La condena a seis años de prisión para Cristina Kirchner incluye la obligación de entregarle al Estado los recursos que le fueron sustraídos durante la comisión del delito de administración fraudulenta. El fallo de primera instancia en la llamada Causa Vialidad, el que la semana pasada la Corte Suprema dejó firme, estimó que el perjuicio a las arcas públicas había rondado los 500 millones de dólares. Ahora la justicia actualizará ese monto y buscará recuperarlo entre los bienes de la expresidenta argentina y los demás condenados en la causa.
De acuerdo con el fallo judicial, bajo la presidencia de Kirchner (2007-2015) se concedieron en forma irregular 51 obras públicas viales a un empresario cercano a su familia, Lázaro Báez, en la provincia patagónica de Santa Cruz. El tribunal oral que juzgó el caso y dictó las condenas hace tres años calculó que “como producto de la colusión en la totalidad de los procesos licitatorios”, más “los sobreprecios con los que fueron adjudicadas las obras”, el perjuicio para las arcas estatales fue de 84.800 millones de pesos (unos 500 millones dólares a la cotización de diciembre de 2022).
Antes de realizar el decomiso, los jueces deben actualizar la cifra y deben resolver qué porcentaje tendrá que devolver cada uno de los nueve condenados. Además de Kirchner, quien fue inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, en la Causa Vialidad fueron declarados culpables el empresario Báez; el exsecretario de Obras Públicas de la Nación José López; los directores de Vialidad Nacional Nelson Periotti, Mauricio Collareda y Raúl Daruich; y los exadministradores de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez.
Una vez que los peritos tasadores de la Corte Suprema se expidan, los condenados tendrán inicialmente 10 días para depositar el dinero decomisado. Si no lo hacen, la justicia podrá ejecutar bienes que estén a nombre de los responsables.
En el caso de Kirchner, cuando dejó la función pública, en diciembre de 2023, su declaración patrimonial incluía posesiones por 249 millones de pesos, entre depósitos bancarios, acciones de empresas y un auto (el equivalente en dólares, a la cotización de entonces, era de 316.000). Las casas y departamentos de la familia Kirchner -al menos dos en Buenos Aires y otros 24 en Santa Cruz-, así como tres empresas -un hotel y dos firmas inmobiliarias-, fueron donados por la exmandataria a sus hijos en 2016, después de dejar la presidencia. Las propiedades, al igual que dinero en efectivo y otros bienes, están embargados en el marco de esta y otras causas judiciales.
En el Ministerio Público Fiscal —la parte acusatoria en el sistema judicial argentino— estiman que los bienes cedidos por la expresidenta a Máximo y Florencia Kirchner pueden, de todos modos, ser decomisados. Después de conocido el fallo de la Corte Suprema que confirmó las condenas, la fiscalía señaló en un dictamen que es “de extrema importancia que el decomiso cumpla una función social” y que “debe resarcirse de manera integral el grave daño ocasionado por la defraudación colosal que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y un particular llevaron a cabo en perjuicio del Estado”.
