La prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro ordenada por la justicia llega en un mal momento para Brasil. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se encuentra en una compleja negociación para revertir el arancel del 50% que Estados Unidos aplicará, desde este miércoles , a las exportaciones brasileñas. Donald Trump no oculta que el tarifazo —el más alto de su guerra comercial contra el mundo— está menos relacionado con cuestiones comerciales que con el juicio por presunto golpismo que enfrenta Bolsonaro, al que considera víctima de una “caza de brujas” judicial.
El canciller brasileño, Mauro Vieira, dijo el martes que las conversaciones con Washington deben ser “pragmáticas”. Y puso como ejemplo que gracias a esta estrategia Brasil logró dejar fuera del castigo de Trump unos 700 productos, entre ellos aviones, combustibles y minerales. El temor, sin embargo, es que con Bolsonaro preso, el republicano tenga renovados motivos para obstruir las negociaciones en curso.
El juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes ordenó el lunes el arresto de Bolsonaro por incumplir, a su juicio, las restricciones que le había impuesto el 18 de julio pasado, cuando le colocó una tobillera electrónica. En el listado figuraba no usar redes sociales, incluso a través de otras personas. A diferencia de lo que pasó hace dos semanas, desde el Gobierno no elogiaron públicamente la decisión de Moraes.
La orden es no victimizar a Bolsonaro ni echar leña en la hoguera de Trump. El propio Lula evitó el tema cuando fue consultado durante un acto oficial el martes. “Vine aquí con el compromiso de no hablar mucho sobre el impuesto, pero tengo que hablar porque, si no lo hago, dirán: ‘¿Por qué Lula no habló? ¿Le tenía miedo a Trump?’. Tampoco quiero hablar de lo que le pasó a ese otro ciudadano que intentó dar el golpe, quiero hablar del país”, dijo, sin nombrar a Bolsonaro.
Cauto, el presidente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, recomendó “contextualizar” la orden de detención con la gravedad de las acusaciones que enfrenta el expresidente ultraderechista. “El golpe de Estado”, dijo en redes sociales, “pretendía acabar con la vida de líderes de instituciones fundamentales de la República: Lula, [el vicepresidente, Geraldo] Alckmin y Alexandre de Moraes. Si existe una orden del Tribunal Supremo y se ignora, es evidente que el poder judicial tiene la prerrogativa de aumentar la pena propuesta”.
Entre los aliados de Bolsonaro, en cambio, es todo entusiasmo. El lunes por la noche, la Casa Blanca condenó la decisión del juez Moraes desde la página web de la oficina del hemisferio occidental del Departamento de Estado. Paulo Figueiredo, nieto de un exdictador brasileño y considerado uno de los cerebros del plan para que Estados Unidos presione a Brasil por Bolsonaro, había revelado, previo a la decisión de Moraes, que se avecinaba una tregua en la cuestión de los aranceles. Pero su intención ahora se vio frustrada por el arresto domiciliario del expresidente. Figueiredo, junto al diputado Eduardo Bolsonaro, trabaja para haya una amnistía general para todos los investigados por la fallida asonada contra Lula.
Última esperanza
En Brasilia, con todo, no pierden las esperanzas de una negociación con Trump. El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, dijo que el Gobierno brasileño estaba dispuesto a incluir una oferta de minerales críticos y tierras raras a cambio de una bajada de los aranceles. “Estados Unidos no es rico en estos minerales. Podemos establecer acuerdos de cooperación para producir baterías más eficientes”, declaró Haddad.
El ministro, quien en 2018 perdió como candidato las elecciones presidenciales contra Bolsonaro, intentó quitar dramatismo al tarifazo de Trump. Estados Unidos, dijo, representó alguna vez el 25% de las exportaciones de Brasil, pero ahora esa cifra se redujo hasta el 12%. Existen “muchas oportunidades de beneficio mutuo que se están bloqueando sin motivo alguno”, lamentó el ministro.
El impacto de los aranceles, sin embargo, es motivo de preocupación en Brasil. El banco central advirtió en su última reunión de política monetaria, divulgada el martes, que el “ambiente externo está más adverso e incierto” y recomendó “cautela” en la política económica.
Los indicadores económicos, si bien no son negativos, no acompañan del todo. La inflación en Brasil se ubica en el 5,35% interanual y, aunque se ha ralentizado, está por encima del límite máximo de la meta del 4,5% establecida por el banco central. Los pronósticos de crecimiento del PIB son conservadores: 2,1%, lo que supone una desaceleración con respecto a la expansión del 3,4% registrada en 2024.
