Las principales potencias armamentísticas de Europa limitan la información que hacen pública a la ciudadanía, retrasan la presentación de informes sobre la venta de armamento a otros países o ponen trabas a la transparencia bajo el argumento de la seguridad nacional. Estas son las conclusiones de un informe presentado a finales de junio por el Instituto Asser y la Universidad de Ámsterdam, que compara los marcos legales de ocho países europeos —Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos, el Reino Unido y Suecia— que concentran un tercio de las exportaciones mundiales de armas, según los datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri).
“Estamos ante un déficit de transparencia”, afirma León Castellanos-Jankiewicz, coordinador del estudio, quien sostiene que la opacidad es la regla general en las legislaciones analizadas para el informe, a pesar de que los países han suscrito tratados internacionales que los obligan a compartir esa información.
El investigador del Instituto Asser señala que los resultados del informe son una llamada de atención a la luz de la estrategia de rearme anunciada durante la cumbre de la OTAN en La Haya (Países Bajos) y del impacto de estas armas en conflictos más allá de las fronteras europeas. “Los más perjudicados son las víctimas de la violencia causada por armas que se exportan de manera irresponsable, negligente o ilegal”, agrega Castellanos-Jankiewicz. Según este investigador, la falta de transparencia en este comercio puede dificultar la labor de la justicia.
En plena escalada militarista, los especialistas consultados advierten de que lo más probable es que los países productores se inclinen más por la discrecionalidad y estén menos dispuestos a someterse a controles.
Secretos de Estado
“El acceso a la información sobre la venta de armas en Francia es muy difícil de obtener en la práctica, al estar significativamente restringida por el Gobierno”, se señala en el informe sobre el principal exportador europeo, catapultado al segundo puesto mundial tras el estallido de la guerra en Ucrania. El documento cita el “carácter confidencial” de las transacciones y la primacía de los intereses de seguridad nacional como principales motivos, así como la doctrina de los actos de Estado, que deja exentas ciertas decisiones del Gobierno del control judicial.
También es común la prevalencia de secretos comerciales y de defensa. “La confidencialidad se justifica como un aspecto crucial para mantener buenas relaciones en la comunidad internacional”, se agrega.
El mayor candado a la transparencia en España, que concentra el 3% de las exportaciones mundiales y ocupa el noveno puesto global, se desprende de la ley de secretos oficiales, una norma preconstitucional que data de 1968. Greenpeace inició un litigio en 2020 al denunciar la venta de morteros Alakran a Arabia Saudí y su uso en los bombardeos sobre Yemen en 2015, así como una violación del derecho internacional y la legislación española, que prohíbe las transacciones con países en guerra.
“Si esta actividad no se controla y no se conoce, se permite la exportación a países que utilizan este armamento para violar los derechos humanos”, señala Lorena Ruiz-Huerta, directora jurídica de Greenpeace. El Supremo rechazó el recurso para exigir más información al Gobierno español al argumentar que el interés público no está “suficientemente justificado” y que revelar esa información pone en riesgo “la seguridad y defensa del Estado”, entre otros motivos.
El Tribunal Constitucional desechó un amparo promovido por la organización ecopacifista, que ha llevado el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque sigue pendiente de resolución. Ruiz-Huerta señala que el acceso a la información en este ámbito en España es “muy limitado”, pero reconoce que “ha mejorado” por la presión de la sociedad civil.
El Gobierno presenta un informe semestral al Congreso, aunque Ruiz-Huerta asegura que la información es “poco precisa” y se suele presentar cuando las transacciones ya se han concretado, lo que no permite frenarlas.
Un equilibrio difícil
Alemania, el quinto exportador mundial, en cambio, ha hecho esfuerzos por facilitar el acceso a la información y ha adoptado un enfoque restrictivo a las exportaciones de armas en la última década. En 2019, la empresa Heckler & Koch fue multada con 4,2 millones de dólares por la exportación ilegal de miles de armas a México, algunas vinculadas al caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sentencias como esta no serían posibles de no haber trazabilidad de las exportaciones.
Siemon T. Wezeman, investigador sénior sobre armamento del Sipri, ajeno a la elaboración del informe, explica que en muchas ocasiones las reticencias de los gobiernos se justifican por motivos de seguridad nacional, sobre todo cuando hay conflictos en activo. “La clave es el equilibrio, porque a veces esto se usa también para ocultar cosas a la opinión pública o dejarlas fuera del debate público”, señala.
Wezeman sostiene que, aunque los países europeos siguen declarando sus operaciones ante la ONU y la UE, también es verdad que suelen dejar fuera de las versiones públicas información sensible, especialmente a raíz de la invasión de Ucrania. “La importación y exportación de armas sigue siendo opaca en Europa, pero en comparación con otras partes del mundo es excepcionalmente transparente”, matiza.
Zonas grises
Otras transacciones pueden ser técnicamente legales, pero controvertidas para la opinión pública, como en el caso de los tratos con Israel, señala el especialista. “Puede haber estas zonas grises”, apunta Wezeman. En estos casos, un Gobierno autoriza las operaciones de compra o venta, pero evita dar detalles sobre ellas porque sabe que le puede acarrear críticas, comenta.
Recientemente, un tribunal del Reino Unido, el séptimo exportador mundial de armamento, rechazó un recurso de varias ONG que exigían detener la venta de componentes para la fabricación de cazas F-35 a Israel por los abusos cometidos en Gaza, bajo el argumento de que las exportaciones eran “legales”. “Es un asunto que compete al Ejecutivo, que debe rendir cuentas democráticamente ante el Parlamento y, a final de cuentas ante el electorado, no de los tribunales”, agregaron los jueces en el fallo.
Algunas veces, comenta Wezeman, son las propias empresas las que empujan porque no se precise la información para no entorpecer negociaciones o licitaciones en curso, o porque no quieren que se revelen datos sensibles sobre sus negocios. “Una vez que se firman los contratos, muchas empresas se sienten felices de compartir esos datos porque sienten que los hacen ver bien”, sostiene.
Castellanos-Jankiewicz señala que la industria armamentística ha aprovechado históricamente su cercanía con el Estado, bien porque en muchos países los fabricantes de armas son o fueron empresas estatales o porque están vinculadas directamente con los intereses nacionales. “No creo en la narrativa de una gran conspiración de la industria armamentista”, comenta. “Pero hay, sin duda, individuos que se aprovechan del sistema y de cómo funciona”, continúa el investigador.
Ante el rearme anunciado por la OTAN, Wezeman confía en que los Parlamentos sirvan como un contrapeso, ya sea para establecer requisitos mínimos de transparencia o, al menos, para que se discuta en qué se van a gastar los recursos que se van a inyectar a los presupuestos militares. “La guerra es un buen negocio para muchas empresas”, afirma.
El experto del Sipri calcula que las exportaciones mundiales de armas representan unos 150.000 millones de dólares al año. “Si las comparas con los productores de coches, las compañías armamentísticas son pequeñas”, afirma. El mercado automotriz alcanzó los 975.000 millones de dólares en 2023, según el Observatorio de Complejidad Económica.
