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El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha cerrado este jueves el acuerdo con Luis Argüello y Jesús Díaz Sariego, presidentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (Confer), respectivamente, en Madrid. La fórmula pactada abre una alternativa para quienes no quieran dirigirse directamente a la Comisión Priva, el organismo que la Iglesia católica creó en 2023 para gestionar las indemnizaciones por abusos sexuales.
Ahora las víctimas podrán pedir que sea el Defensor del Pueblo quien estudie su caso y proponga una reparación. Después, Priva evaluará esa propuesta. Si hay desacuerdo, una comisión mixta resolverá el conflicto, aunque la palabra final la tendrá el Defensor tras consultar con los presidentes de la CEE o Confer.
El sistema funcionará durante un año, ampliable a otro más. Solo se aplicará a casos que no puedan llegar a los tribunales: delitos prescritos o con el agresor fallecido. Hasta noviembre, Priva había recibido 99 solicitudes y resuelto 51, con indemnizaciones que superan el millón y medio de euros.
Sin impuestos y con cargo a la Iglesia
El Gobierno ha aceptado dos demandas clave de la Iglesia. La primera: las reparaciones estarán exentas de tributación, especialmente del IRPF. Hubo víctimas que recibieron indemnizaciones y después Hacienda les reclamó impuestos, algo que no ocurre con víctimas del terrorismo.
La segunda: el acuerdo se extiende al compromiso de abordar la reparación integral de todos los menores víctimas de abusos sexuales en cualquier ámbito, no solo el eclesial. Esto enlaza con la Ley Orgánica 8/2021 de protección a la infancia frente a la violencia.
Desde la CEE insisten en que el sistema no se basa en una obligación jurídica sino en un compromiso moral. Las reparaciones las pagará la Iglesia, aunque el Estado puede ofrecer infraestructuras para canalizarlas. Bolaños tiene previsto reunirse mañana viernes en La Moncloa con seis asociaciones de víctimas para explicarles los detalles del pacto.
El acuerdo llegaba después de meses de negociaciones. En noviembre, el ministro ya había adelantado a representantes de víctimas que esperaba cerrar el trato antes de que acabara el año. Algunas asociaciones habían criticado el ritmo lento de las conversaciones y la falta de transparencia en el proceso.
