La investigación judicial por el presunto fraude con la criptomoneda $Libra, que tuvo la participación estelar de Javier Milei como su principal promotor, puso la lupa sobre las actividades financieras realizadas por el presidente de Argentina. La jueza a cargo del expediente solicitó al Banco Central de la república que detalle las entidades bancarias que operaron o estén operando cuentas a nombre del mandatario ultra, de su hermana, Karina Milei, y otros tres sospechosos.
El oficio librado por la jueza María Servini, en un legajo reservado y bajo secreto de sumario, tiene como objetivo indagar la evolución patrimonial de los imputados desde 2023 hasta la actualidad.
Además de Milei y su hermana, secretaria general de la Presidencia, en la solicitud están incluidos dos operadores “cripto”, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, ambos cercanos al entorno del presidente; y Sergio Morales, un exasesor de la Comisión Nacional de Valores que debió renunciar cuando estalló el escándalo $Libra. Novelli y Terrones Godoy son quienes habrían vinculado a Milei con el empresario estadounidense Hayden Davis, el principal creador de $Libra, y con el singapurense Julian Peh, otro empresario implicado. Todos ellos mantuvieron encuentros con Milei antes del lanzamiento de la criptomoneda.
La jueza también ordenó inhibir por 90 días los bienes y los activos de Novelli, Terrones Godoy y Morales. Esa medida abarca a la madre y la hermana del primero: María Alicia Rafaele y María Pía Novelli quedaron involucradas en el caso porque los investigadores sospechan que, durante el primer día hábil después de haberse consumado la virtual estafa, vaciaron cajas de seguridad bancarias a nombre de Novelli. Las imágenes de cámaras de seguridad, que constan en el expediente, las muestran llegando al banco con bolsos en apariencia vacíos y retirándose con bolsos presuntamente llenos. Semanas después, esas cajas de seguridad fueron allanadas y no contenían nada.
El expediente judicial investiga la posible comisión de una estafa que se desencadenó el 14 de febrero pasado, cuando Milei publicó un mensaje en su cuenta de la red X promocionando la criptomoneda $Libra y compartiendo el vínculo web para invertir. En simultáneo, el activo digital era lanzado al mercado y unos pocos operadores -sus propios creadores u otros con información privilegiada- lo compraban mientras aún era desconocido y de exiguo valor, para venderlo a un precio muy superior en las horas siguientes, tras la difusión presidencial. Según la denuncia, la moneda virtual fue adquirida a 0,01 dólar y vendida a 5 dólares, generando ganancias que se estiman superiores a los 100 millones. La salida masiva de sus principales tenedores derrumbó el valor de $Libra y dejó a miles de damnificados en todo el mundo.
Mientras los hechos son investigados también en los tribunales de Estados Unidos, en Argentina hay, además de la causa penal, otra abierta por una demanda civil, iniciada por un grupo de damnificados que alega daños y perjuicios por 4,5 millones de dólares. Milei y su hermana habían sido citados a una mediación para este jueves, pero según trascendió en los tribunales sus abogados no se presentaron a esa audiencia preliminar.
En paralelo a las pesquisas judiciales, hay otras dos instancias de investigación en proceso. En el Congreso argentino, la oposición consiguió crear una comisión investigadora sobre el caso y la Cámara de Diputados ya interpeló al jefe del gabinete de ministros, Guillermo Francos. Los legisladores también citaron para exigirles explicaciones a los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Economía, Luis Caputo, pero hasta ahora faltaron a las dos convocatorias realizadas. La tercera instancia de investigación fue impulsada por el propio Ejecutivo, que anunció la creación de una unidad de tareas especial dentro de la Presidencia. A tres meses del estallido del escándalo, aún no ha comunicado iniciativas ni resultados.
