La junta militar que gobierna en Malí desde hace cinco años suspendió este miércoles por decreto y de manera indefinida toda actividad política, tanto de partidos como de asociaciones, en un intento de impedir varias manifestaciones previstas para este viernes en Bamako, la capital maliense, y otras ciudades del país para protestar por la falta de libertades. Por primera vez tras cinco años de régimen militar, miembros de la sociedad civil y de la clase política intentan expresar en las calles el creciente descontento contra unos dirigentes que pretenden eternizarse en el poder y que, hasta ahora, aplastan toda disidencia.
El decreto, firmado por el general Assimi Goïta, presidente del país, incluye tanto a partidos como a asociaciones “de carácter político” y alega razones de orden público. Su primera consecuencia es la prohibición del acto de protesta previsto para este viernes en la plaza de la Independencia de Bamako. Frente a la posibilidad de represión violenta y detenciones, los organizadores del mismo, miembros de un centenar de partidos, han decidido suspender la manifestación, según fuentes de la oposición.
La tensión política ha subido en Bamako en los últimos días. El pasado 30 de abril, los participantes en el llamado diálogo nacional, una conferencia civil promovida por los militares y boicoteada por la oposición, propusieron que Goïta permaneciera otros cinco años renovables como presidente del país y la “disolución de todos los partidos políticos”. Ese mismo día, el Gobierno de transición derogaba la ley de partidos, una medida que buena parte de la sociedad interpreta como una primera etapa hacia una prohibición definitiva.
Frente a esta amenaza, miembros de la oposición organizaron sendos mítines durante el pasado fin de semana en el Palacio de la Cultura de Bamako y en la Casa de la Prensa. Pese al fuerte despliegue policial y a la presencia de partidarios de la junta militar en dichos actos, cientos de personas corearon eslóganes y portaron pancartas contra la suspensión de los partidos políticos, pero también para denunciar la falta de libertades, la represión política y los frecuentes cortes de luz en la capital maliense.
“No quieren que se escuche ninguna voz disonante”, asegura desde Dakar un exiliado político que pide mantenerse en el anonimato por miedo a represalias contra sus familiares en Malí, “pero el pueblo está cansado de la dictadura. La caída de este régimen es solo cuestión de tiempo, pero para ello tenemos que actuar y ser inteligentes. Las cárceles están llenas de defensores de la libertad, pero, por primera vez, los generales empiezan a tener miedo de las calles”.
No es la primera vez que las autoridades militares malienses suspenden la actividad política. En abril de 2024 se adoptó la misma decisión, en aquella ocasión diez días después de que unos 80 partidos reclamaran, mediante un comunicado conjunto, la celebración de elecciones presidenciales “en el plazo más breve posible”. Hace un año, la suspensión duró tres meses. Sin embargo, en esta ocasión se han producido protestas en actos públicos contra la junta militar, un hecho inédito desde su llegada al poder.
Malí está gobernado por una junta militar desde el golpe de Estado de agosto de 2020, liderado por el entonces coronel Goïta, que derrocó al presidente Ibrahim Boubacar Keita. Tras un intento fallido de transición, que concluyó con un nuevo golpe en 2021, los militares iniciaron un acercamiento hacia Rusia como nuevo aliado en materia de seguridad en su combate contra el yihadismo, lo que precipitó la expulsión de los soldados franceses y de Naciones Unidas del país. Otra consecuencia fue la ruptura de los acuerdos de paz de Argel y el reinicio de la rebelión tuareg en el norte del país. En la actualidad, los mercenarios rusos combaten junto al Ejército maliense tanto contra los radicales como contra los independentistas tuaregs.
Los militares en el poder han incumplido el plazo que ellos mismos se dieron para devolver el poder a los civiles, que expiraba hace un año, y han emprendido una auténtica caza de brujas contra toda persona que se atreva a cuestionar públicamente su mandato, ya sean políticos, periodistas o activistas de la sociedad civil. Malí, junto a Burkina Faso y Níger, donde también gobiernan juntas militares, rompió lazos con el resto de países de la región y a comienzos de 2025 se salió de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao). Los tres países crearon un nuevo ente regional, la Alianza de Estados del Sahel (AES).
