El próximo lunes 23 de junio, los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reunirán en Bruselas para evaluar si Israel ha vulnerado las cláusulas sobre derechos humanos recogidas en el artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel. A partir de esta deliberación, se definirán los siguientes pasos en la relación bilateral. Las decisiones que se adopten podrían marcar un punto de inflexión en la política exterior de la UE, cuya credibilidad ha sido puesta en entredicho por su falta de acción en los últimos tiempos.
En este contexto, se publica hoy un informe independiente, encargado por cinco eurodiputados de distintos países y grupos políticos, que aporta una base jurídica sólida para que las instituciones europeas adopten medidas concretas.
Cabe recordar que, en julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una Opinión Consultiva sin precedentes en la que declaró ilegal la ocupación prolongada de los territorios palestinos por parte de Israel, instando a su fin “lo antes posible”. En su dictamen, la CIJ subrayó las obligaciones jurídicas que deben cumplir todos los Estados frente a estas graves vulneraciones del derecho internacional. A partir de estos principios, el nuevo informe —elaborado por dos prestigiosos expertos en derecho internacional y de la UE— concluye que las políticas actuales hacia Israel no solo son insostenibles, sino que contradicen las obligaciones legales de la Unión. Ya no se trata de una cuestión de voluntad política: es un imperativo legal.
A medida que la violencia ejercida por los colonos israelíes en Cisjordania se intensifica y la crisis humanitaria en Gaza es crítica, la paciencia de la opinión pública europea se agota. Aunque algunos Estados miembros han dado pasos importantes —como el reconocimiento del Estado palestino—, la UE en su conjunto no ha adoptado una respuesta coordinada ni ha activado sus mecanismos de presión. Los cinco eurodiputados firmantes consideramos que las conclusiones jurídicas presentadas ya no dejan espacio para la inacción. Es hora de actuar.
En su dictamen, la CIJ establece de forma clara que todos los Estados deben abstenerse de mantener relaciones económicas o comerciales que contribuyan a afianzar la presencia ilegal de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados, incluida Jerusalén Este. Además, están obligados a impedir toda forma de comercio o inversión que facilite la continuidad de esta situación y a colaborar activamente con organismos internacionales —en particular, las Naciones Unidas— para ponerle fin.
Este mensaje resuena de forma especial en el marco jurídico europeo. Los Tratados de la UE señalan con claridad que la acción exterior del bloque debe basarse en los principios fundacionales de la Unión, entre ellos, el respeto a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional. Si esas palabras han de tener un verdadero significado, la respuesta de la UE frente a la situación actual debe estar a la altura.
La Opinión Consultiva de la CIJ establece que las obligaciones legales de la UE son vinculantes. En consecuencia, la Unión debe revisar con urgencia sus políticas, instrumentos financieros y relaciones institucionales con Israel. Algunas de las medidas que deberían contemplarse incluyen:
- Incluir las conclusiones de la CIJ en la actual revisión de las acciones de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados. Las graves violaciones de derechos humanos identificadas justifican una revisión del Acuerdo de Asociación UE-Israel, incluida su suspensión parcial o total.
- Reevaluar la política comercial de la UE respecto a los asentamientos ilegales en Cisjordania, considerando incluso la prohibición de importar productos provenientes de estos territorios. La política actual —centrada en el etiquetado de productos y su exclusión de beneficios arancelarios— no cumpliría con el deber de impedir este comercio, como exige la CIJ.
- Reforzar las normas sobre financiación de empresas e instituciones israelíes, en particular a través del programa Horizon Europe y del Banco Europeo de Inversiones, sin descartar la suspensión total de estos fondos.
- Bloquear inversiones procedentes de empresas y entidades financieras con sede en la UE que apoyen directamente la ocupación israelí. Esto incluye restringir relaciones con empresas incluidas en la base de datos de la ONU sobre actores económicos que facilitan los asentamientos.
- Explorar la posibilidad de revocar el acceso sin visado a ciudadanos israelíes que residan en asentamientos ilegales o de no reconocer sus pasaportes, siguiendo el precedente de la política adoptada respecto a las zonas anexadas por Rusia en Ucrania.
- Reevaluar las licencias de exportación de armas, especialmente ante la violencia documentada por la CIJ cometida tanto por colonos como por fuerzas de seguridad israelíes contra civiles palestinos.
Estas recomendaciones se basan en el reconocimiento de que la ocupación prolongada del territorio palestino constituye una violación del derecho internacional. A ello se suman los horrores actuales que vive Gaza —aunque no se abordan directamente por la CIJ—, lo cual añade aún más urgencia a la necesidad de actuar.
Los comunicados condenando las acciones del gobierno israelí ya no son suficientes. No se puede seguir proporcionando ayuda a Palestina por un lado mientras por otro se financia a entidades israelíes implicadas en la ocupación. Si la UE aspira a recuperar su credibilidad como actor global coherente y respetuoso del derecho, debe empezar por cumplir con sus propias obligaciones jurídicas. Al menos como mínimo. El próximo lunes debemos aprovechar esta oportunidad.
