Estados Unidos muestra la magnanimidad del vencedor: con la presa entre los dientes, la fiscal general, Pam Bondi, destacó la “cooperación” con México para la captura de delincuentes como Ismael El Mayo Zambada, que este lunes se declaraba culpable en el tribunal de Nueva York que preside el juez Brian Cogan, el mismo que metió entre rejas al Chapo Guzmán y otros capos de la droga. El agradecimiento a las autoridades mexicanas supone un balón de oxígeno para el Gobierno de Claudia Sheinbaum, que tantas veces se ve obligada a defender su territorio de las incursiones y amenazas estadounidenses y a criticar la “hipocresía” de declarar a los carteles organizaciones terroristas para después llegar a acuerdos con los grandes narcotraficantes. Las palabras de El Mayo, sin embargo, no pueden sino poner en guardia a toda la clase política mexicana, con quienes ha negociado durante décadas para servir a sus propósitos criminales: “La organización que encabecé alentó la corrupción en mi país al pagar a policías, comandantes militares y políticos que nos permitieron operar libremente”, ha dicho quien ha sido el jefe del gran cartel de Sinaloa, una de las organizaciones más inclinadas a mercadear con el poder político.
Al declararse culpable de dos cargos, Zambada, de 77 años, acepta pasar el resto de su vida en prisión sin optar a la libertad condicional. A principios de este mes, los fiscales eliminaron la posibilidad de pedir la pena de muerte, un gesto que preparó el terreno para el pacto entre el capo y Washington. “Cuando tratamos con [acusados de] México, no podemos pedir la pena capital, es un acuerdo que tenemos con las autoridades mexicanas. Pero este tipo tiene 77 años y vivirá igual que si estuviera en el pabellón de la muerte”, ha asegurado Bondi en tono triunfalista: “El Mayo pasará el resto de sus días detrás de las rejas”.
El Mayo Zambada es caza mayor. Desde su detención en julio del año pasado, traicionado por sus socios, los hijos del Chapo, se supo que Estados Unidos tenía entre sus manos una granada de alto poder político que puede poner en graves aprietos a decenas de gobernantes y autoridades policiales y militares. La colusión entre la clase política y el narcotráfico es moneda corriente en México, máxime cuando una organización se pasa décadas dándole a la manivela del negocio millonario sin que se atrape a los máximos responsables, algo que Estados Unidos recrimina recurrentemente.
El presidente Donald Trump no ha soltado la cantinela en el tiempo que lleva de gobierno, obligando a Claudia Sheinbaum a enviarle a 55 delincuentes ya encarcelados para aplicar su propia justicia y sacar provecho de sus declaraciones, que no dejan de darle la razón: en las prisiones mexicanas el delito prosigue y buena parte del Estado, ya sean gobernadores, presidentes municipales o secretarios de Seguridad participan del entramado mafioso.
“El Gobierno mexicano tendrá que decidir ahora si opta o no por una defensa ramplona basada en el patriotismo, porque la verdadera traición no está en el hecho de ser exhibidos en una corte internacional, sino en que sean protegidos y no se les juzgue efectivamente”, apunta Carlos Flores, experto en Seguridad del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas).
La amenaza contra la clase política mexicana estaba latente desde que dos de los hijos del Chapo, Ovidio y Joaquín, acabaron en manos de la justicia estadounidense, en 2023 y 2024, respectivamente, y ambos alcanzaron ciertos acuerdos con las autoridades judiciales de aquel país. Es mucha la información que manejan y los expertos en seguridad dan por hecho que tras la entrega de dos remesas de criminales encarcelados, a petición de Trump, les tocará el turno a los políticos. La retirada de visas para viajar a Estados Unidos ha sido una de las pistas que el gobierno del magnate republicano ha ido dejando caer como miguitas de pan contra algunos gobernantes, tal es el caso de la gobernadora de Baja California, Pilar Ávila.
Si la detención del Mayo ha abierto una guerra entre carteles en Sinaloa que se ha cobrado ya centenares de víctimas, no será menor la polvareda política que se avecina si el criminal empieza a cantar, algo que su abogado, Frank Pérez, rechaza: “No va a hablar de nadie”, ha dicho. “El acuerdo con Estados Unidos es de dominio público, no se trata de cooperación, [El Mayo] quería reconocer su culpabilidad. La información que él tiene se queda con él”, ha asegurado. Pero en estos casos, la palabra de un abogado vale tanto como la del delincuente y aún más, como las de los gobiernos implicados. Tan difícil resultará conocer los términos de los acuerdos alcanzados como las futuras repercusiones políticas.
“Las expectativas de obtener información es alta y eso ha influido en la negociación de los acuerdos, como también es probable que Estados Unidos utilice esos conocimientos para procesar a otros actores, tanto delincuentes como de la clase política o empresarial. Tantas décadas de El Mayo al frente del cartel ofrecen un caudal de conocimiento directo sobre otros implicados, algo que ya se ha vislumbrado en juicios como el de García Luna, secretario de Seguridad en tiempos de Felipe Calderón”, dice Flores, quien cree que ahora “fluirá más” con una alta capacidad de “cimbrar no solo a los gobiernos mexicanos del pasado, también a los de periodos inmediatos”, a quienes les puede hacer más daño por estar gobernando en la actualidad.
Es posible que salgan a relucir pactos de impunidad e intercambio de recursos para las campañas electorales, por ejemplo, vaticina el experto. “Lo que yo quisiera ver ahora es una madurez política dispuesta a la cooperación más allá de las filias y fobias y los colores partidistas. A México le conviene sacudirse esta estructura que ha operado a la vera de los Estados y que tanta violencia viene generando”, expresa Flores. No será fácil: desvincular por completo el narcotráfico del poder político sería tanto como alumbrar un nuevo México.
Las autoridades estadounidenses afirman que bajo el mando de Zambada, el cartel sinaloense trasladó a su país unas 15.000 toneladas de cocaína. La fiscal general lo atribuye al soborno de “funcionarios del Gobierno y fuerzas de seguridad mexicanas”, quienes protegían a empleados de la organización criminal y las rutas de exportación de las drogas. De acuerdo con los funcionarios, Zambada viró su negocio para “inundar” el país norteamericano de heroína y fentanilo, un opiáceo sintético que ha provocado una epidemia con más de 70.000 víctimas anuales.
El Gobierno estadounidense ha empleado un tono triunfalista para referirse a la caída del capo. “El Mayo morirá en una prisión estadounidense, adonde pertenece”, aseguró Bondi, quien se acompañó en su conferencia de prensa de los fiscales que representan muchas de las jurisdicciones que, durante décadas, recibieron la droga que el Cartel de Sinaloa.
El nombre de Zambada, el llamado Jefe de Jefes, aparece al menos en 16 causas judiciales federales abiertas en todo el país. Terry Cole, el encargado de la agencia antinarcóticos, la DEA, aseguró que el pacto “colapsa el mito de que los grandes capos están fuera del alcance de la justicia estadounidense”. Cole aseguró que el proceso judicial contra El Mayo se construyó con la ayuda de agentes en Bogotá y Madrid. El próximo paso, según las autoridades estadounidenses, será anunciar la incautación de una “muy fuerte” suma de dinero en efectivo. Los documentos judiciales señalan que Washington busca incautarse de cerca de 15.000 millones de dólares en bienes vinculados con el capo.
