricciones comerciales, un embargo de armas, como también han reclamado varios países ya abiertamente, o la suspensión de programas de cooperación científica y académica. Entre estos está el Erasmus+ o el Horizon. Pero, como en el caso de la congelación total del acuerdo, esas medidas exigen unanimidad.
Del documento presentado por Kallas se deduce que va a ser muy difícil armar una mayoría para que la UE actúe contra Israel pese a haber constatado que vulnera los derechos humanos, puesto que la mayoría de acciones precisa unanimidad o mayoría cualificada. Solo la suspensión de visados para viajar podría aplicarse con más facilidad, puesto que depende solo de la Comisión Europea, pero dada la actitud contemporizadora que ha tenido la presidenta Ursula von der Leyen con Israel durante todo el conflicto, se antoja difícil imaginar que la alemana esté dispuesta a dar ese paso, salvo que haya una gran presión por parte de las capitales.
Una mayoría significativa de Estados —17 de 27— acordaron a finales de mayo revisar el artículo 2 del acuerdo, que establece que las relaciones entre las dos partes “se basarán en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos”. Un mes más tarde, el servicio jurídico de la oficina de Kallas les presentó un informe en el que se constataba que “existen señales de que Israel incumpliría sus obligaciones en materia de derechos humanos en virtud del artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel”.
Pese a ello, los Veintisiete todavía no han tomado una medida decisiva y han preferido dar pasos tímidos. Antes que nada, pidieron a Kallas que presentara el informe a Israel. El motivo, argumentan diversas fuentes diplomáticas, es que el objetivo no es necesariamente castigar al Gobierno de Netanyahu —menos aún, dicen los más reticentes, en pleno conflicto abierto también con Irán— sino provocar un cambio de actitud y que permita de una vez la entrada suficiente de ayuda humanitaria a Gaza.
Y ahí entra en juego este acuerdo ahora anunciado. Aunque los plazos —en principio se esperaba que fuera aprobado el fin de semana pasado, para tener tiempo suficiente de comprobar si se ponía de verdad den marcha— son muy cortos para poder afirmar que se ha producido un giro suficiente en la política israelí, es más que probable que los países que solo buscaban un cambio de actitud consideren que la misión está cumplida y que no hace falta tocar el Acuerdo de Asociación.
