La justicia europea le ha hecho una muy seria llamada de atención —y no es la primera— a la Comisión Europea y, más específicamente a su jefa, Ursula von der Leyen, en materia de transparencia. El Tribunal General de la UE (TGUE) ha fallado este miércoles que el Ejecutivo europeo actuó de forma incorrecta al rechazar la demanda del diario estadounidense The New York Times de acceder a los mensajes de texto intercambiados durante la negociación de las multimillonarias compras de vacunas anticovid entre la alemana y el jefe de una de las principales farmacéuticas, Pfizer, Albert Bourla.
“La Comisión no proporcionó ninguna explicación plausible de por qué no había podido encontrar los documentos facilitados”, señalan los jueces de Luxemburgo. Los magistrados tampoco se dan por satisfechos con las respuestas proporcionadas por Bruselas, ya que, subrayan, “no permiten saber qué ha sido realmente de los documentos solicitados”.
La Comisión, que todavía puede recurrir el fallo, ha anunciado que elaborará una nueva decisión “proporcionando una explicación más detallada”. Pero sostiene que el TGUE no está cuestionando de fondo su política de registro en materia de acceso a documentos. Aun así, el fallo judicial europeo ha sido ampliamente considerado como una recriminación al proceder muy personalizado y a menudo opaco de Von der Leyen al frente del Ejecutivo europeo, donde su poder no ha hecho más que aumentar desde que comenzó su segundo mandato, a finales de 2024.
En vísperas del fallo, expertos del Ejecutivo europeo fueron enfáticos a la hora de afirmar que el caso no cuestiona ni su transparencia ni la política de Bruselas en materia de compra de vacunas durante la pandemia —un éxito ampliamente reconocido y que recuerdan que se realizó en condiciones extremadamente difíciles—, sino que es un caso administrativo relativo al acceso a documentos. En este sentido, defendieron que existe un protocolo estricto al que deben adherirse todos los funcionarios comunitarios, independientemente de su rango, para conservar documentos que puedan ser reclamados en un momento posterior. “Un SMS puede constituir un documento, pero no lo es por definición”, argumentaron.
Por cierto que sea esto, e incluso aceptando de buena fe que los mensajes de texto reclamados no fueron determinantes en las negociaciones, el problema que persiste es que no queda claro si quien decidió que los SMS eran sustanciales o no fue la propia Von der Leyen o si alguien más los revisó para confirmar que, efectivamente, no eran relevantes. Y tampoco, como señala el TGUE, se han dado explicaciones suficientes sobre qué búsquedas se realizaron y dónde para encontrar los documentos. “En una situación como la descrita, la Comisión no puede limitarse a afirmar que no tiene en su poder los documentos solicitados, sino que debe presentar explicaciones creíbles que permitan al público y al Tribunal General entender por qué no pueden encontrarse”, subraya el TGUE.
“Esta decisión es una clara derrota de Von der Leyen y un claro rechazo de sus prácticas de ocultar o esconder sus mensajes de texto. Sencillamente, no es verdad que la presidenta de la Comisión no use mensajes de texto para realizar actividades políticas (…), este fallo debe tener consecuencias”, ha reclamado el eurodiputado verde alemán Daniel Freund, que lleva años luchando por una mayor transparencia en las instituciones europeas.
La confianza ciudadana “depende de la trazabilidad y la rendición de cuentas, no de mensajes que desaparecen ni de explicaciones vagas”, ha recordado, por su parte, el jefe de filas de los eurodiputados socialdemócratas alemanes, René Repasi [Von der Leyen es del Partido Popular Europeo, PPE].
Para la ONG Transparencia Internacional, este fallo va más allá de la cuestión de la transparencia de las instituciones: “Se trata de restablecer la responsabilidad institucional de la que, lamentablemente, la Comisión Europea ha carecido. Debería servir de catalizador para que la Comisión cambie por fin su actitud restrictiva hacia la libertad de información”, ha dicho la responsable de integridad de la organización, Shari Hinds.
El caso se remonta a finales de 2022, cuando la entonces corresponsal del diario neoyorquino en Bruselas solicitó a la Comisión los mensajes de texto que Von der Leyen intercambió con el jefe de Pfizer entre el 1 de enero de 2021 y el 11 de mayo de 2022. El Ejecutivo europeo denegó la solicitud, aludiendo que no tenía en su poder los documentos requeridos, motivo por el cual el NYT decidió recurrir ante la justicia europea.
No es el único quebradero de cabeza judicial que le han provocado a Von der Leyen los SMS supuestamente perdidos entre ella y Bourla, en lo que en la burbuja bruselense se conoce como el Pfizergate. En el otoño de 2022 fue muy polémica la decisión del jefe de Pfizer de no comparecer en el Parlamento Europeo para hablar sobre cómo se habían negociado los contratos con la Comisión. Unos meses antes, la entonces Defensora del Pueblo europea, Emily O’Reilly, ya había reprochado a la Comisión que no hiciera lo suficiente para encontrar los SMS. “La Comisión debería haber buscado los documentos solicitados, incluso los no registrados”, sostuvo. No haberlo hecho, constituye un acto de “mala administración”, criticó. En julio del año pasado, el TGUE ya anuló por “irregularidades” las decisiones del Ejecutivo de Von der Leyen de dar solo un acceso parcial a los contratos de adquisición de vacunas contra el coronavirus en plena pandemia.
