Más para los ricos y menos para los pobres. La principal iniciativa legislativa que impulsa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamada “Una gran y hermosa ley”, no será tan hermosa para los estadounidenses más necesitados, según el análisis realizado por la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO), de carácter técnico y apartidista, sobre sus efectos redistributivos. Según el estudio, los más ricos se ahorrarán impuestos y los más pobres perderán ayuda y cobertura sanitaria. En conjunto, el 30% de la población con menos renta saldría perdiendo y el otro 70%, ganando.
Estudios independientes ya ha habían señalado anteriormente el carácter regresivo de la norma, aprobada por la Cámara de Representantes y en tramitación en el Senado, donde es previsible que se introduzcan enmiendas que luego deberán ser aceptadas por la Cámara baja. En esta ocasión, es la CBO la que pone cifras a esos efectos redistributivos en favor de los más pudientes.
Tal y como está redactada hasta el momento, el 10% de los hogares con menores ingresos perdería una media de unos 1.600 dólares al año en recursos, lo que supone un recorte del 3,9% en sus ingresos. Estas reducciones se deben en gran medida a los recortes en el programa de seguro médico Medicaid y en los requisitos más exigentes para recibir ayudas alimentarias a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). En cambio, dada su baja renta, no se ven beneficiados por las rebajas de impuestos.
Tras los recortes adicionales ya incluidos en la tramitación parlamentaria, el informe de la CBO calculó que las medidas de la ley podrían dejar sin seguro médico a 10,9 millones de personas para 2034. Esto incluye a 1,4 millones de personas sin ciudadanía verificada, nacionalidad o estatus migratorio satisfactorio, que dejarían de estar cubiertas por los programas financiados exclusivamente por los Estados. Los recortes afectarían a los dos principales programas de seguro sanitario público: Medicaid y Medicare.
La CBO estimó también anteriormente que casi cuatro millones de personas menos recibirían cupones de alimentos cada mes debido a los cambios propuestos en la legislación sobre el SNAP. Los recortes se instrumentan mediante nuevos requerimientos laborales para poder gozar de la cobertura sanitaria o las ayudas alimentarias. Los nuevos requisitos, para algunos adultos de hasta 65 años, entrarían en vigor en diciembre de 2026.
La pérdida prevista de recursos de la red de seguridad para las familias con bajos ingresos se produce en un contexto de aumento de los aranceles, que, según han advertido los economistas, también afectará de manera desproporcionada a las familias con bajos ingresos. Si bien los datos recientes sobre la inflación muestran que, hasta ahora, el impacto de los impuestos a la importación ha sido limitado, las familias con bajos ingresos tienden a destinar una mayor parte de sus ingresos a productos de primera necesidad, como los alimentos, por lo que los aumentos de precios les afectan más.
Los más ricos ganan
Para el 10% de los hogares de mayor renta, los recursos aumentarían, en promedio, en aproximadamente 12.000 dólares anuales, lo que representaría el 2,3% de sus ingresos previstos. “Esos aumentos previstos se deben principalmente a la reducción de los impuestos que deben pagar los hogares de ese decil”.
Los hogares en el quinto y sexto deciles (es decir, en el medio de la distribución de renta) verían aumentar sus recursos en 500 dólares (o el 0,5% de los ingresos proyectados) y 1.000 dólares (o el 0,8% de los ingresos previstos), respectivamente, según los cálculos de la CBO.
Las estimaciones previamente publicadas por la CBO apuntan que la ley supondrá una pérdida de ingresos para el Gobierno federal de 3,67 billones de dólares en 10 años, mientras que los recortes de gasto quedan cifrados en 1,25 millones de dólares. Eso lleva a estimar un aumento del déficit de 2,42 billones en ese periodo. La CBO no ha completado su análisis sobre el impacto macroeconómico de la norma de más de 1.000 páginas.
