Aparentaba ser una empresa más de vigilancia privada, pero era un grupo de exterminio. Un grupo formado por militares en activo y retirados que ponía precio por espiar y asesinar, incluso a importantes autoridades del Estado brasileño. El grupo se autodenominaba Comando C4, un acrónimo de Comando de Caza a los Comunistas, Corruptos y Criminales, y los detalles de su modus operandi empezaron a ver la luz este miércoles tras una operación de la Policía Federal.
El juez que lleva el caso decretó la prisión preventiva de cinco de los detenidos e impuso tobilleras electrónicas a otros cuatro investigados, además de ordenar varios registros en los que los agentes se incautaron de documentación sobre los servicios que el grupo ofrecía.
En casa de un coronel retirado del Ejército, Etevaldo Caçadini, la policía encontró jugosos documentos con tablas donde se detallaban los precios para espiar o asesinar autoridades del Tribunal Supremo Federal y del Congreso. Los precios variaban según el objetivo: un juez de la máxima corte judicial, 250.000 reales (44.000 dólares), un senador, 150.000; un diputado, 100.000; y un ciudadano de a pie, 50.000. Por los precios, considerados bajos, la policía cree que esas tablas hacían referencia al espionaje. Matar sería bastante más caro.
En este particular Excel aparece incluso una línea dedicada a “costes diversos” donde se incluye la contratación de prostitutas y prostitutos que supuestamente se utilizaban para tender trampas a los objetivos. Los investigadores resaltan que el Comando C4 actuaba con un alto grado de organización, con tácticas militares, métodos de infiltración social y tecnología de vigilancia de punta, como el uso de drones.
En los celulares de los sospechosos se encontraron multitud de fotos de las personas espiadas, como prueba de que se estaba haciendo el trabajo, y en los diálogos interceptados surgieron varios nombres de posibles víctimas: el juez del Supremo Alexandre de Moraes (enemigo número uno del bolsonarismo), su colega Cristiano Zanin (que antes fue el abogado que sacó de prisión al presidente Luiz Inácio Lula da Silva) y el expresidente del Senado Rodrigo Pacheco. La policía cree que la vigilancia estaba vinculada a planes de posibles ataques, aunque de momento no ha informado sobre planes homicidas inminentes.
La policía llegó a esta supuesta trama de espías y sicarios tirando del hilo a partir de un crimen concreto: en diciembre de 2023, el abogado Roberto Zampieri, de 56 años, estaba dentro de su coche frente a su oficina en Cuiabá (en el estado de Mato Grosso) cuando un hombre se acercó a la ventanilla y efectuó una decena de disparos. Murió en el acto.
Poco después, la policía arrestó al asesino, a la mujer que encargó el crimen y al intermediario que facilitó la contratación del sicario. Quien puso el dinero (unos 7.000 dólares) fue el coronel Caçadini, preso desde enero del año pasado. Tras el asesinato, la policía accedió al celular del abogado y descubrió indicios de que actuaba como intermediario en la venta de sentencias en el Tribunal de Mato Grosso y en el Tribunal Superior de Justicia, la segunda corte más importante del país.
De momento, Zanin (el juez que lleva el caso y que era uno de los supuestamente vigilados) ha enviado a prisión a cinco arrestados, impuesto vigilancia electrónica a otros cuatro y otras medidas cautelares como la retención de pasaportes.
A pesar de que hay ciertas similitudes, este caso no tiene relación con la trama del Puñal verde y amarillo, un complot iniciado por militares de élite de la órbita bolsonarista que planeaba asesinar a varias autoridades del Estado, empezando por Lula, para que no asumiera el poder en 2023.
