Con el inicio del curso político, la tensión entre el Gobierno turco y la principal formación de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP, centroizquierda), ha vuelto a dispararse. Va, de hecho, camino del enfrentamiento abierto a medida que se intensifica la presión policial y judicial sobre los socialdemócratas, con detenciones, medidas cautelares y juicios que amenazan con dividir la formación opositora y revertir, así, su auge electoral.
Este lunes, la sede provincial del CHP en Estambul —la principal agrupación del partido, con alrededor de un cuarto de los casi dos millones de militantes que tiene a escala nacional— amaneció rodeada por cientos de agentes antidisturbios. El extraordinario despliegue policial, que obligó a cortar varios carriles de arterias imprescindibles para el ya de por sí poco fluido tráfico de la metrópoli turca, buscaba garantizar la entrada y toma de posesión del interventor designado por un tribunal turco la pasada semana. Esa instancia anuló cautelarmente el último congreso provincial del partido, celebrado en 2023, y depuso a su presidente provincial, Özgür Çelik, al que se acusa de haber comprado votos para acceder al cargo.
Los socialdemócratas, sin embargo, rechazan estas imputaciones y alegan que un tribunal ordinario no tiene potestad legal para decretar la intervención ni anular un congreso de una formación política —que, además, fue refrendado por la junta electoral— y acusan al Ejecutivo de Recep Tayyip Erdogan de estar detrás de esta medida judicial en su estrategia por construir una “oposición a su medida”.
La represión contra el CHP se intensificó el pasado marzo, con la detención de Ekrem Imamoglu, alcalde de Estambul y candidato de la oposición para hacer frente a Erdogan en las próximas presidenciales, y cuyo arresto motivó las mayores protestas de la última década en Turquía. Desde entonces, más de 200 individuos vinculados al partido opositor, incluidos 14 alcaldes, han sido enviados a la cárcel.
Además, el partido socialdemócrata y sus dirigentes se enfrentan este mes a una docena de juicios. Entre ellos uno similar al emprendido contra la agrupación provincial de Estambul, pero que busca la anulación del congreso nacional del partido y la deposición de su actual líder, el combativo Özgür Özel, bajo cuyo mandato el CHP ganó las elecciones municipales del año pasado y quien, según las encuestas, ha elevado la intención de voto hasta empatar o sobrepasar ligeramente al partido islamista de Erdogan, en el poder desde 2002.
Según la prensa turca, los tribunales barajan imponer en su lugar al anterior dirigente centroizquierdista, Kemal Kiliçdaroglu, que en sus trece años al frente del CHP no logró vencer una sola elección al partido de Erdogan y que fue derrotado por Özel en el Congreso de 2023.
“Las sedes del CHP son las casas del pueblo. Llegará un día en que os avergonzaréis de lo que habéis hecho, y no quedará nadie para defenderos”, afirmó Özel en un duro discurso contra el Gobierno en el que prometió continuar resistiendo y “no doblegarse” ante la represión.
Choques con la policía
Los agentes de policía, acompañados de camiones de agua a presión y autobuses para cargar detenidos, se habían comenzado a desplegar durante la noche del domingo al lunes alrededor de la sede provincial del CHP y a lo largo de varias horas nocturnas se produjeron encontronazos con los militantes socialdemócratas que trataban de acceder al edificio. También hubo caceroladas en numerosos barrios votantes de la oposición.
Las protestas se reiniciaron el lunes por la mañana, pese a que la delegación provincial del Gobierno decretó la prohibición de manifestaciones durante tres días. También desde la noche del domingo, las autoridades redujeron el ancho de banda de internet, bloqueando numerosas redes sociales y obstaculizando el funcionamiento de las aplicaciones de mensajería.
En el interior del edificio se hallaba Çelik, el jefe provincial, acompañado de varios diputados, que se hicieron fuertes en los pisos más altos, bloqueando ascensores y escaleras con el mobiliario de la sede. En el exterior, al otro lado de la barrera policial, protestaban cientos de militantes de agrupaciones locales y decenas de parlamentarios del CHP, que forcejearon durante toda la mañana con los agentes.
“Ignorar las órdenes judiciales e intentar obligar a la gente a salir a la calle es un claro desafío al Estado de derecho. Nadie está por encima de la ley. El Estado tomará medidas firmes contra cualquier intento de ilegalidad”, advirtió el ministro de Interior, Ali Yerlikaya.
El interventor designado por la justicia es Gürsel Tekin, exjefe provincial del partido en Estambul y miembro de la anterior dirección nacional. En febrero, Tekin había anunciado su marcha del CHP por haberse “alejado de su identidad política”, si bien no llegó a formalizar su renuncia. Ahora se enfrenta a un proceso de expulsión.
Tras llegar a la sede del CHP, Tekin fue recibido por los militantes socialdemócratas al grito de “vendido” y “traidor” y se le lanzaron botellas de plástico, hasta que, con ayuda de los antidisturbios —que hicieron uso abundante del gas lacrimógeno—, logró entrar a la sede.
En declaraciones a los medios, Tekin defendió que no es un interventor, sino un “miembro del partido” cuyo cometido es “solucionar los problemas cuanto antes”. Además, se mostró dispuesto a reunirse con el líder nacional del partido y examinar su petición de que, este mismo mes, se celebre un congreso extraordinario para elegir una nueva dirección provincial. “Hay que mantener la identidad institucional del partido y no caer en las provocaciones”, subrayó.
Con todo, la actual dirección del CHP cree que los anteriores dirigentes están siguiéndole el juego a Erdogan y rechazan reconocer a los interventores: “El CHP de Estambul solo tiene un líder, Özgür Çelik. La decisión del tribunal es ilegal y, por tanto, no la reconocemos”, explicó a EL PAÍS la vicepresidenta del partido Gökçe Gokçen. Tampoco está nada claro cómo Tekin o eventuales nuevos interventores podrán gestionar el partido, dado el rechazo que despiertan entre la mayoría de afiliados. Varios analistas creen que la actual crisis puede terminar con una escisión de la principal formación opositora.
La economía turca también se ha resentido. El índice BIST-100 de la Bolsa de Estambul ha caído un 7% en la última semana. Si la cotización internacional de la moneda nacional, la lira, se ha mantenido relativamente estable ha sido, según la prensa económica, únicamente porque el Gobierno ha vendido reservas en divisas extranjeras por el equivalente a 5.000 millones de dólares (casi 4.300 millones de euros).
“Pongan fin a estas ilegalidades de inmediato”, dijo desde la cárcel Ekrem Imamoglu. “Dejen de ahogar las esperanzas del pueblo, de empobrecerlo aún más y de hundir al país cada día en el caos”.
